Purga paramilitar si se comprueba su autoría en la matanza de judiciales
Afp, Efe, Dpa y Reuter, Santafé de Bogotá, 5 de octubre Ť El director de la policía de Colombia, general Rosso José Serrano, llamó hoy a una jornada nacional para rechazar la escalada de violencia, que en menos de 24 horas cobró la vida de 31 personas, entre ellas 17 policías.
De su lado, el máximo jefe de los grupos paramilitares, Carlos Castaño, anunció una purga en la organización de comprobarse la responsabilidad de algunos de sus hombres en la emboscada del viernes pasado en la que murieron 11 funcionarios judiciales cerca del municipio de San Carlos de Guaroa, iniciativa aceptada por el presidente Ernesto Samper. A través de un comunicado enviado a Samper, Castaño dijo que solicitará al comandante responsable del presunto comando atacante someterse a la justicia si se comprueba su participación en la matanza. Aseveró que si sus fuerzas se convierten en un nuevo obstáculo para la paz, no dudaría en ``abandonar la dura causa de la lucha contra la guerrilla'', que, dijo, es la misma de los colombianos.
Por lo pronto, las grupos de autodefensa de Córdoba y Urabá rechazaron ser los autores de la matanza de los funcionarios judiciales, pero Castaño sospecha de otro grupo denominado Autodefensas Unidas de Colombia, y amenazó con retirar a unos 2 mil hombres de esa organización.
Pablo González, director del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía, a la que pertenecían los funcionarios asesinados, señaló que el ataque del viernes fue obra de paramilitares, y aunque el presidente Samper atribuyó inicialmente el hecho a la guerrilla, este domingo expresó su apoyo a la tesis de la Fiscalía al destacar que la acusación se basa en los testimonios y evidencias de la participación de los grupos de autodefensa en la acción.
La Casa Nariño, sede de la presidencia, difundió un documento en el que acepta la determinación de Castaño de poner en manos de las autoridades a los presuntos responsables del crimen, ``como corresponde al cumplimiento de los deberes de todo ciudadano respecto a su colaboración con las autoridades para el cumplimeinto de la ley''.
El general Serrano, por su parte, pidió a los organismos internacionales de derechos humanos denunciar y condenar el ataque, en el que se violaron las garantías individuales por el modo en que ayer fueron asesinados 17 policías. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dinamitaron el sábado una carretera al paso de dos vehículos militares en los que viajaban 21 policías en el municipio de Juan de Arama en El Meta, 17 de los cuales murieron y a los que remataron con ráfagas de fusil y ametralladoras.
Serrano aseguró que éste es un momento en que los colombianos deben unirse y rechazar actos de tal barbarie, al tiempo que deseó que la muerte de los policías, los fiscales, los agentes del Departamento Administrativo de Seguridad y los jueces sirva para que los colombianos salgan a las calles con pañuelos blancos a rechazar a los ``mercenarios''.
Pese a la grave situación, Samper descartó la posibilidad de decretar el estado de conmoción, figura constitucional que permite al gobierno legislar en forma extraordinaria, pero varios precandidatos a la presidencia pidieron hoy que sea declarado ese estado excepcional.
La situación es difícil pero la conmoción interna es una prerrogativa del Ejecutivo, coincidieron Horacio Serpa y Carlos Lleras de la Fuente, del Partido Liberal, en tanto que para el conservador Juan Camilo Restrepo, el mejor camino a la paz es fortalecer el ejercicio de la autoridad.
La escalada de violencia se inició el jueves con un atentado con bombas contra el comandante de las fuerzas armadas, general José Bonnet, en Santa Marta, acción en la que el alto oficial resultó ileso, pero un civil que pasaba por el lugar murió. El hecho más grave se registró el sábado con la muerte de los 17 polícías, en tanto que el viernes fue atacada una comisión judicial y murieron 11 personas, además de tres de los atacantes, con lo cual el número de víctimas ascendió a 31.
El presidente convocó para este lunes a un consejo extraodinario de seguridad en el que se analizarán las implicaciones de las matanzas, así como las graves perturbaciones que se viven de cara a las elecciones municipales del 26 de octubre, que han sido boicoteadas por la guerrilla.
El ex canciller y miembro de la comisión de reconciliación nacional, Diego Uribe, propuso este día una tregua en las acciones de la guerrilla, el ejército y los grupos pararamilitares para reflexionar en pos del diseño de un plan de paz.