San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de octubre Ť De manera preocupante y por demás injusta continúan y se recrudecen los hechos de hostigamiento contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en la persona de sus agentes de pastoral, sobre todo en la zona norte, a pesar de la denuncia que se hizo de ello el pasado 21 de junio, hasta tal punto que ya se habla de nuevo de una verdadera situación de persecución. Ello coincide con el endurecimiento de las partes en conflicto para reanudar el diálogo suspendido desde hace más de un año, con el aumento y reforzamiento de las posiciones del Ejército, con el abierto accionar de grupos paramilitares como el autodenominado Desarrollo, Paz y Justicia, y con una nueva campaña de prensa, particularmente en el estado, que vuelve a acusar gratuitamente a la diócesis como la verdadera responsable de la violencia. Todo hace pensar que la persecución a la Iglesia forma parte, como en otras latitudes, de un esquema de contrainsurgencia que sigue promoviéndose como la supuesta solución al conflicto.

Integrantes, en efecto, del mencionado grupo violento han lanzado amenazas de muerte contra catequistas del municipio de Tila, entre quienes se encuentra una persona que sufrió ya el 14 de febrero un intento de homicidio en su domicilio, y mantienen tomado el templo católico de El Limar desde el 6 de octubre pasado. Llama poderosamente la atención la actuación impune de ese tipo de grupos, pues nunca proceden ni se les da entrada a las denuncias penales que se interponen.

El lunes pasado leímos en La Jornada que el párroco de Tila tiene que esconderse porque hipócritamente se le imputa ser la causa de una violencia que ha dejado como saldo más de 5 mil desplazados y refugiados en la zona norte. Un hecho que vale la pena consignar ampliamente es que el 2 de octubre anterior fueron detenidos arbitrariamente a las tres de la madrugada en el municipio de Tumbalá, por un comandante de Seguridad Pública en completo estado de ebriedad y dos policías fuertemente armados, que también habían ingerido bebidas alcohólicas, dos religiosos pasionistas mexicanos que tenían que dirigirse a esa hora a tomar un autobús para acudir temprano a realizar sus labores apostólicas en una comunidad lejana. Durante una hora se les trató e interrogó como si fueran traficantes, esculcándoles sus maletas y pertenencias, preguntándoles quiénes eran sus gobernantes y qué trabajo hacían.

Luego de amenazarlos con consignarlos y detenerlos por varias horas, fueron dejados en libertad en una calle oscura, no sin antes preguntarles cuántas gentes estaban organizando. Aunque desde entonces el hecho ha sido denunciado ante el Ministerio Público correspondiente, no ha habido ningún resultado de las indagatorias. Hechos como ése ya se han repetido en varias ocasiones en el mismo municipio, contra personas que por miedo y desconfianza en las autoridades no se han atrevido a denunciarlos.

Lo más curioso es que sin haber estado presente ningún testigo de la prensa, un periodista publicó calumniosamente en uno de los periódicos de Tuxtla Gutiérrez que los religiosos fueron detenidos porque andaban encapuchados y llevaban armas. ¿Quién le pasó esa supuesta información? ¿A qué obedece esa tergiversación grosera de esos hechos? Es alarmante que el mismo periodista en el mismo periódico se ha venido encargando de publicar informaciones confidenciales de la diócesis, que nada tienen que ver por cierto con la violencia, y de difamarla abiertamente. Ha acusado incluso a don Samuel de ser el autor intelectual del asesinato del cardenal Posadas. ¿Quién instiga todas esas acciones? ¿Quién paga la campaña? ¿Qué control tiene el gobierno de todos esos hechos infamantes? ¿A quién beneficia todo eso?