Las leyes de protección infantil, inadecuadas a la realidad: DDF
Alonso Urrutia Ť El Departamento del Distrito Federal solicitó formalmente a la ALDF iniciar un proceso de adecuación legislativa en todo lo referente a la protección infantil para garantizar mejor la defensa de los derechos de los menores, así como para cumplir con los compromisos internacionales que tiene el país establecidos en la Convención Mundial, celebrada en Pekín.
Un estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a solicitud del gobierno capitalino indica que hay más de 75 disposiciones legales en las que se incorporan alguna medida relacionada con el derecho de los niños, por lo que en consideración de Laura Salinas y Gerardo González, juristas universitarios que coordinaron el estudio, es muy difícil unificar todo en un código único para el menor.
Según los académicos, la legislación mexicana es una de las más avanzadas en materia social y en incorporar en diversas disposiciones legales los derechos de la infancia. ``En esta materia, el país tiene una legislación con avances importante respecto a otros países'', señala Salinas.
El problema central, dice González, responsable del área de Derecho en la UAM Azcapotzalco, es la realidad social que enfrenta el país y que choca con la vigencia de esas disposiciones legales. Con tantas carencias económicas, tantos desequilibrios sociales y dificultades para tener oportunidades en algunos sectores, es difícil hacer vigente la ley, aunque pueda tener muy buena intención.
Bajo esta lógica, el DDF envió el estudio a la ALDF para fortalecer disposiciones jurídicas y buscar medidas complementarias que mejoren las condiciones de vida de los infantes en la ciudad.
Denuncias de creciente explotación infantil por parte de sus padres o familiares y el incremento en el número de jóvenes que trabajan en esta ciudad formaron parte central de la justificación oficial para promover la iniciativa. Sin embargo, existen otros ámbitos en los que la realidad hace necesaria acciones mas importantes y viables, como es el caso del maltrato infantil asociado en muchas ocasiones --dice González-- al abuso sexual.
La intención derivada del estudio es impulsar una iniciativa acorde con la ``nueva concepción jurídica, filosófica y social de los niños y las niñas, al considerarlos sujetos plenos de derecho y reconceptualizarlos como entes sociales con capacidad participativa a quienes debe reconocérseles no sólo el derecho a la satisfacción de sus necesidades, sino de otros que le permitan su participación en la sociedad''.
La realidad rebasa las disposiciones
Conforme a los acuerdos internacionales asumidos por México, las disposiciones de la convención establecen expresamente que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deberán ver el asunto como prioritario, al principio del interés superior de la infancia. Acciones en materia de salud, educación, asistencia social y derecho a la identidad forman parte de las numerosas medidas que el estudio de la UAM recomienda para garantizar el derecho de los menores.
A pregunta expresa sobre la situación laboral de los niños, Salinas indica que en un país con las condiciones económicas y sociales que prevalecen en México ``es injusto satanizar a los padres por alentar el trabajo de los menores''.
Hipotéticamente, la legislación laboral en México contiene numerosas disposiciones de protección a los menores, mismas que en muchos casos son rebasadas por una realidad social que impone otras condiciones a los menores, dice.
La determinación de buscar una mayor sistematización en las disposiciones legales y en los programas institucionales radica en que del estudio realizado se desprende una duplicidad de funciones de las diversas dependencias que supone un desperdicio de recursos que pudieran canalizarse más racionalmente.
Para Salinas hay otros ámbitos en los que se requiere una nueva legislación para regular las situaciones propias de los tiempos que se viven. Es el caso del derecho a la identidad del menor para garantizar desde su nacimiento un nombre, a tener una nacionalidad y a conocer los propios orígenes.
Las adopciones, las nuevas técnicas de inseminación artificial y otros fenómenos asociadas al desarrollo científico aún no han podido ser regulados en el país y constituyen lagunas jurídicas que es preciso regular para garantizar el derecho a la identidad de los menores, dicen los investigadores.
La iniciativa del DDF turnada a la Asamblea pretende iniciar un proceso de discusión para la sistematización de leyes y disposiciones, por lo que se espera promover otras acciones de coordinación para que sean discutidas.