Llama el CEU a que Barnés retire las acusaciones contra estudiantes

Claudia Herrera Beltrán Ť Cerca de 60 estudiantes y alumnos expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrentan procesos judiciales promovidos por la máxima casa de estudios ante las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, informaron ayer activistas del Consejo Estudiantil Universitario (CEU).

Ante el número de investigaciones penales que pesan sobre universitarios, los ceuístas aseveraron que el Tribunal Universitario ha dejado de ser un órgano interno de justicia, y la defensoría de los derechos universitarios ha perdido su autonomía para permitir que el derecho penal se convierta en un instrumento de castigo a los dirigentes estudiantiles.

En conferencia de prensa, Adolfo Llubere, Fernando Belaunzarán, Inti Muñoz y Victor Valero --involucrados en procesos judiciales-- hicieron un llamado al rector Francisco Barnés para que inicie un diálogo con los estudiantes en el que se discuta el retiro de las acusaciones penales.

Paralelamente, los ceuístas iniciaron una campaña contra los procesos judiciales promovidos por la UNAM, la cual consiste en la presentación de quejas ante Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos, así como ante ONG mexicanas y la Red Mexicana Todos los Derechos para Todos.

Asimismo, hicieron pública una carta pública dirigida a Barnés, en la que por lo menos cuarenta académicos de alto prestigio, así como centenares de estudiantes manifiestan su preocupación porque en la UNAM se resuelven actualmente las diferencias a través de la represión y el amedrentamiento, en vez de recurrir a los canales universitarios.

Explicaron que hay acusaciones contra menores de edad como Nadia González García que enfrenta el cargo de difamación y calumnias contra el rector, caso que es llevado por la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGJDF.

A la lista de jóvenes con expedientes judiciales, indicó el abogado Sergio Soto, se suman 40 estudiantes de planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades que fueron acusados de despojo y daño en propiedad ajena cuando participaron en la toma de la rectoría en el marco del movimiento de excluidos de 1995.

En la misiva, firmada, entre otros académicos, por Elena Beristáin (profesora emérita), Adolfo Gilly y los premios Universidad Nacional, Alfredo López Austin y Javier Torres Pares, conminan a la comunidad a que denuncie que los métodos y prácticas de ``solucion de controversias'' en la UNAM no respetan los derechos humanos; condene que se emplee el delito de asociación delictuosa para titpificar la realización de protestas estudiantiles y exijan el cese de la persecusión contra activistas del CEU.

En tanto, Valero --quien recientemente fue detenido--, así como Belaunzarán y Llubere --que se encuentran amparados contra órdenes de detención libradas por su participación en la toma de la rectoría--, dijeron que no van a reconocer que cometieron un delito, como les propuso la rectoría para otorgarles el perdón, y señalaron que insistirán en que los procesos judiciales sean cancelados.

Aseguraron que la PGR actuó en contubernio con la UNAM para ``revivir'' las investigaciones contra los estudiantes y que prueba de ello es que en dos años el Ministerio Público que investiga esos casos no desahogó las pruebas que presentaron sus abogados defensores y se dictó auto de formal a Víctor Valero en un plazo de 72 horas, siendo que tenía derecho a 144 horas para reunir las pruebas de su inocencia