En las próximas semanas los miembros de las cámaras se dedicarán a revisar y debatir el presupuesto del gobierno federal a partir de la propuesta que entregue el Poder Ejecutivo. De acuerdo con las declaraciones de algunos funcionarios y empresarios connotados, este debate debe ser meramente técnico y no debe politizarse. Evidentemente se equivocan, ya que no hay asunto más político en una verdadera democracia que la discusión del presupuesto.

El debate fundamental deberá girar alrededor de la dirección que se desea imprimir a Estado, economía y sociedad en los años venideros. En esencia se trata de elegir entre dos modelos de gasto público, el europeo y el norteamericano. En el modelo europeo contemporáneo se mantiene una alta participación del gasto público en la economía, lo cual tiende a generar una distribución de ingreso más equitativa. En cambio, en el modelo presupuestal estadunidense de nuestros días se tiende a reducir la participación del gobierno --especialmente en el rubro de gasto social--, con el consiguiente efecto de propiciar una distribución del ingreso cada vez menos equitativa, razón por la cual los sectores más acaudalados de la sociedad estadunidense se han ido apropiando de un porcentaje creciente del ingreso total desde hace más de un decenio.

Un reciente informe de la prestigiada revista The Economist ofrece algunos datos corporativos sobre el gasto público por países. Señala que a lo largo de las últimas décadas en la mayoría de las naciones industrializadas, a pesar de gran número de privatizaciones, la proporción del gasto público en relación con el producto interno bruto (PIB) ha tendido a crecer o a mantenerse estable. Por ejemplo, en Francia el gasto gubernamental como proporción del PIB aumentó de 45 por ciento en 1980 a 54 por ciento en 1996; en Italia, de 42 a 53 por ciento; en Alemania, de 47 a 49 por ciento y en España de 32 a 43 por ciento. En cambio, en los mismos años hubo un leve descenso en Holanda, de 55 a 50 por ciento, y en Gran Bretaña de 43 a 42 por ciento. Como se observa, existe cierta homogeneidad en la participación del sector público en las economías del mayor mercado mundial, que es la Unión Europea.

En cambio, en Estados Unidos el gasto público apenas crece, pasando de 32 por ciento del PIB en 1980 a 33 por ciento en 1996 y estando sujeto a fuertes presiones de las grandes corporaciones, compañías financieras y rentistas para que se reduzca. Sin embargo, las limitaciones a los egresos gubernamentales no impidieron un mal manejo de las finanzas públicas en Estados Unidos, que llevaron a que sufriera los mayores déficit históricos durante los años de 1980 y que haya acumulado la mayor deuda pública del mundo. Ha sido, en efecto, la reducción de impuestos a las clases ricas (establecida en la época de Reagan) la que ha generado este problema al restringir los ingresos públicos y provocar un endeudamiento permanente.

En México, a todas luces, los funcionarios de Hacienda han seguido el modelo estadunidense desde 1982, pero con rigor aún mayor, lo cual se observa en la reducción del gasto gubernamental como porcentaje del PIB, de 28 por ciento en 1986 a apenas 23 por ciento en 1996. Esta tendencia ha sido complementada por la caída muy marcada de los salarios reales de la masa de trabajadores en el país, al tiempo que ha aumentado la proporción de beneficios que queda en manos del diez por ciento de la población con ingresos más altos. En otras palabras, parecería que reducir tanto ingresos como egresos del gobierno es perjudicial para una equitativa distribución del ingreso entre todas las capas sociales.