Analiza la OEA reportes oficial y de ONG sobre derechos humanos en México

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 6 de octubre Ť Las principales organizaciones mexicanas no gubernamentales de derechos humanos y el gobierno de México presentaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus informes generales sobre la situación de dichas garantías en ese país.

Las ONG subrayaron las consecuencias negativas de la actual política de seguridad pública y pidieron que la CIDH ``inste'' al gobierno a que el Ejército no intervenga en labores de seguridad cívica. Denunciaron el incumplimiento de los acuerdos de paz en Chiapas, la militarización de la seguridad pública, las violaciones de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos y el creciente hostigamiento contra organizaciones civiles y de periodistas, entre otros puntos.

Por su parte, la delegación del gobierno informó de los avances logrados en la defensa de los derechos humanos y presentó sus programas de promoción y educación -como la construcción de nuevos sistemas intergubernamentales para ampliar el trabajo-. En una primera sesión privada, como de costumbre, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, presentaron ante la CIDH -institución de la OEA- un amplio panorama al respecto. Luego, el gobierno mexicano planteó su evaluación e iniciativas acerca del tema. Las sesiones son privadas y la CIDH no comenta sobre estos procedimientos.

En una segunda sesión hoy, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó un informe sobre el caso de José Francisco Gallardo, y la delegación del gobierno señaló, en respuesta a la interrogante de la CIDH sobre el incumplimiento de su recomendación de liberar al general, que el procedimiento judicial militar ha llegado a su conclusión y que ahora sólo se espera ``de un día para otro'' el fallo de la corte militar.

Militarización de la seguridad pública

Las ONG mexicanas enfatizaron que el gobierno de su país ha implementado ``a partir de 1994 una política más represiva que preventiva y correctiva, para enfrentar los múltiples problemas de seguridad pública y protesta social''. Se destacó la preocupación sobre la participación del Ejército en labores de seguridad pública. Los grupos informaron que se solicitó a la CIDH que ``inste al gobierno mexicano para que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, el Ejército se abstenga de intervenir en labores de seguridad pública y combate a la delincuencia''. También se hizo referencia a los recientes operativos policiacos contra la delincuencia, los cuales, denuncian, ``ocasionaron restricciones a derechos'', y se menciona el caso particular de los seis jóvenes asesinados de la colonia Buenos Aires.

Los grupos informaron a la CIDH que en ``el combate a la insurgencia que ha aparecido en diversas regiones del país, aun cuando no se ha decretado el estado de suspensión de garantías, las fuerzas armadas y de seguridad, en ocasiones con el concurso de grupos paramilitares, realizan impunemente prácticas concretas que restringen los derechos humanos, incluyendo los no derogables''. Entre las violaciones que se mencionaron están las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tortura, y se indicó que éstas están aumentando en regiones de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Denunciaron además ``el incumplimiento del gobierno de México de los acuerdos de pacificación y concordia con el EZLN''.

Plantearon la necesidad de promover una reforma integral del sistema de justicia en México, la preocupación sobre las violaciones de los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, así como una solicitud de una opinión consultiva de la CIDH sobre el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de protección a inmigrantes. Se expresó la preocupación sobre el ``creciente hostigamiento contra periodistas y organizaciones civiles'', especialmente las que trabajan el tema de los derechos humanos.

Informe del gobierno

La delegación del gobierno mexicano presentó por separado sus preocupaciones principales sobre los derechos humanos, señalando sus esfuerzos para fortalecer los mecanismos de defensa de los mismos, tal como las relaciones entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales, la promoción de bases legales para enfrentar la tortura y las desapariciones, así como la creación de un visitador especial para poblaciones indígenas.

Según informó hoy Miguel Angel González Félix, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entrevistado por La Jornada, el gobierno también comentó sobre la creación de una comisión intergubernamental de varias secretarías (SRE, Gobernación, Hacienda, Marina) que se encargaría del manejo de asuntos de derechos humanos, particularmente ``para dar cumplimiento a los compromisos internacionales'' de México con ``mayor coherencia''.

La parte oficial también informó acerca de sus esfuerzos para solicitar una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Justicia sobre los mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos y cuyos derechos consulares hayan sido violados. González Félix indicó que la CIDH mostró gran interés sobre el tema y agregó que considerará la posibilidad de ofrecer una opinión sobre el asunto ante la Corte.

Además, comentó, se informó a la Corte sobre los mecanismos de protección que se impulsan para periodistas y defensores de derechos humanos en México, y de los cursos sobre derechos humanos a policías y otros encargados de la seguridad pública.

También se habló sobre la organización de un foro internacional para las principales instituciones oficiales de derechos humanos y de expertos, a celebrarse en noviembre próximo en Mérida, Yucatán.

Los casos particulares presentados después de los informes generales fueron el del general Gallardo y el de la muerte de un presunto miembro del EZLN durante los primeros días de combates en Chiapas. En este segundo caso, el gobierno indicó que existen elementos en el hecho ocurrido en el lugar conocido como La Grandeza de que la muerte sí fue resultado de ``un enfrentamiento'' entre el Ejército Mexicano y el EZLN. González Félix concluyó que fue ``un diálogo productivo entre todos''.