Desiste la CNDH de atraer el caso; nunca dudó de la comisión local, asegura
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó, ``sin menoscabo de las atribuciones que la ley le confiere, abstenerse de ejercer la facultad de atracción'' en el caso de los restos humanos encontrados en el Ajusco el pasado 29 de septiembre.
En un comunicado aclaró que el ejercicio que le permite la ley ``no pretende en modo alguno desacreditar y menos aún descalificar el trabajo de las comisiones locales de los derechos humanos'', sino más bien atender el justo reclamo de la sociedad por la realización pronta y expedita de la justicia.
La CNDH estimó estéril todo cuestionamiento en relación con la discusión de cuál debe ser la instancia de los derechos humanos que atienda la referida queja, y subrayó que se abstuvo de ejercer su facultad de atracción con el ``sensible propósito de evitar distracciones provocadas o azarozas que desvíen el curso de las investigaciones, tendentes a resolver con firmeza y celeridad el asunto de ostensible interés general''.
Advirtió que con ese afán dicha comisión ofreció apoyos tanto humanos como técnicos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ``a fin de allegar al expediente evidencias contundentes que hagan factible la resolución que la sociedad espera con singular anhelo de justicia''.
El organismo nacional aclaró que las comisiones de derechos humanos de los estados de la Federación y la del Distrito Federal han realizado un trabajo digno de reconocimiento. ``El espíritu de la ley consiste en que cuando la Comisión Nacional ejerce la facultad de atracción no es por deficiencias en su tramitación, sino por la gravedad e importancia del caso y porque ha trascendido el interés local e incide en la opinión pública e interés nacionales''.
Para la CNDH es ``impostergable la unidad de todos los mexicanos, independientemente de la posición que cada uno tenga'', para luchar contra la delincuencia asociada o particularizada y contra los que se benefician de ella. ``Sólo de esta manera es posible garantizar la convivencia civilizada al amparo de un estado de derecho y democrático''. Pero enfatiza: ``para el delincuente, todo el rigor de la ley''. (Alejandra Parra)