Beltrones y Carrillo, sin ligas con narcos: PGR; fueron ``calumniados'' en el
Juan Manuel Venegas Ť La Procuraduría General de la República (PGR) exoneró a los gobernadores de Sonora y Morelos, Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Olea, respectivamente, de cualquier vínculo con el narcotráfico, y consideró que la nota publicada en The New York Times por los periodistas Sam Dillon y Craig Pyes es ``difamatoria'' y ``colmó los extremos marcados para la calumnia''.
Para la PGR, ``existen los elementos del tipo de los delitos de difamación y calumnia'', pero aclaró que en este caso no puede ejercer acción penal contra nadie, debido a que el presunto ilícito se cometió en Estados Unidos, país donde no están tipificados los delitos de opinión.
El domingo 23 de febrero pasado, The New York Times publicó un amplio reportaje de primera plana en el que dio cuenta de diversos documentos confidenciales del gobierno estadunidense, declaraciones de ex agentes de la agencia antidrogas (DEA) y testimonios jurados.
Firmada por los reporteros Sam Dillon, jefe de la corresponsalía de ese diario en México, y Craig Pyes, la nota periodística decía que el gobierno de Estados Unidos había entregado al presidente Ernesto Zedillo una lista de funcionarios mexicanos sospechosos de mantener vínculos con el narcotráfico. En esa lista ``estaban'' Beltrones y Carrillo Olea.
La publicación también mencionó informes de inteligencia, concretamente de la DEA, que señalaban al gobernador de Sonora como asistente a reuniones organizadas por Raúl Salinas de Gortari, donde éste repartía dinero procedente de sobornos a narcotraficantes.
En esos mismos informes se indicaba que durante el tiempo en que fungió como responsable del programa en contra del tráfico de estupefacientes de la PGR, Carrillo Olea brindó protección a Amado Carrillo Fuentes.
Al reportaje del diario neoyorquino, los gobernadores aludidos reaccionaron presentando, por separado, sendas querellas por difamación ante la Procuraduría General de la República. El primero en hacerlo fue Beltrones Rivera, quien el 7 de marzo acudió a la PGR para interponer una denuncia de hechos en contra de quienes resultaran responsables.
El 20 de marzo tocó el turno a Carrillo Olea, quien en su querella señaló como responsables del presunto delito de difamación y calumnia a los reporteros Dillon y Pyes, autores del reportaje donde se le vinculó al capo Carrillo Fuentes.
La PGR abrió las averiguaciones correspondientes y finalmente ayer dio a conocer sus conclusiones:
``De las diligencias practicadas en ambas indagatorias, se concluyó que existían los elementos del tipo de los delitos de difamación y calumnias (y) la conclusión fue que por las expresiones contenidas en el artículo de referencia se exponía a los querellantes (Beltrones y Carrillo Olea) al descrédito, con lo que se consideran las conductas de los periodistas como difamatorias.
``Además, se colmaron los extremos marcados para la calumnia, toda vez que a los querellantes se les imputaron hechos delictuosos relacionados con delitos contra la salud. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, no se les puede considerar responsables de esos hechos atribuidos. Es conveniente precisar, por otra parte, que la PGR no certifica la conducta de ninguna persona.
``El artículo cuarto del Código Penal Federal mexicano expresamente señala que sólo se podrá ejercitar acción penal contra una persona extranjera cuando cometa un delito contra mexicanos y la infracción de la cual se le acuse tenga carácter de delito, tanto en el país donde se realizó como en nuestra nación.
``En virtud de que los hechos fueron cometidos en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, país donde fue publicada la citada nota y donde no están tipificados los delitos de opinión, el Ministerio Público Federal que tuvo a su cargo las dos averiguaciones mencionadas determinó el no ejercicio de la acción penal''.