El manejo presidencial que se ha dado durante la gira europea al tema de los derechos humanos, y en particular a la famosa cita con Amnistía Internacional, ha servido para mostrar sin velos la manera como se ejerce el poder en México.

País en el que las palabras dichas desde el poder avasallaban a los hechos, por evidentes y escandalosos que éstos fueran, hoy en México las cosas han cambiado hasta llegar al extremo en que la mayoría de la gente descalifica el discurso oficial y, en contrapartida, concede credibilidad a la versión ajena --y de preferencia enfrentada-- a las instancias gubernamentales.

Sin embargo, desde el poder concentrado en Los Pinos se sigue creyendo que basta la declaración periodística para acomodar la percepción colectiva a la propia. Si el ex presidente Salinas decidía qué cosas no quería ni ver ni oír, el actual mandatario pareciera empeñado también en decidir qué cosas son reales o falsas, atendibles o desatendibles.

Además, cada vez aparece con mayor claridad una grave incapacidad estratégica que ha llevado, como en el caso de esta gira por Francia y Alemania, a empañar logros de índole mayor, sobre todo en el plano económico, a causa de increíbles tropiezos en el manejo político.

Otro dato evidenciado por los reflectores europeos ha sido el empecinamiento superior en sostener versiones o posturas a despecho de consejos, asesorías o análisis surgidos del círculo interior del poder pero contrarios al enfoque presidencial.

Ese manejo de las técnicas del Nintendo (videojuego en el que se resuelven los retos hasta que aparecen en la pantalla, y sin escuchar a nadie) ha sido una variable constante en los tres años recientes, y sólo de esa manera se puede entender que problemas difíciles --pero superables--, intrincados --pero de solución previsible--, se hayan convertido en circunstancias críticas, algunas de ellas de verdadero peligro histórico, como fue entre otros el caso de la instalación de la legislatura vigente.

¿Problema de formas, o de fondo?

Amnistía Internacional es, queramos o no, la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos más importante y respetada en el mundo. Su presidente, Pierre Sané, tiene tras de sí un capital de credibilidad forjado a lo largo no sólo de años de persistencia sino, sobre todo, de lucha y de congruencia.

Por ello, suponer que visitó en semanas anteriores México ``para crear un escándalo'', lesiona y ofende no sólo al señor Sané en lo individual, sino a una institución ampliamente acreditada y a todos quienes, desde diversos ámbitos y denominaciones, luchan por el respeto pleno de los derechos humanos.

Luego, instalar el desigual diferendo con Amnistía Internacional en el plano de la exigencia a Sané de que se disculpe, y etiquetarlo como mentiroso para a partir de allí decretar el estado presidencial de profunda ofensión, sustrae el motivo central del debate, que no es otro sino la creciente e innegable violación de los derechos humanos en México, y la ineficacia de las instancias gubernamentales para solucionar esa espiral altamente preocupante.

Una realidad ajena a los enredos de agenda

Más allá de los datos y los reportes que tengan en sus oficinas las diversas organizaciones que han expresado al presidente Zedillo su grave preocupación por las reiteradas violaciones a los derechos humanos en México, las evidencias que cualesquier mexicano tiene a su alcance son demoledoras.

La militarización de amplias regiones de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con el objetivo de combatir las distintas expresiones de inconformidad social traducida en violencia armada, ha generado una dolorosa multiplicación de los casos de secuestros, tortura y abusos. No es posible negar que en la guerra librada contra agrupaciones insurgentes se violan diariamente derechos humanos, a menos que sigamos creyendo en la capacidad avasalladora de las palabras sólo porque se pronuncian desde el poder.

Cometidas en regiones alejadas del Distrito Federal, la mayoría de ellas rurales, las violaciones a los derechos humanos no habían llegado a ser tan conocidas y palpables para los habitantes de la capital del país como ha sucedido desde el arribo de militares a los cargos policiacos.

Los recientes incidentes de la colonia Buenos Aires, y los cotidianos operativos policiacos han hecho altamente sensible para los capitalinos los temas de los derechos humanos.

Por otra parte, la estructura entera de justicia --así hablemos de impartición, prevención o persecución; o de los ámbitos civil, penal, laboral, agrario o administrativo, por citar algunos-- está carcomida por una corrupción terrible que agrede a los ciudadanos al no atender sus reclamos con justicia y al desviar sus decisiones en favor de los grupos de poder económico y político.

El narcotráfico que ha permeado todas las estructuras de este país ha llevado también a las instituciones gubernamentales a servir ya los policías de guardaespaldas, torturadores y ejecutores; ya los jueces de excarceladores; ya los funcionarios de protectores.

México vive una terrible crisis en materia de derechos humanos, la peor de su historia, y para enfrentarla se requiere de una voluntad política por encima de diferencias de agenda, y la creación de una instancia verdaderamente autónoma y ejecutiva que pueda actuar al margen de las vicisitudes del poder presidencial y que pueda hacer valer sus criterios, sin dejarlos en meras recomendaciones al aire.

De hecho, el anuncio formulado en Estados Unidos por un asesor de la cancillería mexicana de que se creará una Comisión Intersecretarial de Derechos Humanos, es una forma de echar la primera paletada de tierra a la Comisión Nacional y a las comisiones estatales.

Sin embargo, esa medida intersecretarial no es suficiente. Hoy se requiere, como se ha demandado insistentemente en las cámaras de Diputados y Senadores, y como lo ha solicitado oficialmente el Partido Acción Nacional, la creación de una comisión nombrada por el Poder Legislativo y sujeta a sus decisiones. Es necesaria una instancia de vigilancia genuina y de verdadera capacidad correctiva.

De otra manera, seguiremos entrampándonos en discusiones menores y en jaloneos declarativos que a nada positivo llevan.

Astillas: México retiró a José Castelazo de Costa Rica por su torpe intromisión en los asuntos de aquel país. México pidió el retiro del embajador canadiense Perron por meterse en nuestros asuntos. ¿México pedirá al Vaticano que retire a su embajador, denominado nuncio apostólico, por entrometerse abiertamente en los asuntos mexicanos, y emitir las injerencistas declaraciones que hizo respecto de las mordidas que el narco reparte en ámbitos gubernamentales y militares de nuestro país?.. El cuñado de los periodistas, Leonardo Rodríguez Alcaine, que algún tiempo fue conocido como La Güera, se le fue encima al amigo del hijo del difunto Fidel Velázquez, el senador Manuel Cadena Morales. Dijo la ex Güera que Cadena no tiene representatividad sindical, que no forma parte del comité cetemista y que no fue sino un asesor de Velázquez, pero que ahora ya no es nada ni nadie. Si siguen así contra el senador Cadena, de fastuosas costumbres y caros gustos, lo van a obligar a dejar sus pretensiones de formar una corriente crítica cetemista y dedicarse mejor a administrar los negocios del fideliano hijo, con el que tantos asuntos ha compartido... Hoy, en el IFE, sesión en la que estará presente el tema Felipe Solís Acero, secretario técnico de ese organismo y virtual mano derecha del presidente José Woldenberg. Un grupo de consejeros busca prescindir de Solís, a quien entienden albacea de herencias indeseadas. Pública o privada que sea la batalla, pero habrá jaloneo...

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