Parece que llegó la sensatez. Ojalá sea para quedarse. Informa La Jornada (4-X-97) sobre una primera reunión del secretario de Hacienda con el recientemente designado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Gasto Público de la Cámara de Diputados, a la que asistieron también los subsecretarios del ramo y un representante por cada uno de los cinco partidos políticos que forman parte de la misma comisión. Las declaraciones de Guillermo Ortiz y de Ricardo García Sainz muestran alentadoras coincidencias y ponen un matiz de razonable optimismo en el siniestro escenario que ha pretendido crear un coordinador perredista empeñado en exigir reuniones en la cumbre, cuando la cerrada batalla por las comisiones camerales, si alguna justificación tuvo, fue dejar en manos de legisladores expertos en cada materia la tarea de concertar acuerdos con las áreas del Ejecutivo federal legalmente responsables de elaborar los respectivos proyectos.

Anunció Guillermo Ortiz que durante la elaboración del proyecto de presupuesto habrán de celebrarse nuevas reuniones, con el fin de incorporar los elementos que permitan llegar a consensos. Aclaró que, por ahora, hay coincidencias y disensos, pero que justamente el ejercicio que se lleve a cabo consistirá en buscar convergencias. A su vez, García Sainz exhortó a ``poner énfasis'' en los puntos de coincidencia, y reconoció que ``a partir de los planteamientos de muy buena calidad de información, de respeto mutuo, de plena apertura, de alejarnos de los dogmatismos, creemos que se dan las mejores condiciones para llegar a un presupuesto por consenso''.

Así pues, el diálogo se ha iniciado y aunque es presumible que habrá intensos jaloneos al discutirse algunos rubros específicos, respecto de los cuales los partidos han anticipado pretensiones irreductibles vinculadas a sus intereses (v.g. el incremento de las participaciones municipales que plantea el dirigente nacional del PAN), las amenazas de conflicto pierden fuerza frente a las expectativas de negociación y acuerdo que nacen de la voluntad política inicialmente demostrada por la mesa directiva de la comisión de legisladores y por el titular de Hacienda y sus colaboradores.El conflicto no es una opción cancelada. Subyace como un riesgo que hará sentir su influencia mientras no se llegue a un consenso total y definitivo. Sería prudente, por lo mismo, que tanto los legisladores como los representantes del Ejecutivo ponderen la naturaleza y los alcances de ese conflicto potencial.

Estamos situados en el supuesto de que en el proyecto de presupuesto se incorporarán los criterios que sustenta el bloque opositor sobre la distribución del gasto. Una ruptura de las negociaciones, por intransigencia de alguna de las partes sobre algún punto de particular trascendencia, no dejaría al Ejecutivo federal otra salida que presentar su iniciativa, dentro del plazo que fenece el 15 de noviembre, a sabiendas de que la comisión introducirá, en su dictamen, las modificaciones que en el diálogo previo le fueron rechazadas.

Por su carácter de bloque mayoritario, los cuatro partidos podrían aferrarse al espejismo de que su dictamen sería aprobado por el pleno, con una proporción de votos favorables similar a la que se registró en la sesión del 30 de septiembre. El presupuesto, así modificado y aprobado por una precaria mayoría de entre 20 y 30 votos, pasaría al Ejecutivo para su promulgación. Pero el Presidente de la República, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución, formularía observaciones (con efectos de veto suspensivo), las cuales previsiblemente corresponderían a los cambios introducidos por el bloque. Toda vez que éste no podría, en una nueva votación, alcanzar la mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes, no tendría sino dos opciones: aceptar las observaciones del Ejecutivo y reenviar el proyecto para su promulgación, o retenerlo asumiendo la responsabilidad política, económica y social, de impedir el funcionamiento normal del aparato gubernativo y administrativo del Estado.

El conflicto entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados tendría que dirimirse por la vía de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Lo razonable es que ésta resolviera en favor del Ejecutivo, pues el hecho de no haberse obtenido, en la segunda votación, la mayoría calificada, debe interpretarse en el sentido de que el órgano legislativo está obligado a aceptar las observaciones y, conforme a ellas, reformular su decreto de presupuesto. El bloque opositor sufriría una derrota estrepitosa.