En esta entidad los problemas de ilegitimidad gubernamental han sido arrastrados a lo largo de muchos años, habiendo sido soslayados con el pretexto de un federalismo mal entendido. La catástrofe que azota a la entidad hoy, no es ajena a los problemas de fraude electoral, violencia e impunidad.

La contaminación y las deficiencias en los servicios urbanos de la ciudad de Acapulco no son nuevos, el huracán Paulina vino a ponerlos al descubierto dándoles una dimensión extraordinaria. Desde 1990 un minucioso estudio realizado por la UNAM y el Centro de Ecodesarrollo ponía al descubierto los peligros que amenazaban al que fuera ``paraíso del Pacífico'' al transformarse en una ciudad depauperada, mal urbanizada, insalubre (Ivan Restrepo, La Jornada, 11 de octubre de 1997, p.10). Pero en Guerrero, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales han tenido el menor interés de resolver los problemas de fondo, antes al contrario, tanto en el gobierno de Rubén Figueroa como en el de Angel Heladio Aguirre, las autoridades toleraron asentamientos irregulares en la zona alta de la bahía de Acapulco, conocida como ``El Anfiteatro'' y se vendieron terrenos para viviendas populares en las orillas de los ríos (Jorge Fernández Menéndez, El Financiero, 14 de octubre de 1997, p. 42). Los huracanes son incontrolables, pero no imprevisibles, cuando menos con unas horas de anticipación, tiempo suficiente para tomar medidas que permitan atenuar sus efectos. En los países ``modernos'' existen mecanismos para atenuar sus efectos, se da aviso a la población, se trata de salvaguardar su salud, hacer acopio de víveres, rescatar o asegurar sus pertenencias, proporcionar albergues adecuados, atención médica suficiente... hay coordinación entre las acciones de las agencias gubernamentales y la población civil... la población confía en que la información es verídica.

Definitivamente Guerrero no entra en esa categoría de país. Doce horas antes de que Paulina tocara las costas mexicanas, ya se tenían noticias bastante exactas del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua de la peligrosidad del huracán; asimismo, se conocía el riesgo de algunas zonas habitacionales ``precarias'', las cuales no podrían resistir semejante impacto (Julio Aranda y Miguel de la Vega, Proceso, no. 1093, 12 de octubre de 1997, p.7). Parece que una de las causas para no alertar a la población oportunamente fue encubrir los turbios negocios de las autoridades locales y los líderes políticos con los terrenos en zonas populares. Además, otra agravante del problema fue que en ocasiones anteriores las autoridades habían usado los avisos de emergencia como pretexto para desalojar a estos pobladores, cuando en realidad no había amenaza de catástrofe natural alguna. Para colmo de males, la corrupción llega hasta las instituciones encargadas de repartir la ayuda humanitaria. ``Ya nos pasó la vez pasada, cuando el huracán Boris. Les dieron todo a los líderes priístas y éstos se quedaron con la mayor parte'' (op cit, p.10).

La ciudad de Acapulco, con millón y medio de habitantes, donde más de 700 mil de ellos viven en asentamientos irregulares, tolerados por el gobierno, sin servicios urbanos adecuados, fue el lugar donde el impacto del huracán causó daños más espectaculares; sin embargo otras muchas comunidades más pequeñas de la costa de Guerrero y de Oaxaca sufrieron también de la catástrofe natural y de la negligencia de las autoridades.

En esta ocasión Paulina puso al descubierto el drama que ocultan los gobiernos ilegítimos, donde el resultado es la irresponsabilidad y el divorcio entre la sociedad y el gobierno, un divorcio que en Guerrero proviene de una larga historia de autoritarismo. No es posible seguir defendiendo a los caciques locales con la bandera del ``federalismo'', antes que esa supuesta independencia del Congreso local están los derechos humanos y civiles de la población. Ocultar nuevamente a los responsables, solamente llevará a permitir que estas catástrofes se repitan una y otra vez en nuestro país.