Porque han esperado 500 años y la democracia no podrá consolidarse en México sin tomarlos en cuenta, ésta es la hora de pensar en serio en el lugar que les corresponde a los pueblos indios, si queremos avanzar en este camino.

Hace apenas dos semanas la ciudad de México se llenó con la presencia de un mil ciento once zapatistas que convocaron a toda la sociedad a reflexionar sobre el problema; también estuvieron aquí los representantes de muchos pueblos indios para unir sus voces en una deliberación colectiva. El Congreso Nacional Indígena fue el espacio de discusión donde se formularon sus múltiples inquietudes y se vislumbró la construcción de una nueva identidad que une a los indios por encima de sus diferencias y se expresa en una demanda: la autonomía.

Cuando los zapatistas irrumpieron en el México de casi primer mundo que Salinas nos hizo creer que existía, tomaron las armas porque sus demandas nunca han sido escuchadas, no solamente por el gobierno, sino por la sociedad nacional. No están pidiendo servicios de salud, escuelas, carreteras, crédito, acceso para sus productos a los mercados nacionales y extranjeros; lo que quieren es un lugar en la República que les permita recuperar una dignidad que perdieron con la conquista española y que les ha sido negada tanto en el México independiente como en el posrevolucionario, porque éste siempre ha sido un país donde han predominado los intereses y la visión de los grupos mestizos.

Desde los municipios, hasta el Congreso de la Unión, los mexicanos que hablan otras lenguas, que tienen costumbres propias, han vivido en desventaja frente a las mayorías hablantes del español e identificadas con las costumbres occidentales. El gran pecado del indigenismo mexicano ha sido pretender que los indígenas se integren a la sociedad nacional como invididuos, en un proceso que los obliga a dejar su identidad comunitaria para pasar a formar parte de los grupos más pobres de la ciudad y del campo. Las estructuras de poder locales, construidas desde la Colonia y perpetuadas hasta la fecha, descansan en la relación de superioridad que mantienen los grupos mestizos que se ha ido apropiando de los espacios de poder político, como son municipios, ejidos, organizaciones campesinas, agrupaciones de productores, partidos políticos y, en especial el PRI, y por esa vía, la representación en el Congreso Local de su entidad, en la Cámara de Diputados, en la administración pública que involucra servicios de salud, educación, comunicaciones...

Los indígenas mexicanos han venido construyendo una nueva identidad, no con objeto de permanecer en el pasado, sino de encontrar otra forma de entrar al futuro, menos humillante, más justa. La insurrección zapatista ha servido precisamente para dar visibilidad nacional e internacional a esa lucha.

La autonomía significa un rechazo al indigenismo como forma de incorporar a los indígenas integrándolos a identidades culturales ajenas y la afirmación de la etnicidad como base de una ciudadanía diferenciada, indispensable para consolidar las bases de la participación democrática en un país pluriétnico y pluricultural. En ningún momento se trata de posiciones separatistas como han pretendido los voceros oficiales, ni de las negacion frontal de ``valores occidentales'', como son los derechos humanos y la democracia, sino de un conjunto de disposiciones legales afirmativas, que permitan la participación de los indios en una situación de menor desventaja. El reconocimiento de la autonomía significa también un compromiso de la nación con los indígenas, que va a provocar cambios en las relaciones de las estructuras de poder local y en las relaciones de los gobernadores y de los poderes federales, aun de los partidos (principalmente del PRI por ser el que tiene mayoría en muchas de las regiones indígenas) con los grupos que han ejercido en forma directa la dominación y han sido los beneficiarios de que las cosas no cambien. Esas normas deben quedar plasmadas en la Constitución y en una ley reglamentaria federal para que realmente signifiquen un primer paso para la paz en Chiapas y para la construcción de una nueva idea de ciudadanía diferenciada para todos los mexicanos. Hoy, que por fin han quedado integradas las Comisiones de la LVII Legislatura, es responsabilidad de los diputados dar continuidad al trabajo de la Comisión de Concordia y Pacificación de la LVI Legislatura para concretar los acuerdos a los que llegaron el año pasado los indios y el Poder Ejecutivo.