La ciudad de México es testiga de la lucha de jóvenes mexicanos, en general de origen campesino, que quieren ser maestros y que demandan espacio en las Escuelas Normales Rurales.

Para la educación Normal, el Ejecutivo federal ha tomado la decisión no explicada de que ``hay suficientes maestros en formación'', y por ello se limitan los accesos a las escuelas formadoras de maestros. Veamos.

De acuerdo a la metodología explicitada por Ernesto Zedillo el 1o. de septiembre pasado, respecto del ``...número de jóvenes que terminó la primaria [...] de los que la empezaron seis años antes'', la Unicef, la OCDE y nuestros propios cálculos ya publicados, indican que la deserción y reprobación es de 50 por ciento mayor que la anunciada por el Presidente. Es decir, que la primaria no la termina en seis años el 40 por ciento de nuestros niños y niñas, y no el 17 por ciento que el Ejecutivo federal tanto celebra.

La secundaria no la termina alrededor del 65 por ciento de los niños y niñas que iniciaron primaria nueve años antes, lo cual implica que si se mantiene la tasa de crecimiento anual registrada en ese nivel, de 1996 a 1997, requerimos de más de 60 años para lograr que todos o casi todos nuestros niños y niñas tengan su certificado de secundaria. Es decir, cumpliríamos con la obligatoriedad de este ciclo educativo a finales de los años 50 del próximo siglo, y no a principios del nuevo siglo como se propone el Programa de Desarrollo Educativo.

A este rezago infantil hay que agregar el rezago en los jóvenes y en los adultos. Hoy existen 16 millones de jóvenes que tienen entre 15 y 24 años de edad, y que estando en ``edad escolar'' no se encuentran en ninguna escuela. Hay más de 21 millones de mexicanos que tienen más de 24 años de edad y que no cuentan con educación básica, de los cuales cerca de 6 millones no tienen ninguna escolaridad.

Los datos que reporta el gobierno en la atención de adultos son alarmantes. El número de personas atendidas disminuyó de 1994 a 1997 en 37 por ciento, y durante 1997 se estima que se atendió a 2.2 millones de personas, lo cual es insuficiente frente al rezago educativo adulto, que es cerca de 20 veces mayor.

En el caso particular de educación extraescolar indígena, encontramos que de 1993 a 1994 disminuyeron drásticamente tanto el número de personas atendidas (-71 por ciento) como el presupuesto real destinado (-80 por ciento). La explicación administrativa que da el III Informe es muy poco convincente, pues la disminución coincide con el levantamiento indígena del EZLN. Los indígenas mexicanos representan cerca del 10 por ciento de la población y reportan, en muchas comunidades, niveles de rezago educativo adulto semejantes a los del conjunto de la población en la época porfiriana. Sin embargo, el gobierno federal destina, en 1997, sólo el .01 por ciento del PIB a este rubro y se atiende tan sólo a 93 mil personas, que representan menos del 2 por ciento de la población adulta indígena.

¿Cómo se espera atender esa enorme necesidad educativa si no se prepara a los maestros que realizarán dicha tarea? El rezago educativo es, como todos sabemos, proporcionalmente mayor en el campo; es ahí incluso donde se requiere que la atención educativa de los niños y los adultos sea más intensa, más personalizada. Si a esta necesidad le agregamos el rezago educativo infantil y adulto antes descrito, es obvio que las ganas de estudiar de estas muchachas y muchachos, casi niños, no sólo se justifica por su legítima aspiración, al tener los certificados educativos del ciclo educativo anterior, sino que es una necesidad social inaplazable y que es necesario ampliar la matrícula en esta escuela e incluso crear la especialización en educación básica para adultos.

El problema sería grave si nuestros jóvenes no quisieran estudiar. Nuestra política educativa está de cabeza. Millones sin educación y miles que quieren aprender a enseñar y no se les deja. A estas muchachas y muchachos se les responde con golpes y amenazas judiciales; ¿qué se espera, entonces, de ellos? ¿Llegaremos una vez más a la absurda situación de criticar sus métodos, aunque se reconozca la legitimidad de su causa? Por el bien de la nación, esperemos que no. El derecho a la educación de esos jóvenes representa el derecho a la educación de millones más.