ASTILLERO Ť Julio Hernández López
Este miércoles, a las 5 de la tarde, en una unidad deportiva de Tula, Hidalgo, se librará una importante batalla más contra el corporativismo sindical y sus muy vistas marrullerías.
Ese día se elegirá al nuevo dirigente de la sección 35 del sindicato petrolero, a la que pertenece el líder nacional, Carlos Romero Deschamps, y en la que mantiene un amañado control desde hace 19 años.
La historia parecería ser simplemente una más de las que durante décadas se han inscrito en el libro de las infamias sindicales, en las que mediante acarreos, promesas, violencia y engaño se han sostenido tantos liderazgos charros.
Pero en esta ocasión, el Frente Democrático Sindical -organismo de persistente lucha contra el cacicazgo en la citada sección 35-, ha planteado una vivaz estrategia que arrojará luz sobre las incongruencias e ilegalidades de la cavernaria vida sindical mexicana, y hará más visible la urgencia de instaurar jurídicamente en ese ámbito el voto libre y secreto, el mismo que fue capaz de comenzar a cambiar el sistema político mexicano.
Los primeros logros importantes de este movimiento de disidencia obrera están inclusive por encima del hecho electivo en puerta, tanto por la generación de una más fuerte corriente de lucha contra el caciquismo petrolero como, además, por el hecho de haber logrado concitar un importante grupo de observación en el que participarán cuando menos 16 instituciones cívicas, educativas, laborales y defensoras de los derechos humanos, para dar fe de lo que acontezca en Tula el citado miércoles 8.
El Comité de Observadores Independientes que se ha formado, y en el que destacan como participantes Alianza Cívica, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, dice que la vida sindical de la sección 35 ha estado signada durante dos décadas por ``la represión (desde la negación al registro de otras planillas distintas a la oficial, hasta el despido de trabajadores) y donde los integrantes del Frente Democrático Sindical hacen temer que, una vez más, se repitan las amenazas, se intimide a los trabajadores de base y se continúe la violación al derecho de elegir libremente a los representantes sindicales según la voluntad de los trabajadores.
Para empezar, el artículo 288 de los tramposos estatutos vigentes establece que las votaciones para elegir dirigentes se realizarán mediante cualquiera de los siguientes cuatro métodos: mano alzada, plebiscito (que consiste en que los votantes se agrupen conforme sus preferencias), nominal (al pase de lista cada trabajador expresa su decisión) o por escrutinio (en una cédula con nombre y número de ficha del trabajador, éste anota en favor de quién sufraga).
En todos los casos, como es evidente, los líderes conocen así con exactitud quién votó a favor o en contra de cada planilla y, de allí, en el esquema perfeccionado por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y que luego han mantenido Sebastián Guzmán Cabrera y Romero Deschamps, se deriva todo el peso de la animadversión desde el poder para los opositores, o el reparto de las migajas clientelares para los bien portados.
Pero por si esa antidemocrática legalidad interna no fuese suficiente, los enquistados en el poder le agregan mecanismos de seguridad: jubilados, tran- sitorios y ajenos al gremio son habilitados como votantes; llevan golpeadores a los que se reparte alcohol y droga; se practica el mapachismo electoral descarado; se hacen promesas de empleo, viviendas y despensas y, si por desgracia nada de esto funcionara, se cuenta con la complicidad de los inspectores y supervisores enviados socarronamente por las parciales autoridades laborales.
Por ello, los principales directivos del Frente Democrático Sindical, Fernando Candia Araiza, Adrián Villanueva Cervantes, Pedro Miranda Luna, José Luis García Torres y Juan Marcos Zenteno Aparicio, han solicitado a la directiva nacional de su sindicato que secunde la actitud democratizadora del presidente Ernesto Zedillo y garantice legalidad y transparencia en los próximos comicios, dejando a un lado las prácticas antidemocráticas del acarreo, las amenazas y la represión.
En ese sentido, piden ``voto libre y secreto; que las votaciones se realicen en su centro de trabajo (y no en un centro deportivo sin garantías para los disidentes ni control de incidentes violentos); que voten sólo los trabajadores de planta, que son los que tienen derecho, conforme al padrón electoral y previa identificación; y que no se induzca ni hagan ofertas de beneficios, como préstamos, casas o empleo, para obtener el voto de los trabajadores''.
Los antecedentes no propician el optimismo, pues atenidas a una interpretación legalista de los estatutos, las autoridades sindicales -que en realidad son la instancia organizadora de todos esos desaguisados-, podrían decir que no están facultadas para realizar elecciones mediante voto libre y secreto y que el resto de las peticiones no las pueden conceder porque no existen.
Además, retado en su propio terreno, el líder Romero Deschamps estará tentado a enviar un mensaje amenazante a sus subordinados de esa sección y de las demás de todo el país (sobre todo las 1, 24, 34 y 45, donde ha cundido el ejemplo de los democratizadores) en las que también habrá elecciones en este octubre.
Por último, la complicidad de las autoridades laborales estará aceitada -aunque no hagan falta muchos incentivos para que se mantenga su pasividad solapadora- con el argumento fantasmagórico de que Romero Deschamps y sus títeres necesitan tener pleno control de las directivas regionales ante el riesgo de que Joaquín Hernández Galicia sea liberado e intente restituir su liderazgo.
Pero, por encima de esos elementos negativos, existe hoy una realidad política diferente, en la que se dan muchísimos más factores en favor del ensanchamiento del espacio democratizado.
Al respecto, cabe recordar que desde 1951 tiene plena vigencia jurídica en México el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a libertad sindical, que establece el principio de que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes.
Debería ser particularmente leído por los legisladores del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados el principio 360 del citado convenio, en que se señala que ``la imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal, para elegir a los dirigentes sindicales, no plantea problemas de conformidad con los principios de la libertad sindical''.
E inclusive, en el siguiente principio, el 361: ``No existe violación de los principios de la libertad sindical cuando la legislación contiene ciertas reglas que tienen por finalidad promover los principios democráticos en el seno de las organizaciones sindicales, o bien, garantizar el desarrollo normal del procedimiento electoral, respetando los derechos de los miembros, con el fin de evitar todo conflicto en lo que atañe al resultado de las elecciones.''
Casos como el de la sección 35, que poblaron vergonzosamente el pasado sindical, pueden significar hoy el inicio de una recomposición. En esa tarea tienen la palabra, en lo inmediato, los trabajadores democráticos de la propia sección, los observadores que correrán inclusive graves riesgos ante la reacción del líder nacional y sus corifeos, y los propios diputados que deben proponer una reforma de fondo de la Ley Federal del Trabajo, en la que expresa y claramente se establezca la modalidad del voto libre y secreto en los recuentos y las elecciones sindicales.
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