A quienes murieron, pero pudieron haber vivido; a los niños que no llegaron a conocer a su país, ni tuvieron la oportunidad de transformarlo

Las imágenes de muerte y destrucción que llegan de Oaxaca y Guerrero luego del paso del huracán Paulina, traen nuevamente a la memoria de los capitalinos aquéllas de la explosión de San Juanico y de los sismos de 1985. Nos recuerdan la fragilidad de nuestra sociedad, sus instituciones y sus estructuras físicas para enfrentar a las fuerzas naturales y nuestras propias equivocaciones. Este siniestro deja nuevas lecciones, que no podemos olvidar como parece ocurrió con las de hace más de una década.

1. A pesar de lo impredecible, se tuvo la información científica suficiente y el tiempo necesario para tomar medidas de prevención y protección de los ciudadanos, al menos en Acapulco y el estado de Guerrero. Los responsables prefirieron pensar que no pasaría nada, que era mejor ``no alarmar a la gente'' y no dieron la información necesaria a la población, ni tomaron las medidas adecuadas, y Paulina encontró dormidos y desnudos a sus habitantes y a sus autoridades.

2. Una vez más, las instituciones públicas y privadas fueron desbordadas por la magnitud del desastre natural y social, y tuvieron que improvisar las acciones de rescate y normalización de la situación recurriendo a la solidaridad espontánea de los mexicanos, porque a pesar de las múltiples experiencias vividas, no se concede la debida importancia a la protección civil y social frente a los desastres, porque son aleatorios y siempre parece haber otras prioridades.

3. Nuevamente, aparece la sombra de la centralización del poder político, encarnada en el Presidente y los secretarios de Estado que ante una administración y una sociedad civil desestructuradas, desorganizadas, ineficaces y débiles, aparecen ``ordenando'', ``instruyendo'' y ``visitando'' para sustituir publicitariamente lo que debía ser la respuesta natural y automática de una organización permanente, consensada, participativa y dotada de medios y capacidades para actuar sin necesidad de ``actos de autoridad'' espectaculares, pero tardíos y paralizantes.

4. Como siempre, los sectores populares, los pobres del campo y la ciudad, fueron las víctimas mayoritarias de Paulina, pero sobre todo de su situación económica y social: de las precarias condiciones de sus inestables viviendas y de una ubicación inadecuada por razones económicas; de la falta de infraestructura y servicios suficientes y capaces de resistir las emergencias, efecto de la política estatal restrictiva y privatizante; del bajo nivel cultural que impide acceder y comprender la información necesaria en estos casos; de la insuficiencia de los sistemas de salud y asistencia social para enfrentar las necesidades cotidianas y, con mayor razón, las macroemergencias; en una palabra, de la pobreza y exclusión social.

Hoy, preguntamos cuál será el futuro de esas decenas de miles de familias que perdieron su vivienda y patrimonio doméstico, sus míseros lugares de trabajo, su salud física y mental y, sobre todo, a sus familiares, en muchos casos responsables del sustento económico. Obviamente, la gran mayoría de damnificados no cuenta con seguros para protegerse y dependerá de la caridad y solidaridad ciudadanas, porque el Estado mexicano ha abandonado en gran medida su responsabilidad y obligación social.

La primera preocupación oficial ha sido recuperar la infraestructura y servicios esenciales; en segundo lugar, se busca rehabilitar al sector turismo, ``porque garantiza el empleo'' y, sobre todo, porque es el sector dominante del capital en la región; demandamos que haga lo mismo, en el corto plazo, con los informales, artesanos y pequeños empresarios del campo y la ciudad, que emprenda una acción concertada con toda la sociedad, democrática, de reconstrucción digna de las colonias y viviendas de los damnificados. Es su obligación. No faltarán seguramente los neoliberales fanáticos, públicos y privados, que dirán que es un riesgo de la economía de mercado, la única posible, y que el Estado no debe intervenir porque sería ``competencia desleal''. Se ha mostrado hasta la saciedad que la pobreza y exclusión social son factores esenciales del impacto destructivo de los desastres naturales o socio-organizativos; por ello, la tragedia causada por Paulina prueba el fracaso de la política económica, social, de infraestructura y servicios de los gobiernos neoliberales.

El Distrito Federal es parte de un área metropolitana de muy alto riesgo ante macroemergencias; su nuevo gobierno debe aprender esta nueva lección y desarrollar una política de prevención y protección civil democrática que ponga el acento en la solución de los problemas estructurales, que determinan la grave vulnerabilidad de los sectores populares ante ellos. Al mismo tiempo, debe fortalecer las instituciones públicas y sociales de protección civil y poner en práctica una política de información veraz, oportuna y eficiente de información a la sociedad sobre estos riesgos y la forma de enfrentarlos.