Consustancial a los sistemas presidenciales, pero hasta poco desconocida en nuestra experiencia histórica, la nueva correlación de fuerzas que nació del 6 de julio, interpela y convoca a partidos, fuerzas políticas, instituciones, sindicatos, organizaciones civiles y demás actores a recuperar lo más noble y delicado de la práctica política: la capacidad de negociar, generar consensos, acordar nuestros desacuerdos, administrar el conflicto.

La experiencia de otras naciones nos dice que la distinción entre gobierno unificado y gobierno dividido, como factores que permiten u obstaculizan la gobernabilidad, se centra en dos elementos: a) la existencia de un gobierno en el que están presentes dos poderes políticos independientes entre sí, el Ejecutivo y el Legislativo, que comparten y/o compiten por el poder; y b) la presencia de partidos políticos que permite que ambas instituciones (Ejecutivo y Legislativo) puedan pertenecer a un mismo partido y conformen un gobierno unificado o bien, puedan pertenecer a partidos diferentes y conformen un gobierno dividido, el cual, para garantizar un buen nivel de gobernabilidad, debe basarse en la conformación necesaria de alianzas más obligadas que deseadas.

Metáfora de autonomía e independencia de los poderes, el gobierno dividido ha mostrado ya, al mismo tiempo, dificultades y bondades. La competencia política encuentra hoy en el Congreso un espacio privilegiado para el debate de la agenda nacional. Dos elementos resultan esenciales para la gobernabilidad democrática: ley y política, es decir, respeto irrestricto del orden constitucional y conformación de acuerdos entre las diferentes fuerzas partidistas representadas en el Poder Legislativo.

Andar con nuevos pasos en tierras nuevas no garantiza ni éxito ni fracaso, acaso experiencia. No sin dificultades se han librado las primeras batallas: la primera, la instalación del Congreso que se logró bajo condiciones que tensaron innecesariamente el ambiente político. La segunda, la presentación del Informe de Gobierno por parte del Presidente, que se transformó en una ceremonia respetuosa, republicana. Los siguientes retos se centraron en las comparecencias de los secretarios en torno a las distintas materias que aborda el Informe de Gobierno. El resultado fue disparejo: con frecuencia, una férrea crítica, poco constructiva, de la labor gubernamental. Si bien, parte de la tarea legislativa es la vigilancia, supervisión y control de las actividades gubernamentales, los tiempos actuales nos exigen contribuir con ideas, diagnósticos certeros y propuestas a una discusión pública de alto nivel que permita el análisis objetivo del desempeño de dichas actividades, para legislar no sólo mejores ordenamientos jurídicos, sino permitir un mejor participación en la construcción del país del nuevo milenio.

Decidida la integración de la comisiones parlamentarias, hay nuevos retos por delante. Uno, crucial: el análisis y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación.

Más que profeta, agudo observador, Norbert Lechner tiene razón: el desafío no es meramente alcanzar la democracia como un principio de legitimidad, sino garantizar la conducción eficaz de la política: la gobernabilidad.

Por ello el imperativo de otorgar al Congreso un nuevo lugar en el escenario político. La prudencia, la sensibilidad y la inteligencia política son condición sine qua non para que el Poder Legislativo no sólo encuentre nuevas formas democráticas de operación, sino que alcance verdaderamente la mayoría de edad que se requiere para desempeñar el papel que le corresponde en el mejoramiento de las condiciones de vida de la Nación.