Mayores penas para los delitos sexuales, exigen mujeres a la ALDF
Alonso Urrutia y Miriam Posada Ť Mayores penas para los delitos sexuales, la revisión de las causales de aborto permitidas legalmente y políticas de salud que contrarresten la elevada mortalidad femenina asociada a abortos clandestinos, cáncer cérvico-uterino y sida, pidieron ayer diversas organizaciones agrupadas en la Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal, durante una reunión con diputadas de la Asamblea Legislativa capitalina.
Las integrantes del organismo presentaron el cuadro general que enfrenta la mujer en esta ciudad que, entre otros aspectos, concentra 20 por ciento de los casos de sida en todo el país y en donde muere 12 por ciento más mujeres que la media nacional por causas asociadas a hemorragia por embarazo, partos, toxemia, aborto inducido o descuido médico.
En la reunión, la diputada priísta Adriana Luna Parra dijo que durante el trienio de la actual legislatura será posible revisar el Código Penal, ``concebido desde principios de siglo y que a pesar de reformas sucesivas no eliminan la visión de esa época respecto del concepto de familia y de la mujer''.
Por ello, planteó la necesidad de una mayor participación de las organizaciones de mujeres para ``aportar la visión de género a estas reformas''.
De su lado, la perredista Pilar Márquez aseveró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal conformará la comisión de la mujer para abordar la problemática de este género que enfrenta la desatención en diferentes ámbitos que se reflejan en violencia contra la mujer, marginación laboral y deficientes programas de atención a la salud.
En el desglose de la realidad de la mujer, el informe de la Red señala que en el renglón de la salud femenina, la mayoría de las muertes son evitables, no solamente en el terreno médico, sino porque están asociadas a la ``condición desigual de la mujer dentro de la sociedad y factores socioeconómicos como la desnutrición, la insalubridad ambiental, el bajo nivel de escolaridad, el escaso acceso a los servicios de salud y una deficiente atención perinatal.
A manera de ejemplo, señala que las deficiencias en la educación sexual tienen como consecuencia que 13.9 por ciento de las muertes maternas sean de adolescentes entre 14 y 19 años. Esta situación también genera un mayor número de abortos que, por su carácter ilegal, constituye uno de los principales problemas de salud pública, pues por su clandestinidad se ha convertido en la cuarta causa de muerte.
Salud
En el ámbito de la salud, el documento entregado a las diputadas establece la necesidad de incrementar los presupuestos asignados a los programas preventivos de salud, particularmente a los de detección de cáncer cérvico-uterino. Los datos oficiales que se tienen reportan la muerte de una mujer cada dos horas por esta enfermedad, que es la primera causa de muerte en las mayores de 20 años.
Por ello, corresponde al aborto, en la reunión se planteó la revisión de la legislación capitalina para equipararla con normas establecidas por el conjunto de los códigos penales en la República. Hasta ahora, en la capital sólo se consideran como causales de aborto violación, peligro de muerte de la madre y malformaciones congénitas detectadas en el feto.
Otro aspecto relevante del panorama presentado es el relativo a la violencia contra las mujeres. De acuerdo con los datos de las agencias especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre enero y octubre de 1996 se registraron 2 mil 972 casos, de los cuales más de la mitad fueron por violación o por tentativa de violación y 29.2 por ciento por abuso sexual.
En este sentido, se planteó la necesidad de que se aplique realmente la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, incorporando personal capacitado en las instituciones responsables de hacerla efectiva. En lo inmediato, consideraron urgente crear albergues temporales para mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar
La Red de Mujeres propuso a las diputadas incluir a la violación como delito sexual, pues hasta ahora solamente es considerado como un ``abuso de derecho''