La Jornada 5 de octubre de 1997

De la Barreda refuta a Salgado: sí comete la SSP actos ilegales

Ricardo Olayo Ť El ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, dijo que más allá de la confusión existente por las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado, sobre si hubo o no actos ilegales en los operativos que motivaron una recomendación, la realidad es que hubo hechos fuera de la ley.

La SSP envió un informe de cumplimiento de la recomendación 12/97, que es insuficiente porque no hay respuesta a todos los puntos. El informe no menciona la investigación que se recomendó para el comandante del Ejército, Mauro Enrique Tello Quiñones, quien es el tercer hombre en importancia en la estructura operativa de la secretaría.


Granaderos en el dispositivo policiaco contra el ambulantaje
efectuado en el Zócalo capitalino.
Foto: Duilio Rodríguez

A Tello se le menciona en la recomendación como el responsable de las acciones policiales efectuadas en la colonia Anáhuac el pasado 28 de agosto, en donde la CDHDF documentó diversas irregularidades. El militar es el jefe de agrupamientos, por lo que tiene bajo su mando a los jaguares, zorros, granaderos, policía femenil y montada, entre otros de la policía uniformada.

Se le señala como el jefe policiaco que se llevó un motocicleta de la cual, según dijo, nadie comprobó su propiedad, además de mantener en detención a 25 personas, muchas de ellas afiliadas al PRD.

Un reporte de la CDHDF sobre el avance en el cumplimiento a la recomendación que emitió el pasado 10 de septiembre a la SSP y la PGJDF, indica que se han iniciado algunas de las medidas solicitadas, pero no se puede considerar que esté cumplida. Según este reporte, el general Felipe Bonilla Espinobarros, director general del Control Operativo de la Policía Preventiva, envió un oficio en el cual indica que todas las acciones de la secretaría están apegadas a derecho.

De manera adicional, el general Salgado se ha mostrado reticente a aceptar la ilegalidad de los operativos en sus diferentes declaraciones. Interrogado respecto de esta postura de Salgado, De la Barreda precisó en entrevista telefónica que al aceptar la recomendación, las autoridades reconocen las acciones ilegales, por lo que no es necesaria una declaración explícita de funcionario alguno.

De la recomendación para poner en marcha las acciones del Programa de Seguridad Pública 1995-2000 se indica a la CDHDF que se aplican 22 líneas de acción para reorganizar a la policía, mismas que se presentaron en la comparecencia de Salgado en la Asamblea Legislativa, aunque no todas guardan similitud con el Programa de Seguridad Pública 1995-2000.

Respecto de la falta de respuesta de la SSP para entregar informes solicitados por el ombudsman, se responde que por ``problemas logísticos'' en ocasiones no es posible responder en los plazos establecidos. De las irregularidades en la detención de vecinos de la colonia Anáhuac, la SSP indica que estarán en condiciones de iniciar procesos administrativos, si cuentan con los domicilios de los quejosos, para solicitarles que refrenden las agresiones que sufrieron.

Según el informe de la CDHDF, la respuesta de la procuraduría, hay instrucciones para iniciar un procedimiento administrativo para determinar la presunta responsabilidad de Marco Antonio Gracia Lozano, subdelegado de Averiguaciones Previas en Miguel Hidalgo, también por el operativo en la colonia Anáhuac. La procuraduría respondió que se entregarán los reportes en tiempo al ombudsman, porque no dieron la información del número de personas que efectivamente fueron consignadas ante los jueces penales, de los cientos de detenidos que hubo a lo largo de varios operativos.