Rechaza el PRD las obras en Cuicuilco; diputados ofrecen ser interlocutores

Patricia Vega Ť ``El hecho de que el segundo tribunal colegiado de distrito en materia administrativa haya revocado la suspensión provisional de las obras, no implica de ninguna manera que dejará de aplicarse la ley.

``¿De qué le sirve al señor Slim un proyecto ilegítimo que genera una hostilidad que conduce a una confrontación total, cuyos resultados le pueden afectar para siempre?''

La fracción perredista de la Cámara de Diputados manifestó ayer, en conferencia de prensa, su oposición al proyecto Carso-Inbursa y se ofreció como interlocutor para buscar una solución negociada a un problema que dejó de ser administrativo para convertirse en un conflicto de orden político-social. Al mismo tiempo, miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) invitaban, en un plantón, a iniciar un boicot no comprando los productos ni servicios de las compañías que apoyan un megaproyecto destructor de Cuicuilco.

Paralelamente en el juzgado primero de distrito en materia administrativa sigue su curso el juicio de amparo 666/97 promovido por la Unión Vecinal para la Defensa de Tlalpan. Sin embargo la audiencia incidental, programada para el día de ayer, tuvo que ser suspendida porque, salvo los representantes de la Delegación Tlalpan, ninguna otra autoridad cumplió con su deber de presentar su informe justificado.

Los argumentos del PRD

Con un llamado urgente al señor Slim para que reconsidere su proyecto; a las autoridades del Departamento del Distrito Federal para que modifiquen su actitud y actúen como un gobierno y no sólo como una administración autoritaria; a los vecinos, académicos y profesionales para que muestren cordura, apertura y sensibilidad, concluyeron las exposiciones de los diputados del PRD, María Rojo, Alejandro Ordorica, Gilberto López y Rivas, Sergio M. George Cruz, David Cervantes y Fernando E. Hernández Mendoza, quienes expresaron toda su oposición posible al proyecto Carso-Inbursa, ya que ``ningún interés mercantil es superior al interés de la nación''.

Con el propósito de dar un seguimiento al caso, la diputada María Rojo propondrá al pleno de la Cámara de Diputados la creación de una subcomisión del Patrimonio Nacional ``cuya tarea más inmediata será abocarse a la investigación sobre el cumplimiento de la ley en el caso Cuicuilco y, enseguida, al análisis, estudio y, en su caso, revisión de aquellas leyes que permitan y obliguen al Estado a cumplir con su papel de guardián del patrimonio cultural del país''.

Los legisladores perredistas consideran que la sociedad civil tiene ``toda la razón'' en su queja contra las obras que el grupo Carso-Inbrusa realiza en Cuicuilco, pero también coinciden en que ``es necesario distender el conflicto y pasar al diálogo entre todos los actores para llegar a una solución''.

En opinión del diputado David Cervantes, el conflicto ``ha llegado a este grado más que por las obras en sí, por la ilegitimidad de un proyecto impuesto desde el gobierno y que tendrá que tomar en cuenta las opiniones los vecinos de Tlalpan directamente afectados y de la ciudadanía en general, ya que Cuicuilco es patrimonio de todos los mexicanos''.

Para la bancada perredista es claro, a todas luces, que las obras que el grupo Carso-Inbursa realiza en Cuicuilco --a estas alturas a nadie le queda duda de que los predios en que se construyen aunque sean de propiedad privada se encuentran dentro de la zona arqueológica-- se han violado diversos ordenamientos legales.

Por ello, el diputado Sergio M. George Cruz señaló que ``entre las tareas que deberán realizarse están las de fincar responsabilidades a los funcionarios que intervinieron para el cambio de uso de suelo, el otorgamiento de licencias de construcción, la ausencia de estudios de impacto ambiental y las omisiones y violaciones de diversos ordenamientos legales. Asimismo, habrá que elaborar el marco jurídico pertinente que permita precisar y ampliar la poligonal que abarque el área de protección de la zona arqueológica de Cuicuilco y su entorno. Pero, sobre todo, lograr la suspensión definitiva de las obras''.

En este sentido, el diputado Fernando E. Hernández Mendoza anunció que ya han emplazado al actual regente de la ciudad de México, Oscar Espinosa Villarreal para que revise los procedimientos administrativos mediante los cuales se otorgaron los permisos y licencias y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que asuman una actitud más activa y comprometida en la defensa del patrimonio cultural.

Para el legislador Alejandro Ordorica ``una obra por más importante que sea no puede atentar contra los intereses de la comunidad, no puede tampoco atentar contra el medio ambiente, tampoco contra nuestros valores culturales y menos contra el patrimonio de muchas generaciones de mexicanos y que forma parte de nuestra identidad''.

Es así como los legisladores perredistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la Cámara de Diputados que han conocido el caso han decidido unir esfuerzos para ``exigir la suspensión inmediata del proyecto, pronunciarse por el irrestricto respeto a la ley e investigar a todos los funcionarios involucrados en este caso''.

Prosigue el juicio de amparo

El abogado Joaquín Ortega Arenas, en su calidad de asesor jurídico de la Asociación Vecinal para la Defensa de Tlalpan, AC y coagraviados, consideró como ``manifestaciones de prepotencia'' el anuncio de que el grupo Carso demandaría en la vía civil a los promoventes del amparo 666/97, por los ``daños y perjuicios'' ocasionados con motivo de la suspensión provisional determinada el pasado viernes 26 de septiembre por el juez primero de distrito en materia administrativa, Jean Claude Tron Petit, medida que fue dejada sin efectos el pasado miércoles por un tribunal colegiado.

Asimismo, Ortega Arenas presentó ayer ante dicho juzgado y como parte de la audiencia incidental del mencionado juicio de amparo, pruebas documentales (aerofoto y plano) e instrumentales (acta levantada con motivo de la inspección judicial practicada el día 30 del pasado mes de septiembre en los predios ocupados por los terceros perjudicados y en los que se verifican diversas construcciones) y un alegato que, sustentado en la Carta de Atenas y la Carta de Venecia --tratados internacionales signados por nuestro país--, concluye: ``es palmario que en el caso presente, las (autoridades) responsables han violado al autorizar la construcción de cualquier tipo de obra dentro del entorno arqueológico monumental, las convenciones señaladas y que, en cumplimiento de lo dispuesto por las mismas, suscritas por nuestro país y con rango de normas constitucionales, las nuevas construcciones no deben ser tan sólo evitadas, sino eliminadas''.

Sin embargo, dicha audiencia tuvo que ser diferida debido a que, salvo los representantes de la Delegación Tlalpan, ninguna de las autoridades responsables de las omisiones señaladas cumplió con su deber, pues no entregaron el ``informe justificado''.

Crece el rechazo al proyecto

Durante un mitin-plantón celebrado ayer a medio día frente a las puertas de Inbursa, en Insurgentes Sur 3500, y organizado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se convocó a los asistentes a sumarse a un boicot ``contra aquellos que pretenden destruir Cuicuilco''. Mediante un volante se invita a los defensores de Cuicuilco a no comprar productos ni consumir servicios de las siguientes empresas ``que apoyan el destructivo megaproyecto'': Sanborns, Martí, Scapino, Michel Domit y Burberry Look.

Se espera que en los próximos días, los distintos partidos políticos que se oponen al llamado proyecto Carso-Inbursa sumen sus esfuerzos en una estrategia conjunta.

Mientras tanto, los vecinos de la colonia Isidro Fabela hicieron llegar a esta redacción una carta con la que se suman a la petición al presidente Ernesto Zedillo y al gobierno de la ciudad para que se dicte la expropiación de los predios en beneficio de los mexicanos. El documento, redactado por Adolfo Robles Mendoza, es acompañado por más de 50 firmas.