Exigen siete ONG la renuncia del titular de Seguridad Pública

Jesusa Cervantes Ť Integrantes de siete organismos de derechos humanos en la ciudad pidieron una vez más la renuncia del general, Enrique Salgado Cordero a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el cese de los operativos policiacos y el castigo a los culpables de la desaparición de los jóvenes detenidos en la colonia Buenos Aires.

Luego de la presentación del video La guerra oculta, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Fray Francisco de Vitoria, Pueblo Nuevo, el Centro Antonio Montesinos, el Taller Universitario de Derechos Humanos, el Despacho de Orientación y Asesoría Legal y la Red de Todos los Derechos para Todos, que conforman el Colectivo Ciudadano por la Seguridad Pública, pidieron la desmilitarización de las tareas de seguridad.

El grupo solicitó que acaben ``todo tipo de razzias o redadas, ya que vulneran las garantías individuales de libre tránsito y privacidad, con acciones como retenes, cateos a personas, a domicilios o locales sin orden judicial al realizar detenciones ilegales, además de ser más espectaculares que eficientes''.

De la misma manera, solicitaron acabar con el hostigamiento a periodistas de diversos medios de comunicación ``y que se frene la campaña de descrédito de los organismos defensores de derechos humanos, en la que se nos acusa de que defendemos delincuentes y que somos obstáculo para la acción de la justicia''.

Dijeron que piden la renuncia de Salgado ``ante la evidente ineficacia de la presencia militar en tareas de seguridad pública y la ejecución de operativos policiacos que lesionan las garantías individuales de los ciudadanos''.

Exigieron que se emprenda un programa permanente de depuración y profesionalización policiacos en la ciudad y en el país, también que ``se establezca el servicio civil de carrera en las instancias de seguridad pública y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la legislación sobre el registro único de armas y efectivos policiacos''.

Finalmente, advirtieron sobre ``la deliberada confusión provocada por las autoridades entre seguridad pública y seguridad nacional'' a la hora de combatir la delincuencia. ``No negamos los altos índices de delincuencia, ni la violencia suscitada por ellos; sin embargo, sostenemos que la militarización de los cuerpos policíacos, además de ser anticonstitucional, no resuelve el problema, sino que lo agrava al poner al alcance de la corrupción a efectivos de las fuerzas armadas que por su formación no están preparados para cuidar y proteger a la población''.