Detienen a ceuísta por la toma de rectoría en 1995

Claudia Herrera Beltrán Ť El activista del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) Víctor Valero Cota fue detenido ayer y puesto a disposición del juez cuarto de distrito en materia penal en el Reclusorio Oriente para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos cometidos durante la toma de la Rectoría de la UNAM, en septiembre de 1995.

Además, el juez giró órdenes de aprehensión contra Adolfo Llubere Sevilla y Fernando Belaunzarán Méndez, también miembros del CEU, y quienes ayer mismo iniciaron los trámites para ampararse.

El abogado de Valero, Sergio Soto, explicó que la aprehensión de los ceuístas después de dos años de que se iniciaran las averiguaciones previas es una irregularidad, y anunció que además del seguimiento del caso por la vía legal solicitarán la intervención de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y de Amnistía Internacional.

Integrantes del CEU indicaron que Valero, alumno expulsado de la UNAM en 1995, fue detenido al mediodía cuando se encontraba en su casa y conducido a la Procuraduría General de la República, de donde de inmediato fue trasladado al Reclusorio Oriente. En ese momento, Valero se disponía a acudir al Reclusorio Sur, donde estaba citado por un juez para que le dictara sentencia por su presunta responsabilidad junto con otros cinco jóvenes en la retención de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato (UACB), ocurrida la semana pasada.

Soto indicó que no le fue posible hacer los trámites para definir la situación legal del ex estudiante universitario, pues el juez se retiró antes de lo previsto. Hoy Víctor Valero presentará su declaración preparatoria.

El abogado Bernardo Bolaños -quien hace dos años defendió a los estudiantes de las acusaciones que la UNAM presentara contra ellos por la toma de la Rectoría- mostró extrañeza por el que llamó el ``repentino interés de las autoridades universitarias por resucitar'' una investigación que parecía haber fenecido.

A su vez, Soto explicó que la protesta ante organismos no gubernamentales será presentada por el Taller Universitario de Derechos Humanos y se refiere a una supuesta utilización del derecho penal contra activistas universitarios.