La inminente salida de Jesús Reyes Heroles de la Secretaría de Energía prolongará la incertidumbre en el sector petroquímico, misma que fue alimentada recientemente con el anuncio de un nuevo programa oficial para la modernización del sector. Más que programa, estamos frente a una relación de buenas intenciones que elude en vez de realimentar el debate, pues menciona grandes objetivos pero no los mecanismos específicos para alcanzarlos. Tampoco señala cómo y cuándo se colocará entre los inversionistas privados el 49% de las acciones de las nuevas filiales petroquímicas. A continuación se presentan algunas consideraciones y propuestas que podrían contribuir a esclarecer el panorama y vislumbrar un proyecto viable y benéfico para el sector y el país.

1. Antes de insistir en la privatización (incluso parcial) de las instalaciones petroquímicas deberá contarse con un verdadero programa integral para el desarrollo de la industria petroquímica nacional que permita identificar las cadenas productivas en las que, aprovechando las ventajas comparativas que nos da el poseer importantes reservas petroleras y de gas natural rico en licuables, podamos alcanzar mayores niveles de eficiencia y competitividad internacional.

2. Sólo después de contar con ese programa y actuando sin prejuicios ideológicos, será posible definir con realismo y apego a derecho qué áreas corresponden al sector público y cuáles a la iniciativa privada, buscando el mayor beneficio legítimo para todos los participantes. El gobierno insiste en privatizar la petroquímica antes de contar con el programa. Con ello busca evitar que la discusión se realice sobre bases técnicas y económicas. Al contrario de lo que señala el propio gobierno, quien politiza e ideologiza la discusión es él, no la sociedad.

3. No es posible consumir a partir de mentiras una certidumbre que resulte creíble y duradera para los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Por tanto, los actuales integrantes de la Cámara de Diputados deberán revisar y dar marcha atrás a las modificaciones que la pasada Legislatura, dominada por el PRI, introdujo apresuradamente a la ley del petróleo. Mediante esas modificaciones, productos que conforme a criterios científicos son hidrocarburos naturales legalmente fueron clasificados como petroquímicos básicos. Por su parte, en forma indirecta y por exclusión, los verdaderos petroquímicos básicos fueron reclasificados como secundarios. Mediante esta trampa legal, las instalaciones industriales de Pemex, que a todas luces corresponden a la petroquímica básica, fueron ``reconvertidas'' en petroquímica secundaria, con lo que se allanó el camino para su venta total o parcial a capitales privados. (Recuérdese que la Constitución sólo reserva para la nación la explotación exclusiva de la petroquímica básica y permite la participación del capital privado en la petroquímica secundaria).

4. En el diseño del programa propuesto deben participar trabajadores y funcionarios de las nuevas filiales petroquímicas, especialistas, empresarios, representantes de la Secretaría de Energía y, de manera destacada, los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados, particularmente los de la Comisión de Energéticos, a quienes debemos convocar a encabezar el debate.

5. Mientras tanto, las urgentes inversiones que deben realizarse en las nuevas filiales petroquímicas no pueden seguir esperando y estar sujetas a las veleidades de funcionarios a quienes ya se les hizo bolas el engrudo por insistir en privatizar la petroquímica básica a como dé lugar. Usando una pequeña parte de las enormes ganancias que obtiene, Pemex puede eliminar los obstáculos o cuellos de botella que impiden mejorar la eficiencia e incrementar el volumen producido, lo que permitiría elevar las ganancias y frenar las importaciones que hoy se realizan para cubrir la insuficiente producción interna.