Jorge Legorreta
Atlapulco, otra vez en lucha

Decía un filósofo del siglo XIX que la historia se repite, pero en forma de espiral. El 6 de enero de 1964, en la primera página de Excélsior se leía: ``Armados con escopetas, rifles, pistolas y machetes, los de Atlapulco destruyeron e incendiaron el caserío de San Juan Moyotepec. Los cuerpos de tres dirigentes que recibieron gran cantidad de tiros y machetazos fueron parcialmente quemados; 200 casas fueron incendiadas y más de 30 campesinos resultaron heridos. La batalla tuvo como origen la disputa de las tierras donde estaba instalada la colonia Moyotepec (alrededor de 400 mil metros cuadrados) que al parecer pertenecen a las tierras comunales de San Gregorio Atlapulco. Los de esta población consideran a los colonos como ``paracaidistas'' pero los de Moyotepec alegan que los terrenos les fueron cedidos por el gobierno federal''.

Más de 30 años después, el conflicto por la urbanización de tierras agrícolas se presenta de nuevo, y lo que resulta más paradójico, en el mismo lugar. En esa misma colonia de Moyotepec se inició la edificación de 50 viviendas de los colonos de la Unión Popular Centro Morelos, lo cual ha generado una fuerte protesta en San Gregorio y otros pueblos como Santa Cruz, San Luis Tulyehualco, San Pedro y Milpa Alta. Las acciones son, hasta ahora, el bloqueo desde hace casi 15 días de dos carreteras y la toma, antier, de la delegación de Milpa Alta.

El asunto no atañe la legalidad en la edificación de este pequeño conjunto habitacional. Las licencias están en orden pues fueron concedidas, como ya es costumbre, al finalizar la administración salinista. Las autoridades están basadas en los sigilosos cambios de usos de suelo de agrícolas a urbanos que ha sufrido la zona desde 1988.

La protesta de las comunidades contra la urbanización del sur tiene más fondo. Se trata de la defensa de una cultura lacustre que ha logrado sobrevivir por siglos, basada en la protección y el trabajo agrícola de las chinampas. Estas milenarias tierras que aún dan de comer a miles de campesinos y a la propia ciudad, sufren un constante proceso de extinción. En los últimos años, los chinamperos han sido impotentes testigos de la contaminación del agua de sus canales, producto ahora de la urbanización. Pequeños y medianos conjuntos habitacionales aparecen por doquier con modernas tecnologías para reciclar sus desechos, como las tiene el proyecto en cuestión. Pero al poco tiempo se vuelven inservibles debido a su alto costo de mantenimiento y a sus descuidos, explicados simplemente porque sus moradores no viven de las chinampas y los canales. Así, con el paso del tiempo, las descargas residuales van a parar directamente al agua de los canales, sentando las bases de la desaparición de las tierras chinamperas.

Desafortunadamente, el conjunto de 50 casas no es el único caso. Forma parte de otros más construidos en los últimos años en varios barrios de Santa Cruz Acalpixca y Xochimilco, muy cercanos a las zonas lacustres. Esta creciente y nociva urbanización debe interrumpirse, revisando otras licencias más que pudieron haberse aprobado por la pasada Asamblea de Representantes y que los planes delegacionales ocultan. Aquí hay trabajo para los nuevos asambleístas y diputados del DF.

Los habitantes de San Gregorio solicitan, además de la cancelación del proyecto mediante una permuta para destinar el terreno a usos ecológicos de la comunidad, la reparación de escuelas y la solución de las descargas residuales hacia la zona lacustre.

No es mucho, si lo comparamos con lo que cuestan los cientos de pozos de agua que abastecen a la ciudad; tampoco mucho si consideramos los beneficios que representará para futuras generaciones proteger, con hechos, este patrimonio cultural de la humanidad.

Al parecer, las autoridades no han percibido lo delicado del conflicto y han basado su estrategia en alargarlo para tratar de heredarlo al nuevo gobierno. Probablemente no sepan, por su corto tiempo en la administración, que existen en San Gregorio Atlapulco compromisos no cumplidos desde 1992 por parte del gobierno del DDF, como son la entrega de tierras agrícolas, producto de las expropiaciones del Plan de Rescate Ecológico. Habrá de recordar que la misma comunidad organizada de San Gregorio que participó en la transformación de aquel Plan evitando una mayor urbanización, es la misma que mantiene hoy el cierre de las carreteras. Su lucha, pues, por la defensa de la agricultura y la conservación de las chinampas no es nueva ni mucho menos improvisada.

Empecinarse en construir las 50 viviendas u otros conjuntos habitacionales más cercanos a las chinampas u otras zonas agrícolas de la región, podría convertirse en peligroso detonador para generar nuevos enfrentamientos violentos entre campesinos y colonos de la ciudad. La urbanización debe buscar, por eso, otros rumbos de la metrópoli.

Esperamos congruencia y, sobre todo, una mayor sensibilidad política del actual gobierno para atender de inmediato los reclamos de las comunidades agrarias del sur, antes de que la historia se repita.