El intenso activismo del presidente Ernesto Zedillo en Acapulco, más allá de su sentido humanitario y su deber como gobernante, parece parte de un movimiento estratégico para tomar la delantera en esa auténtica lucha de clases que emergerá de las secuelas del huracán Paulina.

Razones para el descontento social las hay, y muchas. La primera es la falta de aviso a la población como causa principal de la pérdida de las vidas humanas.

En Acapulco bajan siete arroyos, y sólo en el cauce de uno de éstos ocurrió la mayoría de las muertes. Se trata del río Camarón que cruza no únicamente colonias de precaristas o de alta marginalidad, sino por una colonia popular bien establecida, la Palma Sola; otra que es un pueblo viejo, Santa Cruz, y colonias de clase media alta y baja como la Vista Alegre, la Unidad Fovissste y la Progreso.

Un aviso serio y oportuno de las autoridades responsables seguramente habría sido atendido, pues se trata de colonias de ciudadanos informados y participativos. En ellas, en las elecciones del 6 de julio pasado el candidato del PRD a diputado federal Alberto López Rosas venció 2-1 al del PRI, el senador y ex presidente municipal de Acapulco, Israel Soberanis Nogueda.

Por otra parte, Acapulco es la ciudad mexicana más conocida en el mundo y también la que concentra varias de las principales distorsiones del actual modelo económico excluyente y del sistema político vigente. Coinciden, en el mismo espacio, una abismal desigualdad social con un régimen altamente corrupto y proclive a usar la violencia contra los pobres y sus organizaciones.

Dejar a las autoridades estatales o locales el peso de la ayuda a los damnificados -que efectivamente se encuentran en muchas más colonias que las mencionadas- habría significado contribuir a crear un escenario similar al de Nicaragua después del terremoto de 1972, cuando los allegados al régimen somocista se apropiaron de la ayuda internacional y provocaron así el fortalecimiento de la estrategia de lucha armada del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

De modo que en un estado donde existe una guerrilla que actúa intermitentemente, el abandono de los damnificados y la rapiña de grupos priístas locales en torno de la masiva ayuda humanitaria podrían provocar una situación de ingobernabilidad en la que tuvieran eco las proclamas del EPR.

No es una exageración. Allí están las denuncias que involucran a funcionarios estatales y municipales, lo mismo que a líderes priístas que por la presión de los acontecimientos han tenido amplio espacio en la televisión local y en algunos diarios acapulqueños. De aquí la decisión de poner en manos del Ejército el control de los albergues y de ya no repartir despensas, sino proveer de alimentos preparados a los necesitados, estén o no en albergues.

Otra medida fue marginar de las instancias de decisión a los diputados federales del PRD, inclusive de malas maneras, pues el mismo presidente Zedillo impidió que López Rosas hablara durante una reunión en la que sí tenían asiento los representantes populares del PRI, pese a que este partido perdió los dos distritos de Acapulco. (A propósito, la nueva Cámara de Diputados federal debió haber salido en defensa del diputado acapulqueño para hacer valer, en lo concreto, su atribución de poder no subordinado al Ejecutivo).

Una tercera medida, aparentemente sin relación con las anteriores, tiene que ver con el futuro del puerto, y aquí se ha dado punch a un Comité de Reconstrucción de Acapulco en el que participan solamente los organismos empresariales que necesariamente tienen una visión que no considera los intereses de los pobres que constituyen la mayoría de los acapulqueños.

Así, la Federación viene de nuevo a demostrar que manda en Guerrero. Desconfía profundamente de las autoridades estatales y municipales al igual que de los priístas guerrerenses. Pero tampoco quiere que crezca el PRD y sus aliados, muchos de éstos empresarios o profesionistas respetables, como el abogado López Rosas, ni mucho menos el EPR. Entonces ¿se quedará la Federación todo el tiempo en Guerrero? ¿Cuánto va a aguantar el Ejército el roce constante con la población civil?

Aunque sea después de la tragedia, qué bueno que el gobierno federal cumpla con sus responsabilidades del caso. Pero otra sería propiciar, o al menos no entorpecer, el desarrollo de un nuevo grupo dirigente en Guerrero ajeno a la corrupción del actual, a su proclividad por la violencia y a su ineficiencia otra vez evidenciada con trágicas consecuencias.