El desencuentro de seis consejeros del Instituto Federal Electoral con su presidente, con motivo de la solicitud de evaluación de la labor del secretario ejecutivo --petición que lleva implícito un intento por remover a este funcionario--, ha causado una severa crisis en el Instituto.

A lo largo del año que todos ellos llevan en el IFE --tomaron posesión a fines de octubre de 1996--, la relación entre los cuerpos colegiado y operativo no ha sido fácil, pero ambos habían hallado siempre la fórmula de conciliación oportuna y adecuada, mediante una intensa negociación. De ese modo lograron conducir y ejecutar con notable éxito las históricas elecciones del 6 de julio de 1997. Ahora es distinto, ahora el puente de comunicación fluida y eficaz --indispensable para la negociación y el acuerdo, y que no consiste sólo en reunirse y hablar-- está roto. Y a todos compete reconstruirlo.

Si bien el éxito de la elección es compartido por las dos grandes ramas del IFE, la colegiada y la operativa, es necesario añadir que el mayor mérito no corresponde ni a una ni a otra, sino a los cientos de miles de ciudadanos que participaron en el proceso electoral como consejeros distritales, funcionarios de casillas, representantes de partido, observadores...

La democracia que estamos estrenando no la suministraron José Woldenberg, Felipe Solís Acero y los consejeros, ni juntos ni separados, sino es obra de la sociedad nacional que ha protagonizado --está protagonizando-- lo que el consejero Mauricio Merino llama la transición votada. Y sostener esto no es ocioso, porque si los miembros del Consejo General --quienes a veces actúan como si participaran en un torneo de egos catedralicios-- se convencen realmente de ello, no les resultará difícil volver a la vía de la negociación y descartar la confrontación.

Tiene razón José Woldenberg en demandar que no se juzgue a nadie ``por su vida personal, sus relaciones o sus preferencias'' (José Gil Olmos, La Jornada, 10 de octubre, p.49), porque hacer esto, aparte de ser injusto, equivaldría a poner en duda su propia imparcialidad a causa de su pasado perredista y también la de, por ejemplo, Jaime Cárdenas sólo porque fue asesor de prominentes priístas. Lo que importa, pues, es el desempeño de cada quien.

Desde el otro ángulo, los consejeros electorales --entre quienes es posible hallar talento y buena fe-- tienen derecho a desconfiar y a no estar conformes con el trabajo del secretario ejecutivo, pero están obligados a sostener con argumentos sus pretensiones y con pruebas sus acusaciones. Tanto como lo está el consejero presidente a escucharlos sin prejuicios y a entender sus legítimas preocupaciones ante el desafío mayor de las elecciones del 2000.

En otras palabras, la solución es negociar. Y negociar significa renunciar a juicios sumarios y defensas a ultranza, a ceder, a buscar fórmulas de conciliación. Si una parte quiere negro y la otra desea blanco, ¿no habrá manera de diseñar un gris satisfactorio para ambas? Debe anotarse que del lado de los consejeros existe ya por lo menos un signo en ese sentido: hay una notable diferencia entre ``evaluar el cargo del secretario ejecutivo'' como lo apunta Merino (La Jornada, 15 de octubre, primera plana) y ``una evaluación del desempeño del licenciado Felipe Solís Acero'' como se asentaba en la carta del 2 de octubre. Si los demás consejeros comparten el planteamiento de Merino, importante en términos de actitud y tono, el movimiento siguiente le correspondería a Woldenberg.

El IFE se ubicó en los cuernos de la luna tras de los comicios del 6 de julio, pero ni por asomo se le ha entregado un cheque en blanco. Su prestigio y credibilidad deben ser justificados y ratificados una y otra vez, y ciertamente esto no será posible si el puente aquel sigue roto. Ninguna de las dos partes enfrentadas tiene derecho a erosionar a un órgano autónomo de Estado por el que tanto luchó la sociedad por medio de los partidos.

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Más de 30 personas comieron durante alrededor de tres días con aproximadamente 5 mil pesos en cada distrito durante las jornadas electoral y de cómputo. Y algún cuentachiles de la Junta Local Electoral del IFE en el Distrito Federal, so pretexto de comprobación insuficiente, está exigiendo devolución de dinero a algunos órganos distritales y negándose a reembolsar gastos efectuados por exigencias de operatividad y apremio. Ya párenlo, ¿no?