ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Es senador, es cetemista y es mexiquense.

Sin embargo, acaba de declinar la secretaría de la Comisión del Distrito Federal que la semana pasada se le había asignado porque considera que el proceso de negociación de esas comisiones senatoriales se realizó mediante ``formas excluyentes'', felicita a los integrantes del Grupo Galileo y encomia sus propósitos, y se coloca epistolarmente del lado de los críticos internos del PRI.

El senador cetemista mexiquense fue durante largos años uno de los preferidos a quienes Fidel Velázquez impulsó a distintos puestos, de tal manera que el ahora senador, nacido en Texcoco el 21 de septiembre de 1949 ha sido, entre otras cosas, director de las paraestatales Minerales Mexicanos Mayaqui, Azufrera Limonta, Azufrera Panamericana y Fertimex.

Por todos esos antecedentes resulta peculiar que el ingeniero agrónomo Manuel Cadena Morales, especialista en fertilizantes y azufre, le haya comunicado por escrito a Genovevo Figueroa, presidente de la Gran Comisión del Senado, su actitud discordante.

En el escrito, fechado el 3 de octubre, Cadena Morales dice que a pesar de formar parte de la citada Gran Comisión, nunca fue ``requerido ni consultado'' respecto a la integración de las comisiones legislativas. Además, siendo representante por el estado de México, le parece impropio haber sido instalado como secretario de la Comisión del Distrito Federal y, en congruencia, prefiere declinar el nombramiento.

En la carta de siete párrafos, el senador cetemista mexiquense expresa: ``Enhorabuena, pues parece que los priístas estamos reaccionando, ya que la reciente conformación del Grupo Galileo... no es más que el deseo y la voluntad de que en un marco de responsabilidad y respeto vayan quedando atrás viejas prácticas y temores infundados de participación, que hasta hoy no nos han permitido que demos cumplimiento cabal al gran compromiso y responsabilidad que conlleva ser senador de la República''.

Luego, el senador Cadena Morales dice estar ``seguro'' de que sus compañeros priístas de Cámara ``gradualmente, y despejando temores de antaño'', irán caminando ``firmemente, y con valor civil y ciudadano'', rumbo a la conformación de un Senado de la República a la altura de la demanda de la sociedad mexicana.

El político, que debe puestos y cargos al histórico método de autoritarismo y antidemocracia de la vieja central obrera, se extiende en el neogalileísmo cetemista -``el permanecer sentados y callados no será de gran utilidad para la República''- y recuerda que en múltiples ocasiones el presidente Zedillo ha llamado al Congreso para que ``asuma el papel que en estos tiempos de transición democrática le corresponde''.

Finaliza don Manuel su carta haciendo un exhorto a Genovevo Figueroa para que ``como en sus primeros pasos'' al frente de su fracción parlamentaria, ``sus directrices sean de apertura e incluyentes, no privilegie ni haga distingos, porque acotaría usted la riqueza de pensamiento y la aportación de ideas de los senadores priístas''.

El Grupo Galileo-CTM, provisionalmente integrado sólo por el senador Cadena Morales, muestra el forcejeo interno que hoy se vive en la fracción priísta del Senado en la lucha por posiciones de poder. Entre otras cosas, baste recordar que la estratégica Comisión de Comunicaciones y Transportes, que le fue encargada a Mauricio Valdés sólo por el mes que le resta como senador, es buscada afanosamente por uno de los galileos originales, Francisco Dávila, y por el cetemista José Ramírez Gamero.

Siete presos de conciencia en SLP

Ayer le fue entregada una carta a Morris Tidball, representante para América Latina de Amnistía Internacional (AI), en la que los campesinos demandantes de tierras en Villa de Arriaga, San Luis Potosí, narran las maniobras con las que se ha conformado en aquella zona un latifundio de más de 30 mil hectáreas a nombre de la familia Garfias, y también la forma como el nuevo gobierno potosino ha reprimido a los agraristas y ha encarcelado a siete de ellos.

Los Garfias, añade el texto entregado a Amnistía, ``cuentan con certificados de inafectabilidad ganadera; supuestamente sus terrenos son cerriles y por ello pueden tener extensiones enormes; la verdad es que se trata de tierra cultivable, y que el latifundio se basa en la simulación y la burla de la ley''.

Además de lo cuestionable de sus certificados, puntualizan los miembros de la Organización Campesina Independiente (OCI), ``los Garfias detentan más tierra de la que aquellos amparan. Los campesinos demandantes de terrenos insisten en que esta parte, o sea, las excedencias, les sea entregada''.

Pero la familia Garfias se opone tajantemente a la medición, y por medio de abogados chicaneros y de jueces sin escrúpulos han enredado el asunto y retardado su solución.

Ante la ineficiencia de las leyes y las autoridades, los campesinos entraron el pasado 26 de septiembre en 20 hectáreas de terrenos nacionales ubicados cerca del latifundio de los Garfias, para exigir cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena que se mida el predio en disputa y los excedentes sean repartidos entre los casi 500 solicitantes.

Dos de octubre campesino

El pasado 2 de octubre, más de 300 granaderos llegaron hasta donde estaban los campesinos y los desalojaron mediante intimidación extrema. Además, encarcelaron a las siguientes personas: Guadalupe Ortiz Meléndez, de 60 años; Beatriz Vázquez Camarillo, Arnulfo Vázquez Camarillo, Felipe Martínez Guerrero, Juan Alejandro Amaya Ortiz, Julián Rodríguez Pérez y Juan Sánchez Monasterio. Además, habría órdenes de aprehensión contra cuando menos ocho campesinos más.

Es importante precisar que los campesinos habían promovido demanda de amparo de su posesión, misma que se encontraba en trámite, y habían dirigido un escrito al gobernador Fernando Silva Nieto informándole de la situación, pero el recién estrenado gobernante, quien era secretario de Gobierno en la anterior administración, no hizo caso ni del escrito ni del amparo, según el reporte de los campesinos.

Por el contrario, la policía cercó el campamento campesino, denominado Rubén Jaramillo, ``y no dejó pasar ni alimentos para las personas; ante la imposibilidad de conseguir agua, la tomaban de una pila y una presa, pero tuvieron que dejar de hacerlo porque los agentes policiacos defecaron en una y se bañaron en otra''.

Luego del desalojo, los campesinos se trasladaron al local de la OCI en Villa de Arriaga, población que fue sitiada en su totalidad por los policías. En las noches, con un reflector de luz roja, iluminaban el inmueble; desde las azoteas apuntaban a los campesinos con armas y cortaban cartucho pero sin disparar.

``Una maniobra que ejecutaron fue la siguiente: se formaban decenas de policías frente al local de la OCI y corrían hacia él gritando: `vamos a sacar a esos hijos de la chingada'.Unos pasos antes de llegar, se detenían y volvían por sus pasos, carca-jeándose. Eso lo repitieron varias veces.''

En la capital potosina se cercó el local de la Organización Campesina Independiente y del Frente Zapatista de Liberación Nacional y se pretendió detener a campesinos que estaban en esos lugares. El domicilio de Enrique González Ruiz, asesor legal de los campesinos, tuvo vigilancia policiaca desde el sábado 4 de octubre y otros agentes lo siguieron a donde quiera que iba.

Mientras tanto, en Europa, el presidente Ernesto Zedillo defiende la vigencia de los derechos humanos en México.

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