Señales contradictorias sobre el rumbo político del país. Al lado del resultado electoral del 6 de julio, que siembra expectativas de un desarrollo democrático, de construcción de un estado de derecho, están las ejecuciones por policías de los jóvenes de la Buenos Aires, la provocación de porros en la marcha del 2 de octubre, el aumento de la actividad de grupos paramilitares en Chiapas, la violencia de todos los días en el proceso electoral de Veracruz y una situación similar en Tabasco, y el estado de guerra latente en Guerrero y Oaxaca.

Nada, pues, está definido. Los pesimistas han acumulado en estos días datos que los reafirman en su posición de que no caminamos hacia la democracia, sino a un régimen todavía más autoritario. (Si los ciudadanos, si la movilización popular, no determinan lo contrario, como lo señaló recientemente en estas páginas Adolfo Gilly.)

En Guerrero, por ejemplo, la nada moderna estrategia de guerra sucia que el gobierno federal aplica contra el EPR, pretende escalar para abarcar a nuevos sectores como el de los periodistas.

A las dos de la mañana del domingo 22 de septiembre, el campesino de 19 años Gerónimo Hernández Refugio fue sacado de su casa en Atoyaquillo, en la sierra de Coyuca de Benítez, y según consignó ante el Ministerio Público del fuero común --averiguación previa TAB/COY/348/997-- sus captores eran judiciales federales y militares que lo mantuvieron desaparecido tres días, sometido a prácticas de tortura.

Durante éstas, los agresores le dijeron que eran de unas ``Fuerzas Zapatistas de Liberación Nacional'' que se habían formado para ``acabar con el EPR'', y le mencionaron varios nombres de ``los que seguían'', entre los cuales estaban dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur --a la que pertenecían los 17 campesinos acribillados en la matanza de Aguas Blancas--, y Maribel Gutiérrez y Héctor Téllez, reportera y fotógrafo del semanario El Sur --que dirijo--, y la primera además corresponsal de La Jornada.

Maribel y Héctor firmaron una carta abierta dirigida al procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, que apareció publicada en el Correo Ilustrado el miércoles pasado, en la que plantean lo siguiente:

``Cualquier aparato de inteligencia sabe que no tenemos vínculo con el EPR y que la única relación es en ejercicio de nuestra labor periodística. Es una agresión a nuestro trabajo, a los medios en que laboramos, a la libertad de expresión y al derecho a la información, el señalamiento a los dos reporteros y su inclusión en las listas de `los que siguen'.

``Pedimos a usted, procurador, una explicación sobre esos hechos. En el mismo expediente hay evidencias de la participación de agentes de la PGR''.

Pedirle una explicación sobre los hechos al procurador Madrazo parece una actitud poco ortodoxa, pero es de un valor indispensable en los momentos actuales que se viven en el estado y en el país. La Secretaría de la Defensa Nacional --su Estado Mayor, su sección de Inteligencia--, la Secretaría de Gobernación, --el Cisen, etcétera--, la Procuraduría General de la República saben con precisión que los reporteros mencionados, como ningún otro de El Sur, nada tienen que ver con el EPR. Por otro lado, todo mundo sabe que en la guerra sucia que se despliega contra ese grupo armado participan efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de Gobernación y agentes de la Policía Judicial Federal. Esta vez, incluso, la joven esposa del campesino por tres días desaparecido asegura que conoce a uno de los captores, y hasta dio el nombre de éste al MP. Se trata de Rubén Valadez Jiménez, quien se identificó como agente de la PJF en un retén de la Base de Operaciones Mixta de militares y policías federales y estatales cerca de Atoyaquillo, hasta donde acudieron vecinos y familiares de Gerónimo Hernández para exigir su liberación.

La respuesta de la PGR a esta situación ha sido hasta ahora la de tratar de proteger a su agente. Es deseable que abra una investigación, pero lo más importante es que no haya simulaciones. Nadie en Guerrero cree ya en la táctica de hacer aparecer supuestos grupos paramilitares que actúan sin control, que son autónomos.

Nuestra responsabilidad como informadores es informar. La responsabilidad en este caso del procurador general de la República es procurar justicia; no permitir que agentes bajo su mandato participen en acciones ilegales.

Por el contrario, si se trata de desarticular al Ejército Popular Revolucionario, si el gobierno federal cree tener el consenso social para eso más que para abrir un diálogo con él, debe hacerlo con los procedimientos propios de un régimen de derecho. En este caso, sí que se aplique toda la fuerza del Estado al EPR, pero toda la fuerza del estado de derecho.

Si el procurador hace bien su trabajo, con apego a nuestras normas legales, la sociedad seguramente se lo reconocerá. Pero si nosotros hacemos bien nuestro trabajo de informar, y asimismo respetamos la Constitución y las leyes, ¿por eso nos van a desaparecer o a matar?