Ratifica Dillon su información; la dependencia no quiso ir al fondo, señala

Juan Manuel Venegas Ť Con el respaldo total de The New York Times, el periodista Sam Dillon ratificó ayer el contenido del reportaje que realizó junto con Cray Pyes sobre los posibles nexos de los gobernadores de Sonora y Morelos con el narcotráfico, y lamentó ``muchísimo'' que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya ``examinado a fondo'' los documentos y testimonios que ellos mismos pusieron a su disposición y que avalan la investigación que realizaron.

Entrevistado telefónicamente, Dillon, responsable de la corresponsalía del diario en México, advirtió que ``por sentido común'' la PGR debió hacer ``un intento por hablar'' con la gente de la DEA que citó en su reportaje. ``Tuvo esa opción y nunca hizo nada'', afirmó.

La declaración del reportero se obtuvo al mismo tiempo que la directiva del periódico neoyorquino fijaba su posición y luego de que la PGR exoneró a Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Olea y calificara el reportaje de ``difamatorio''.

Para The New York Times, la decisión de la PGR de no ejercer acción penal por difamación ``representa una clara victoria y es consecuente con los principios mexicanos de respeto a las leyes soberanas de otras naciones.

``No obstante -se advierte en la declaración oficial-, lamentamos que la Procuraduría no haya realizado una investigación a fondo de las acusaciones que levantamos en nuestra nota. La Procuraduría dice que practicó una investigación, pero el Ministerio Público encargado nunca examinó ni los documentos completos ni los testigos que citamos en nuestra nota, los cuales ofrecimos proveer''.

Además, consideró que ``este caso sirve para demostrar la debilidad de las protecciones disponibles a los periodistas mexicanos y los que trabajan en México, bajo una ley autoritaria redactada en 1917.

``Según los términos de esa ley, que forma parte de los códigos criminales, la verdad no constituye una defensa y (cualquier) persona con cargo público oficial puede alegar que fue difamado por cualquier publicación que afecte su reputación pública, aunque la publicación sea veraz.''

En el mismo tenor, Dillon consideró: ``Es preocupante para todos los que ejercemos el periodismo y trabajamos en México, que la legislación penal no permita ni reconozca la defensa de la verdad''.

Dijo que el comunicado de la PGR ``está a mil kilómetros'' de desmentir el contenido de su reportaje, e insistió en que debió ``examinarse muy a fondo y detenidamente el documento estadunidense'' que citaron, además de que las autoridades mexicanas ``ni siquiera hicieron el intento'' de hablar con la gente de la DEA.

The New York Times fue tajante: ``En su artículo, The Time citó un documento del gobierno de Estados Unidos, así como a oficiales del gobierno americano, describiendo vínculos entre dos gobernadores mexicanos y un conocido narcotraficante. Los gobernadores intentaron persuadir al gobierno federal de México que debería ejerecer cargos criminales contra The New York Times.

``Desde un principio, este caso ha tratado de libertades básicas de expresión. El artículo molestó a los gobernadores, pero fue un ejemplo de ejercicio de las responsabilidades más fundamentales de la prensa, de informar sobre asuntos de gran interés público''.