El pasado 23 de septiembre se alcanzó un récord siniestro en la ciudad de Tijuana: seis personas fueron ejecutadas en distintos puntos de la urbe fronteriza en un solo día. La violencia alcanzó lo mismo a dos policías municipales, que a estudiantes y empresarios. Este asunto ha sido tan grave en el ya de por sí tenso ambiente de inseguridad que se vive, que organizaciones civiles han pedido que el gobernador dé la cara.

El semanario Zeta ha calculado que en poco más de 700 días de gobierno teranista se ha cometido un asesinato por día. La policía municipal ha visto cómo nueve de sus integrantes han sido abatidos. En sólo uno de estos casos se han aprehendido a los supuestos culpables. Ante esto, abogados, estudiantes, amas de casa y un sinfín de ciudadanos han protestado reiteradamente y exigen seguridad y, entre otras cosas, la salida del procurador y la militarización de la policía.

A pesar de que la inseguridad pública era un problema serio desde la administración estatal anterior, el gobierno de Héctor Terán se tardó algo así como 600 días en dar a conocer el Programa de Seguridad Pública. Después de la lectura de este documento, habrá que decirle a la ciudadanía tijuanense que no se preocupe: la violencia y la inseguridad pública que padecemos tiene su origen en delitos del fuero federal. Que en el muy lamentable caso de que sufran algún percance violento no entrarán ni a las estadísticas que el gobierno del estado registra.

Según éste, la culpa de todo es del gobierno federal que ha sido incapaz de combatir los delitos que le tocan, en especial los que están ligados al crimen organizado y al narco. El gobierno del estado asume que los delitos estatales tienen, y ahí están las estadísticas para demostrarlo, un promedio menor al nacional. Es un consuelo saber todo esto. Sin embargo, a diferencia de la frivolidad de las autoridades estatales, habemos ciudadanos que creemos que el asunto debe enfocarse desde un punto de vista integral. Alguien decía, muy acertadamente, que hay verdades, mentiras y estadísticas. En efecto, estas últimas pueden ser maquilladas, manipuladas y utilizadas para demostrar casi cualquier cosa. Los gobiernos panistas han aprendido en unos cuantos años este uso de las estadísticas, lo que habla bien de su capacidad de aprendizaje, pero mal de su capacidad de resolución.

Al ciudadano no le interesa si el asaltante que se lleva su dinero de una quincena debe ser perseguido por los federales o los policías municipales. Las personas que desgraciadamente han perdido seres queridos no se consuelan al saber que, exceptuando los crímenes federales, el estado vive en un ambiente casi seguro. Las personas que han sido víctimas de un delito sexual tampoco se ven restituidas al conocer que su desgracia no se da en un marco generalizado de violencia. Todos y cada uno de los ciudadanos afectados y desde luego aquellos afortunados que no han sido tocados demandan hechos y no estadísticas o explicaciones fastidiosas que sólo atañen a los abogados.

Las reverberaciones de los crímenes, la impunidad de los delincuentes y la corrupción generalizada de los cuerpos policiacos, federales o estatales, van más allá de las implicaciones numéricas, jurídicas o policiacas. Dañan en lo más íntimo y esencial los mecanismos sociales por medio de los cuales se puede trabajar, producir, crear, estudiar, amar, hacer política, en una palabra, vivir. Se lastiman las bases sobre las cuales descansa la confianza en las autoridades. Se alienta, además, la idea de que para vivir en la frontera todo se vale y hay que estar dispuesto a todo.

Las soluciones a esta situación también deben ir más allá de los diagnósticos que escamotean la magnitud del problema o de las fórmulas sólo policiacas o jurídicas. No hay esfuerzos menores en el combate a la delincuencia, pero éste no es tarea de demagogos o expertos en estadísticas. Se requiere de la capacidad de conjuntar muchos elementos entre los que se cuentan: mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, apoyo integral a los jóvenes, mejores niveles de educación, compromiso de los medios y la iniciativa privada, mayor coordinación entre la federación y el estado, capacitación policiaca, el fin comprobable de la impunidad y, sobre todo, la incorporación de la ciudadanía.

En suma, hay soluciones que son distracciones y soluciones reales. Las medidas espectaculares como el toque de queda, los operativos, la militarización de las policías, la renuncia de un procurador que finalmente es sustituido por otro de su mismo corte, no resuelven en sí mismas las raíces de la violencia y la inseguridad, pero sí traen el riesgo ya probado de que el problema se complique aún más. Las violaciones a los derechos humanos y a las leyes no son una invención de las organizaciones ciudadanas. Son un hecho verificable y que no debe ser tolerado.

Si los gobernantes de la entidad no han sido capaces de frenar esta situacion, entonces tal vez sea hora que empiecen a buscar soluciones más allá de las estadísticas y las declaraciones.