Se investiga a un juez por recibir pruebas sin ningún sustento jurídico

Ricardo Olayo Ť La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó irregularidades en el caso de una joven violada cuyo agresor --Juventino Carrillo Candelaria-- está preso y dado de baja de la Policía Judicial, corporación a la que pertenecía al momento de cometer el delito. El sujeto, señala la CDHDF, presuntamente ha recibido apoyo de personal de la Procuraduría de Justicia capitalina, donde se ha tratado de protegerlo creando pruebas de descargo.

A lo largo de la intervención del ombudsman, se dijo que el juez 32 estuvo involucrado por aceptar pruebas sin sustento jurídico, y debido a su presunta parcialidad tuvo que abandonar el caso; en estos momentos es investigado por el Consejo de la Judicatura.

El presidente de la comisión, Luis de la Barreda, dio a conocer la recomendación 13/97 contra la procuraduría --la quinta enviada a esa dependencia en el año--, en la que pide investigar al personal que intervino en las indagatorias.

Interrogado respecto de los abusos que en los últimos meses se han reportado de parte de las autoridades, De la Barreda Solórzano respondió que ``los abusos de poder son una realidad permanente'', y precisó que ``la comisión no puede instaurar el reino de Dios, pero sí lograr que se haga justicia''.

De acuerdo con la queja presentada, en agosto de 1995 el agente judicial junto con otros dos sujetos se introdujo en una casa para robar y ahí agredió a una joven. Con la declaración de los familiares y la elaboración de retratos hablados se logró la identificación de Juventino Carrillo, quien fue capturado 14 meses después, en octubre de 1996.

El juicio se llevó a cabo en el juzgado 32 penal del Reclusorio Sur, a cargo de José Luis Aguirre Huerta, a quien la familia acusó de parcial y de tener una actitud hostil hacia la joven. Según la narración, una de las más graves irregularidades fue que admitió una prueba pericial para la identificación de ADN, que ya había sido desechada sin reclamo del detenido.

Pruebas sembradas

La defensa del judicial pidió un estudio comparativo del semen del agresor con el encontrado en la ropa interior de la mujer agredida. El juez aceptó y solicitó a la procuraduría que enviara la ropa, pero Gerardo Saucedo Castillo, secretario particular del director de Investigación de Delitos Sexuales, Enrique Cocina, respondió que la prenda muy seguramente había sido incinerada por constituir un foco de infección, además de que no había constancia de que existiera.

Ante tal respuesta, el juez determinó desierta la prueba, pero por un reclamo de la defensa cambió la resolución y dos meses después el subdirector del Ministerio Público en Juzgados Penales, Sergio Valdez Torteya, le envió una pantaleta que según él era la misma de la indagatoria original.

Sin embargo, al hacer el estudio comparativo se encontró que la prenda no correspondía a la que llevaba la joven, además de que ella rechazó que fuera suya.

Para tratar de explicar los hechos, Valdez Torteya dijo a los visitadores de la CDHDF que por la restructuración de la procuraduría había varias cajas con objetos ``rezagados'', en las que encontró la ropa interior; pero nunca pudo explicar por qué envió la prenda si nadie se la había solicitado en el juzgado.

Sospechas

El texto de la recomendación indica: ``No existe la certeza de que se haya tratado de un simple descuido. Es posible que se intentara beneficiar indebidamente al inculpado, quien prestaba sus servicios precisamente en la misma delegación Coyoacán, donde fueron denunciados los hechos. Pero aún más, eran también judiciales quienes hacían las veces de mensajeros entre la Dirección General de Servicios Periciales y la mesa de trámite''.

Por la falta de un ``método'' para investigar se recomienda al procurador de Justicia del DF, Lorenzo Thomas, que se cumpla en todas las averiguaciones con la ley para recoger los objetos que pudieran tener relación con el delito, además de iniciar procesos administrativos y, en su caso, penales por las irregularidades descritas.

Actualmente la víctima tiene en su favor medidas de protección por el riesgo de represalias; la participación de la CDHDF llevó menos de dos meses, hasta la recomendación, y en ese lapso La Jornada difundió el caso con precisión