Los penales de Almoloya y Puente Grande, al borde de la saturación

Gustavo Castillo García Ť Los penales de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y Puente Grande ``están muy cerca de llegar al límite de su capacidad óptima'', y por ese motivo la Secretaría de Gobernación continúa la construcción de dos centros penitenciarios de iguales características en Matamoros y Hermosillo.

Asimismo, mantiene pendiente si se acepta o no la solicitud del Departamento del Distrito Federal de construir otro en la ciudad de México, informó José Luis Rivera Montes de Oca, titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.

En entrevista exclusiva con La Jornada, Rivera Montes de Oca dijo que Almoloya de Juárez, en el estado de México, y Puente Grande, en Jalisco, tienen una capacidad instalada para 400 internos cada uno, y en conjunto albergan a más de 730 reclusos.

Sin embargo, dijo, no se corre el riesgo de que se conviertan en prisiones terminales. En el caso de Almoloya de Juárez, ``desde que está en operación -1991- ha mantenido una población cercana a los 400 reclusos, aunque a lo largo de la historia han ingresado 800 personas'', de las cuales la mayoría ha egresado ya.

Dijo que de ninguna manera las cárceles de máxima seguridad han fracasado como proyecto ni se han limitado, sino que, por el contrario, se continúa con la construcción de los centros penitenciarios de Hermosillo, Sonora, y de Matamoros, Tamaulipas, para desahogar las prisiones estatales y municipales de delincuentes peligrosos.

La ubicación geográfica de los dos nuevos penales de máxima seguridad, sostuvo, tiene que ver con la situación criminal de los estados fronterizos y con la política penitenciaria que sigue el gobierno federal, ya que es en el norte del país ``donde operan los delincuentes de mayor peligrosidad y se dejan sentir con mayor fuerza las bandas organizadas, además de que es la zona donde con mayor frecuencia se viola la Ley de Población''.

Rivera Montes de Oca informó que ``las autoridades del Departamento del Distrito Federal han solicitado que se construya un centro de máxima seguridad en esta ciudad para complementar las instalaciones de la vieja penitenciaría de Santa Martha Acatitla, pero todavía no hay una decisión definitiva para ello''.

Consideró que los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) ``son instalaciones que cumplen con una función estratégica dentro del sistema penitenciario nacional, que sirven de apoyo para las entidades federativas al mantener recluidos a los delincuentes de mayor peligrosidad o a personas que cometieron algún ilícito pero que, por sus actividades personales, públicas o profesionales se les debe preservar su integridad física''.

Los Ceferesos han ``acreditado y con mucho el cumplimiento de los objetivos para los que fueron concebidos, porque si no los grandes delincuentes que albergan Almoloya de Juárez y Puente Grande estarían en cárceles de mediana o mínima seguridad, y ello representaría riesgos para las autoridades, las instituciones y los propios internos'', dijo.

El costo anual de ambos penales asciende a 23 millones de pesos, lo cual se consideraría elevado ``si se pierden de vista los problemas que resuelven, ya que en ellos se mantiene a los delincuentes más peligrosos''.

Hasta el momento, dijo, en México existen 438 prisiones, 4 de ellas consideradas de máxima seguridad, que son administradas por el gobierno federal, 275 manejadas por los gobiernos estatales, 151 están en manos de los ayuntamientos y 8 bajo la administración del Departamento del Distrito Federal; la mayoría se consideran como de media y mínima seguridad.

Los centros federales que controla la Secretaría de Gobernación son Almoloya de Juárez, Puente Grande, Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Villa de Ayala, Morelos. En ellos se encuentran personajes como Raúl Salinas, Mario Aburto Martínez, Jesús Gutiérrez Rebollo, Caro Quintero, y el Chapo Guzmán; además, presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario y extranjeros en calidad de extraditables, como Oscar Cadenas Lorente.

¿La readaptación se cumple?

De acuerdo con lo dicho por Rivera Montes de Oca, ``en los Ceferesos se cumple cabalmente la readaptación social de los internos, al brindarles actividades educativas, deportivas, de entretenimiento y de estudio. Todas ocupan sus horas hábiles conforme al programa que prepara semanalmente la subdirección jurídica. La readaptación, aseguró, se da ``en los términos constitucionales''.

El 87 por ciento de la población trabaja en los talleres de capacitación para el trabajo, mientras que 13 por ciento no trabaja con el resto de los internos, debido a las actividades profesionales o delincuenciales realizadas antes de su encarcelamiento, aunque también realizan labores dentro de sus estancias.