El caso al que se refiere la recomendación 13/97 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es indicativo de los obstáculos legales, sociales y culturales que dificultan la acción de la justicia en contra de culpables de violación. En esa recomendación se cuestiona la actuación de empleados y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) quienes, en el afán de buscar la impunidad para un policía judicial acusado de violación, han llegado incluso a destruir pruebas y a pretender suplantarlas con otras falsas. Para colmo, el juez que llevaba el caso aceptó sin más los elementos obviamente falsificados, por lo cual fue apartado del caso y enfrenta, ahora, una investigación del Consejo de la Judicatura.

Estas conductas aberrantes por parte de servidores públicos asignados a la procuración y a la impartición de justicia no sólo evidencian la red de complicidades y corrupción que hace posible la escandalosa impunidad que campea en la capital y en el país, sino que también manifiestan la persistencia de actitudes benévolas hacia las agresiones sexuales, las cuales suelen ser consideradas por no pocos como ``delitos menores''. Tales actitudes -presentes, por desgracia, en integrantes de las instancias penales y policiales de la nación- conforman una subcultura que, en el fondo, se pone del lado del agresor y minimiza el daño que se causa a la víctima, la cual en no pocas ocasiones es vista como propiciadora del ataque.

A este inaceptable atraso cívico y civilizatorio se suma una deficiente legislación en la materia. La violación y el abuso sexual de cualquier tipo constituyen agresiones físicas y sicológicas gravísimas que lesionan de manera profunda la integridad personal de quienes las padecen y dejan secuelas indelebles -físicas, anímicas, o ambas-, amén de que, casi siempre, provocan severos desajustes en el entorno social y familiar de las víctimas. Sin embargo, las sanciones penales que la legislación nacional estipula para los culpables de tales acciones delictivas distan de ser proporcionales a la gravedad del daño y del delito. Por añadidura, las prácticas periciales y procesales establecidas suelen traducirse en situaciones denigratorias, en nuevos hostigamientos y en cuestionamientos a la persona afectada.

En este contexto, y ante la imperiosa necesidad de combatir la violación y los delitos sexuales en general, es clara la urgencia de establecer sanciones penales más severas que las existentes, como lo demandaron ayer diversas organizaciones civiles a integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A la luz del trágico episodio ocurrido hace no mucho en Durango, es también deseable que esta demanda se generalice en el país, a fin de que los códigos penales estatales sean modificados en consecuencia.