ASTILLERO Julio Hernández López
¿Por dónde empezar? ¿Por la militarización de la protección civil que se deriva del discurso presidencial descalificador de las instancias ciudadanas de representación política? ¿Por el rostro descarnado de la modernidad económica que lleva a privilegiar la salvación de la infraestructura turística por encima de los mortales comunes y corrientes que no cotizan en bolsa? ¿Por el cinismo insultante del funcionario de la Secretaría de Gobernación que nos dice que los 125 muertos de Acapulco son un saldo aceptable? ¿ Por la conversión del jefe de la diplomacia mexicana en recadero exculpador de los traspiés declarativos del nuncio apostólico?
La fácil puerta falsa
Como nos muestra con terrible dolor la experiencia de otros países, la descalificación de las vías políticas, y de sus instancias naturales de representación, suele llevar a la puerta falsa de la militarización, tal cual está sucediendo hoy sobre todo en Guerrero, donde se están entregando amplias franjas de operación a los mandos castrenses (más allá de su natural, histórica y plausible participación en las tareas inmediatas de salvamento) como único presunto antídoto contra las pillerías de líderes, representantes e intermediarios civiles.
Es plausible desde luego, como intención, la cruzada presidencial contra los actos de corrupción cometidos por políticos oportunistas y parásitos, aunque los hechos demuestran que son justamente esas redes de representación e intermediación las que durante décadas han aportado control social y capital electoral al priísmo gobernante y que hoy mismo, en estados como Tabasco y Veracruz, por mencionar dos ejemplos palpitantes, trafican con los dineros y los recursos de la atención social a cambio de los votos que llevarán al poder a autoridades que luego recibirán el beneplácito y el apoyo presidencial.
Pero, aparte de la incongruencia de criticar en declaraciones lo que luego se validará en los hechos, en Acapulco se está mostrando peligrosamente la aplicación extrema de la anulación de la política representativa para sustituirla por los mecanismos militares, los cuales tienen funciones específicas de atención en caso de desastres pero no los de estacionarse como remplazamiento de las instancias civiles.
Se han militarizado ya las tareas de seguridad pública para mejor combatir el fenómeno del narcotráfico, y ahora se han militarizado también las tareas de protección civil para mejor combatir el fenómeno de la corrupción política. Habrá que estar atentos para cuando se decida militarizar la política entera.
Apuntes del neoliberalismo
En la caja registradora del pensamiento neoliberal dominante es preferible un mostrador de hotel funcionando que, por ejemplo, una casa de periferia restaurada.
El razonamiento es fríamente implacable: sólo manteniendo en buen funcionamiento la infraestructura turística se podrá restablecer la normalidad de la vida económica acapulqueña que depende esencialmente de esa actividad.
En la lógica de ese razonamiento se podría llegar a la conclusión de que las vidas de seres improductivos son una carga inaceptable para los entes económicamente sanos. Cuestión de prioridades.
El estilo mexiquense
Agustín Gasca Pliego ocupa la dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación por lo mismo que otros funcionarios de esa misma (y de muchas otras) dependencia: por ser mexiquense.
Pero tampoco se crea que un mexiquense común y corriente. No. Gasca Pliego ha sido presidente municipal de Toluca, entre otras cosas, y muy buen amigo de Emilio Chuayffet.
Por ello resulta increíble el daño que ha causado a su jefe y protector político, cuando éste es envuelto de nuevo en el torbellino de los rumores que, como cíclicamente sucede, auguran la inminente caída del secretario de Gobernación, ahora a cuenta de los errores y omisiones relacionados con Paulina, y los cuales presuntamente habrían provocado un enojo presidencial extremo.
Basta con leer las declaraciones de Gasca Pliego ante diputados para sumarse a cualquier irritación contra el grupismo convertido en elemento de promoción política: Gasca Pliego aseguró el lunes en San Lázaro que hubo más que suficientes avisos oportunos para que los pobladores de Guerrero y Oaxaca se protegieran del desastre en curso. Hubo, dijo el funcionario, 240 avisos en Oaxaca y 180 en Guerrero. Y también consideró que 125 muertos en Acapulco son, pues hombre, un saldo aceptable, ``no malo''.
Desde luego, el locuaz mexiquense no acompañó a sus palabras ninguna constancia de la insistencia gubernamental en alertar a la población ni tampoco de la preparación de albergues, el señalamiento de rutas críticas y otros mecanismos que deberían correr paralelos a la presunta prontitud preventiva gubernamental.
Grosero, al extremo de levantarse de la reunión sin despedirse de los diputados, y creyente de que se pueden salvar responsabilidades hilando frases y datos sin sentido, Gasca Pliego muestra el daño que a la nación provoca el nombrar ahijados o amigos como funcionarios, y entregar áreas tan sensibles como la de protección civil por el simple hecho de ser socios del club del estado de México.
El ángel de la dependencia eclesiástica
No se necesita más de un párrafo para comentar el triste papel del jefe de la representación nacional en el exterior, José Angel Gurría, al convertirse en recadero (o, en el mejor de los casos, en oficioso jefe de prensa) de Justo Mullor, el nuncio apostólico que con decir que no dijo lo que está grabado, y con poner a su personero en Tlatelolco a repartir boletines, cree posible desvanecer la evidencia completa de sus declaraciones injerencistas.
Historias del cerverismo
Fernando Castellanos Pacheco puede dar un testimonio poco espectacular pero suficientemente claro de la manera como en Yucatán se manejan desde el gobierno los recovecos legales para hacer sentir a los opositores políticos el desafecto o la animadversión.
El abogado Castellanos Pacheco es notario público desde 1972, y actualmente es diputado federal de mayoría por uno de los dos distritos con asiento en Mérida. Para cumplir con la función legislativa, el notario ha solicitado desde el 31 de julio recién pasado, conforme a la ley de la materia, una dispensa del gobernador del estado para poder desempeñar ambos cargos. Asegura Castellanos que en la historia yucateca hay ``infinidad'' de casos en los que el gobernador ha otorgado la citada dispensa.
Sin embargo, dado que el notario Castellanos es panista, y ha sido secretario del ayuntamiento meridense también panista, el gobernador priísta ha tenido a bien negarse a definir si, conforme a la facultad discrecional que le otorga la ley, extiende la dispensa o no. La única respuesta oficial ha sido el envío del caso a la dirección jurídica del gobierno estatal, para su estudio.
Para combatir esa indefinición, el notario solicitó y logró el amparo de la justicia federal. Ahora, en caso de que el gobernador decida no otorgar la dispensa, el consejo de notarios deberá proponer un suplente, que normalmente es quien el solicitante de la dispensa promueve. Ya nada más falta que las maniobras cerveristas lleven a instalar como suplente del panista a algún priísta recalcitrante. Por lo pronto, el diputado federal pidió un permiso de seis días para asumirse como notario y firmar los asuntos pendientes.
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