El doctor Luis de la Barreda expresó con preocupación el pasado lunes por la noche, al volver a tomar posesión como presidente de la CDHDF, que se ha vuelto a esparcir en algunos espacios noticiosos el perverso rumor de que la Comisión defiende delincuentes. ``La actitud de quienes dolosamente así han mentido --dijo con razón, pues incluso nos hemos enterado de que en alguna Delegación se ha creado una organización ciudadana para coadyuvar con las autoridades en las tareas de seguridad pública, entre cuyos propósitos se encuentra el que los organismos de derechos humanos aclaren sus objetivos-- resulta inmoral, pues una patraña de tal ralea es potencialmente dañina a una causa noble''. ``Es probable --añadió con todas las pruebas en la mano-- que persistan en su comportamiento, a pesar de los argumentos y las evidencias que los desmienten''. ``A los que se han hecho eco de la mentira por ligereza, confusión, desinformación y error --ofreció--, desde aquí los invito cordialmente a que si han oído de algún caso, me lo planteen. Les ofrezco atenderlos, de inmediato y personalmente, revisando con ellos y con quienes se consideren afectados los respectivos expedientes, en los que examinaríamos paso a paso las acciones de la Comisión''. ``Puedo asegurar --finalizó-- que no encontrarán un solo asunto en que haya ocurido semejante aberración''.

Pensamos que precisamente por el bien de la seguridad pública es indispensable que cualquiera que tenga una duda, por mínima que sea, acerca del cometido de la Comisión, debe aceptar la propuesta del doctor De la Barreda y plantearla con absoluta franqueza. A quienes no lo hagan por alguna razón justificada, quizás le bastaría saber que, al comparecer ante la II Asamblea Legislativa, el doctor de la Barreda se comprometió formalmente a presentar su renuncia, si se le demostraba con un solo caso que la CDHDF ha defendido a un solo delincuente en la comisión de sus fechorías. No es justo que en aras de la seguridad pública, que a todos nos preocupa, se esparzan rumores de falsarios, que ilegítimamente han lucrado con la inseguridad de los ciudadanos, en contra de instituciones y personas que luchan honestamente por una seguridad pública eficaz y profesional. Tal impacto causaron sus palabras entre todas las fracciones representadas en la Asamblea, que el diputado José Narro pidió, al expresar las razones por las que su partido aprobaba, junto con todos sus demás colegas la ratificación de De la Barreda, que en reciprocidad los encargados de la seguridad pública de la ciudad acudieran también a presentar sus renuncias si se verificaba que en un solo caso habían violado los derechos humanos, en el combate contra la delincuencia. Muchos casos, y terribles, aparecerían de nuevo a la luz pública, y serían muchos los funcionarios que tendrían que jalar para su casa.

Como expresó también De la Barreda, la Comisión no ha estado nunca contra los servidores públicos, sino contra sus atropellos, corrupción y negligencia, es decir, contra las desviaciones en el servicio público. ``Hemos sido molestos --dijo-- para los abusivos, los corruptos y los negligentes. Lo hemos sido también para las mentalidades preilustradas, fanáticas o autoritarias, como las de quienes propugnan la implantación de la pena de muerte''. ``Asimismo --añadió-- a los litigantes falsarios e inescrupulosos, que cobran a sus clientes sumas considerables sin esmerarse en hacer llegar a buen puerto los litigios o las gestiones en un tiempo razonable, les molesta que nuestros quejosos hayan llamado a nuestra puerta, con la seguridad de que no tendrían que desembolsar un solo centavo ni armarse de la paciencia propia del santo Job para defenderse y discernir entre el efectivo ejercicio de sus derechos y su fantasma impotente''. ``Hemos sido, en fin --concluyó-- muy molestos para toda clase de charlatanes y bribones. Tengan la certeza, la absoluta certeza, de que lo seguiremos siendo''.

Prueba de ello es que gracias a los trabajos honestos de la Comisión, se ha logrado sancionar legalmente en los últimos cuatro años a 854 servidores públicos (35 únicamente en el último mes), con sanciones que van desde suspensión (350), destitución (180), amonestación (135), inhabilitación (101), ejercicio de la acción penal (92), y pena privativa de libertad (11). Se ha logrado, incluso, que en el último año sean sancionados ya no únicamente policías, sino también otros funcionarios públicos de mayor jerarquía, como agentes del Ministerio Público, funcionarios de reclusorios y subdelegados.