Durante décadas el Congreso fue irrelevante en la conducción de la política económica del país. La participación de la Cámara de Diputados en la fijación de los criterios presupuestales y en la asignación de los recursos era un mero trámite que, cuando mucho, distraía la atención del secretario de Hacienda por un breve tiempo. Las impugnaciones hechas por los partidos de oposición fueron creciendo durante los últimos años, en la medida que aumentaba su presencia en la Cámara, pero a su tono cada vez más fuerte no correspondía un mayor efecto en el quehacer de ese que es uno de los instrumentos esenciales de la conducción de la economía que es el presupuesto federal. Así, cada mes de noviembre se cumplía con el trámite normativo y el mero formalismo de presentar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos ante el poder Legislativo.

Hoy los partidos de oposición al gobierno tienen la oportunidad de hacer valer su posición como fuerza legislativa para afectar el patrón del gasto público, que sigue siendo un elemento crucial para la dinámica y la dirección del proceso económico. Es por ello que la discusión del presupuesto --que en términos efectivos ya está abierta-- reviste una especial importancia. Por un lado, los diputados de los cuatro partidos opositores han mostrado una gran capacidad para actuar unidos en los trabajos de instalación y en el periodo de sesiones del mes de septiembre, ha habido un relevante trabajo político por parte de los coordinadores y dirigentes de esas fracciones. Por otro lado, el PRD consiguió quedarse con la presidencia de la importante comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, responsable de la discusión del presupuesto federal. El presidente de esta comisión es Ricardo García Sainz, quién ya fue secretario de Programación y Presupuesto y director del Seguro Social. Esto debe darle un suficiente conocimiento y práctica sobre el tema del que ahora está encargado en la Cámara, y pronto tendrá que demostrarlo. Pero no sólo el PRD ha mostrado una especial disposición para discutir fuertemente con Guillermo Ortiz sobre el presupuesto. Felipe Calderón, presidente del PAN, ha señalado explícitamente que ese partido no aprobará un presupuesto que no contemple asignaciones suficientes para los ayuntamientos que no cuentan con los recursos que requieren. Todo esto augura que el secretario de Hacienda tendrá que hacer un amplio trabajo político, además del trabajo técnico que necesita el presupuesto para lograr que pase el filtro del Congreso del modo más apegado a los objetivos que persigue el programa económico del gobierno.

Los asuntos involucrados en el debate presupuestal son muy variados. El gobierno insiste en mantener una política fiscal equilibrada, lo que le ha dado buenos resultados en la lucha contra la inflación, puesto que reduce las presiones que surgen de la necesidad de financiar un déficit. En el terreno fiscal el argumento del presupuesto equilibrado tiene hoy mucha fuerza, pero hay márgenes que se pueden explotar sin incurrir en una indisciplina que descomponga la estabilidad que hoy tienen los mercados. Pero el asunto se enfila, básicamente, al de la asignación de los recursos. Aquí el gobierno tiene varios flancos vulnerables. Uno de ellos tiene que ver con los enormes costos asociados con los rescates del sistema financiero y de las carreteras concesionadas, cuestión que se ha vuelto muy impopular. Igualmente le ha sido difícil capitalizar su política social, ya que el gasto en este campo no ha logrado reducir los grados de desigualdad e inequidad que tiene esta sociedad; al contrario, ellos han crecido en los últimos 15 años y, sobre todo, desde el último episodio de la larga crisis económica ocurrido a fines de 1994. Todo esto ha creado un sentimiento entre la mayoría de la población de que los costos de la crisis no se han repartido de manera pareja, la sensación en este caso es totalmente valedera. La oposición en el Congreso puede explotar esta situación y forzar al gobierno a una revisión de la política presupuestal.

El tema de la asignación de los recursos tiene una expresión muy relevante en la política legislativa, puesto que afecta a los fondos de los que pueden disponer los estados y los municipios. En un Congreso donde la mayoría del PRI ya no puede imponerse mecánicamente, los intereses regionales y locales del país tenderán a manifestarse de modo más fuerte en la disputa del presupuesto. Esta cuestión involucra rubros como son las inversiones públicas y las participaciones en los ingresos federales, y repercute sobre las condiciones de funcionamiento de empresas y las oportunidades de grupos sociales diversos que tienen ahora un mecanismo de presión frente al gobierno a través del Congreso. La asignación de los recursos a escala estatal muestra desigualdades muy grandes, y esto se asocia con la enorme concentración económica que prevalece en el país. Sólo cinco entidades federativas dan cuenta de más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto, pero entre ellas la discrepancia es notoria. El Distrito Federal generó en 1993 (última cifra disponible) 24 por ciento del PIB nacional, el estado de México 10.5 por ciento, Jalisco 6.6 por ciento, Nuevo León 6.5 por ciento y Veracruz 4.9 por ciento. En cuanto a las participaciones federales, en 1996 el DF recibió 14.3 por ciento del total, aun cuando representa el 9.3 por ciento de la población del país, mientras que el estado de Guerrero recibió 2.3 por ciento de las participaciones y tiene 3.2 por ciento de la población, y Tabasco recibió 4.7 por ciento aun cuando tiene 1.9 por ciento de los habitantes. Lo que tiene que aclararse son los criterios económicos y políticos que provocan esta repartición de los recursos federales. El asunto del gasto inevitablemente se va a politizar en la disputa presupuestal para 1998.