ASTILLERO Julio Hernández López
Ya desde mucho antes el presidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg, había perdido en privado la capacidad de conciliación y consenso frente al virtual bloque opositor que han formado seis de los nueve consejeros electorales (nueve incluyéndolo a él), pero nunca como este jueves 9 se habían exhibido con tanta claridad las pugnas intestinas por el control operativo y el manejo financiero del citado organismo.
El jaloneo que se mostró en público el citado jueves, en una sesión que duró casi diez horas, se centró justamente en el tema del ejercicio del poder y del dinero: las gratificaciones económicas al personal del servicio electoral profesional, la creación de mejores instancias internas de control del gasto y la evaluación del ejercicio del controvertido secretario ejecutivo del IFE, Felipe Solís Acero.
(Otro tema relacionado con el uso del dinero en la política, como es el de las asignaciones presupuestales a los partidos, y los montos mínimos del gasto de las campañas electorales de diversos cargos, fueron motivo también de una impugnación menor y hasta cierto punto natural, pero tan sólo de parte de algunos representantes partidistas, pues el conjunto de los consejeros, tanto electorales como del Poder Legislativo, se mantuvieron unidos en su propuesta original).
No debería ser, sin embargo, motivo de preocupación el hecho en sí de que se produzca una vigorosa discusión en el seno del IFE ni que los términos de sus diferencias se ventilen en público. Resulta absolutamente natural que el trabajo conjunto de personas inteligentes, bien prepara- das, naturalmente críticas, y absolutamente decididas a cumplir bien la función de consejeros electorales, se dé en un ambiente de pluralidad, confrontación de ideas y tolerancia. De hecho, ese peculiar cuerpo colegiado pudo entregar a la nación resultados altamente satisfactorios el pasado 6 de julio.
Sin embargo, muchas de las divergencias internas fueron pospuestas por sus sustentantes en cumplimiento de un plausible sentido de la responsabilidad que les hizo entender que el aireamiento de esas diferencias añadiría motivos a la explicable reticencia ciudadana a confiar en el proceso electoral entonces en curso.
Por ello, entre otras cosas, varios consejeros electorales prefirieron guardarse las muy definidas objeciones que tenían contra la elección de última hora de Felipe Solís Acero como secretario ejecutivo del IFE, cuya pertenencia al aparato tradicional de organización de comicios, y su presunto alineamiento grupal con el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, le hacía desconfiable a los ojos de los consejeros más suspicaces.
La aprobación de Solís Acero fue explícitamente señalada como una muestra de confianza en José Woldenberg, que fue quien hizo la propuesta del caso. El propio Woldenberg habló en esa sesión, la del 31 de octubre de 1996, que estaría dispuesto a evaluar la tarea que realizara el secretario ejecutivo cuando hubiera suficientes elementos para realizarla. Los consejeros electorales, por su parte, consideraron que el plazo más prudente para la evaluación sería al término del proceso electoral de 1997.
Ese proceso ha terminado y los consejeros electorales han pedido que se realice la evaluación prometida, pero ahora, a casi un año del nombramiento de Solís Acero, el consejero presidente Woldenberg ha trocado la conciliatoria postura original --con la que logró un amplio plazo de distensión--, por una postura de defensa absoluta del citado secretario ejecutivo y de rechazo a una petición de evaluación, a cuyo propósito habló de juicios sumarios y de comportamientos facciosos.
Pueden ser ciertos o falsos los argumentos que las partes expongan para hablar en pro o en contra de la permanencia de Felipe Solís Acero, pero no es posible que esa necesaria, y prometida, evaluación, se convierta en un ríspido combate de medición de fuerzas.
No está por demás consignar aquí la sensación que quedó en algunos de los asistentes a la sesión de este jueves, entre ellos el autor de esta columna, de que el consejero presidente usó frases y tonos que multiplican los riesgos del enfrentamiento y acaso de ruptura. Hubo en la sesión del jueves cuando menos un par de ocasiones en las que el discurso de Woldenberg pudo haber conseguido respuestas de igual fuerza.
Medida con la muy pragmática vara de la aritmética, la presidencia de Woldenberg está en una terrible desventaja, pues los consejeros Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio, Mauricio Merino, Juan Molinar y Emilio Zebadúa son mayoría frente a Jacqueline Peschard, José Barragán y el propio Woldenberg. El hecho de que seis consejeros compartan puntos de vista y los defiendan conjuntamente es algo que debe ser analizado con frialdad política por Woldenberg.
Pero, por fortuna, el espacio del IFE se rige todavía por la discusión y la razón más que por el implacable mayoriteo. Woldenberg tiene en el plazo inmediato la obligación de recomponer líneas de comunicación y de atender las propuestas e inquietudes de todos los consejeros en lo individual y de aquellos que las presentan unidos.
De otra manera, el consejero presidente estará entrando en el peligroso terreno que pisan todos quienes teniendo la obligación de conciliar, consensuar y coordinar no lo hacen.
Nadie que verdaderamente esté comprometido con el avance democrático deberá alegrarse de que José Woldenberg, conocedor como pocos en materia electoral, educado en el razonamiento, la discusión y la tolerancia, se entrampe en su encargo.
Tampoco puede haber alegría por la satanización de las legítimas propuestas de los seis consejeros que piden evaluaciones y transformaciones.
Pero, por desgracia, y a riesgo de que ello sea una injusticia, en ese marco de necesario acompasamiento de voluntades nadie debería tampoco sentirse compungido si para bien del IFE, y en aras de la reconstrucción de acuerdos, al funcionario de la discordia, Felipe Solís Acero, se le dan cumplidas gracias por sus buenos servicios y se le permite buscar otros caminos que, sin duda, habrá de encontrar o que siempre ha tenido abiertos.
Astillas: La relevancia de otros asuntos impidió analizar con cuidado la expresión de uno de los consejeros electorales, José Barragán, quien habló de que los seis consejeros electorales del llamado bloque podrían incurrir en figuras delictivas como las de coalición de funcionarios públicos y otras por tratar de ``coaccionar'' a José Woldenberg para crear instancias internas de contraloría. La suposición de que sus compañeros podrían ser delincuentes por exponer sus propuestas y defenderlas es verdaderamente desproporcionada e irracional, pero muestra el clima de enrarecimiento y encono que por desgracia crece en el IFE... Fue una lástima que José María Morfín Patraca no hubiera escuchado en vivo a Woldenberg cuando éste decidió romper lanzas públicamente con seis de los ocho consejeros del instituto para defender a Solís Acero, de quien se ha pedido una evaluación de su trabajo.
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