Tenso encuentro Zedillo-ONG

Rosa Elvira Vargas, enviada, París, 5 de octubre Ť Organizaciones No Gubernamentales (ONG) francesas de derechos humanos advirtieron este día al presidente Ernesto Zedillo que ``impedirán'' que la Unión Europea alcance un acuerdo comercial con México si antes no se da en éste un cambio radical en el respeto a las garantías individuales. Sostuvieron que el país arroja la situación más grave de América Latina en esa materia, con graves niveles de impunidad y agresión, y destacaron la creciente militarización no sólo en estados con movimientos rebeldes, sino incluso en la propia ciudad de México.

En respuesta, y dentro de un diálogo que se desarrolló sin que los dirigentes de las ONG dieran indicios de haberse persuadido con los argumentos del gobierno mexicano, Zedillo rechazó las acusaciones sobre el lamentable estado de los derechos humanos; defendió el sustento jurídico de la actuación del Ejército en labores de seguridad pública. Y no obstante admitir que el fenómeno de violación de garantías individuales es aún ``muy grave'', dijo que no pueden soslayarse los esfuerzos gubernamentales para enfrentar y resolver esa situación.

Para el Ejecutivo, las apreciaciones de los organismos civiles de derechos humanos en muchos casos tienen como antecedente una deficiente comunicación entre aquellos y el gobierno mexicano, por lo que ``con frecuencia se emiten juicios parciales e injustos''. En ocasiones, dijo, los datos que presentan las ONG sobre determinados casos no corresponden ni son coincidentes con los que posee y en los que se basa la actuación de las instituciones públicas.

Jorge Madrazo, procurador general de la República, quien al igual que Jorge Carpizo, embajador en Francia, fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo entonces que en México nadie puede tener impunidad y que se hará valer el estado de derecho. Enseguida, ubicó el carácter de organismos de conciencia que tienen las ONG, que los ubica en una condición distinta a la de las comisiones oficiales de derechos humanos, que deben proceder basadas en pruebas y evidencias, lo que provoca que en ocasiones ambos lleguen a conclusiones distintas.

En punto de las 9:30 de la mañana hora local, en el Gran Salón de la Residencia Oficial de Visitas de Marigny, donde se hospeda el presidente Zedillo, ante una gran mesa rectangular, cada parte ocupó su lugar. Frente a frente, las ONG y el gobierno mexicano.

Por las primeras, Joseph Fino, de la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura; Xavier Dhonte, del capítulo Francia de Amnistía Internacional; Jean Kahn, de France Libertés; Marc Agi, de El Arco de la Fraternidad; Robert Menard, de Reporteros sin Fronteras, y Claude Katz, de la Federación Internacional de Derechos Humanos. En la parte oficial, el presidente Zedillo estuvo acompañado del canciller José Angel Gurría; el procurador general, Jorge Madrazo; el aún jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Téllez, y el vocero de Los Pinos, Fernando Lerdo de Tejada.

Luego de unas breves y educadas frases de saludo, los defensores de los derechos humanos se lanzaron directo, sin rodeos. Kats fue el primero y reclamó con acritud la expulsión de México de dos de sus observadores, situación que, dijo, es la primera vez que sucede en América Latina, pues ``jamás, ni siquiera bajo el régimen de la dictadura del general Pinochet --y realizamos varias misiones en Chile-- ni en Argentina o en otros países que han tenido situaciones de dictadura, nunca habíamos sido expulsados''.

En relación con ese incidente, el canciller Gurría expuso que todo se debió a un problema de visado, ya que los visitadores entraron con estatuto de turistas. Aseguró que el gobierno ha dado facilidades de observación a otros organismos que han hecho los trámites conducentes. Sin embargo, ese punto y la reiteración del malestar que produjo el hecho de que Zedillo no se entrevistara con el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, en su reciente visita a México, contribuyeron a tensar más aún el ambiente de la reunión.

Joseph Fino quiso saber, por su parte, cuándo aplicará México las recomendaciones que ha recibido del Comité Contra la Tortura de la ONU; Jean Kahn habló de que actualmente entre el país, el discurso oficial y la realidad de las violaciones masivas de los derechos humanos existe ``un grave desfasamiento''; Xavier Dhonte habló de que gran número de los atentados contra las garantías individuales los sufren precisamente aquellos que están dedicados a defenderlas y, que entre otros, periodistas, sacerdotes y militantes sufren humillaciones constantes que van desde la tortura hasta el encarcelamiento o la desaparición.

Además, el presidente de Aministía Internacional pidió a Zedillo tomar una ``medida espectacular'' de buena voluntad y liberar de inmediato a unas 150 personas ``que actualmente están encarceladas en México únicamente por las opiniones que emitieron'', mientras que Robert Menard, de Reporteros sin Fronteras, dijo que entre los compromisos gubernamentales y la realidad que afrontan los periodistas en México ``hay un abismo''. De acuerdo con su denuncia, en este año han sido asesinados en el país tres comunicadores y desde 1996 se tiene el registro de agresiones a 58 de ellos.

Ciertamente, admitió, en algunos casos se trata de agresiones a cargo de narcotraficantes, pero la tercera parte de ellas han sido realizadas en los dos últimos años por las fuerzas de la autoridad; ``es decir, por las personas responsables ante usted''. Fue luego al tema de la militarización como la manera para luchar, dijo, contra la subversión en Chiapas y Guerrero y que se traduce en violaciones masivas de los derechos humanos.

Entonces, Menard lanzó la advertencia: ``este día, algunos foros internacionales, específicamente la Federación Interamericana de Derechos Humanos y otras no representadas aquí señalan el poco respeto de su país a los derechos humanos y que a pesar de sus promesas se ha ido deteriorando la situación en estos últimos años. No es posible que no se resuelva este problema, por lo que nosotros vamos a luchar para que en las negociaciones con la Unión Europea, ésta no acepte, en el estado actual de las cosas, firmar un acuerdo de asociación con México''.

Zedillo intervino entonces. Dijo que ninguno de los comentarios que escuchó sería soslayado. Destacó que hoy México cuenta con una infraestructura jurídica prácticamente inexistente hace un lustro, con elementos nuevos tales como la responsabilidad del Estado para indemnizar a víctimas de tortura, y fue directo a la falta comunicación entre el gobierno y las ONG que, aseguró, hasta ahora no ha sido fluida ni de la mejor calidad.

Fue luego a los casos concretos. Ratificó su versión sobre Sané, en el sentido de que nunca solicitó formalmente entrevistarse con él; dijo desconocer cuáles son los tres periodistas asesinados este año a los que se refirió Menard; sólo asumió la existencia de un solo caso y ahí, dijo, ya se conoce a los culpables y ya han sido procesados.

El Ejecutivo pidió no soslayar lo realizado por su administración sobre el tema de los derechos humanos. Afirmó su convicción de que hay fallas en la procuración e impartición de justicia y dijo que señalar que la situación de las garantías individuales en México es la peor de América Latina ``es algo que honestamente no podemos aceptar'', así como tampoco es admisible que exista una tendencia al deterioro.

Madrazo por su parte quiso dejar muy claro que los derechos humanos no tienen vinculación con un punto religioso específico o con partido político alguno. Su defensa, subrayó, debe darse per se y no será fachada para buscar determinados intereses políticos.

Informó que en la PGR existen 14 averiguaciones contra servidores públicos acusados de violaciones a derechos humanos y que se ha ejercitado acción penal contra 173 agentes de la policía y del Ministerio Público por las mismas razones en los últimos diez meses. Aseguró que México estudia las propuestas del Comité Internacional contra la Tortura y aseguró desconocer la existencia de 150 casos de encarcelamiento por la emisión de opiniones.

Por último, Zedillo entregó al representante de Amnistía Internacional un informe detallado enviado por la CNDH sobre 17 puntos de recomendación enviados por la ONG, donde además se incluyen comentarios respecto a eventuales reformas legales e institucionales en favor de los derechos humanos.

Todo terminó como se preveía, en un ambiente frío y sin convencidos

De inmediato, regresaron al salón Gurría Treviño, Madrazo Cuéllar y el embajador Carpizo. Este último, encargado en gran parte de concertar el encuentro con las ONG, aseguró que en su gestión mantiene contacto permanente con aquéllas, mientras que el procurador consideró como un grave error considerar que en México, en los años recientes, no sólo no ha habido avances, sino que hay un deterioro en la defensa de los derechos humanos.

``Creo que es un (punto de vista) político de esa causa y lo peor que puede suceder es defenderlos teniendo atrás un interés de orden político'', dijo.

A su vez, Gurría consideró que era previsible el tono que tendrían los pronunciamientos de las ONG, porque tenían que aprovechar la presencia de periodistas para lograr el máximo impacto en la opinión pública.

En la calle, Menard y Katz, entre otros, esperaron, efectivamente, a los reporteros. Se quejaron de que no hubo oportunidad de réplica y sacaron el caso del general Gallardo a colación. Las cosas andan mal, insistieron.