La disolución del grupo policiaco especial jaguares, decretada ayer por el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, general Enrique Salgado Cordero, habría podido ser una decisión plausible en otras circunstancias. Sin embargo, en las actuales, cuando varios integrantes de ese agrupamiento están consignados por el homicidio de seis jóvenes secuestrados en la colonia Buenos Aires el 8 de septiembre, cuando aún no se tiene ninguna versión sobre las otras dos muertes ocurridas en el lugar de la balacera, cuando no existe una explicación oficial verosímil sobre las circunstancias en las que ocurrieron esas ejecuciones extrajudiciales ni sobre las responsabilidades que pudieran corresponder a mandos medios o superiores, es inevitable que la ciudadanía reciba con suspicacia la noticia del desmantelamiento de ese grupo policiaco y que se dé curso a la sospecha de que esta medida tiene por objeto, en realidad, obstaculizar o impedir la investigación penal correspondiente.

No puede olvidarse, a este respecto, que desde el día en que fueron encontrados los primeros tres cadáveres de los jóvenes ajusticiados, en el área de Tláhuac, Salgado Cordero se apresuró a exculpar a priori a los elementos de su corporación; que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) difundió la hipótesis de que los asesinatos señalados podrían ser resultado de una confrontación entre bandas de narcotraficantes y que, ante la sociedad, se exhibieron antecedentes penales de algunos de los muertos con el propósito inocultable de atenuar la indignación que generó el homicidio múltiple; no debe olvidarse, tampoco, que en su comparecencia de antier ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el procurador capitalino, Lorenzo Thomas Torres, se refirió a este cruento episodio en forma evasiva, lo calificó de ``hecho aislado'', negó la existencia de autores intelectuales de la matanza e incluso rechazó que se haya tratado de ajusticiamientos, pese a que las heridas de bala en los cuerpos de cuatro de las víctimas indican que fueron ejecutadas.

En suma, la actuación de las autoridades ha dejado la generalizada impresión de que se pretende minimizar este gravísimo suceso, negar que se trató --como lo indican todos los elementos de juicio disponibles-- de un operativo de exterminio e incluso proteger a algunos de los responsables de la acción de la justicia y procurarles la impunidad.

En este contexto, el anuncio de la disolución de los jaguares no hace sino reforzar estos fundados temores: la desaparición de las estructuras de mando de ese grupo especial, la dispersión de sus integrantes, así como la indefinición sobre el paradero de archivos, bienes muebles y otros elementos de ese agrupamiento --elementos que podrían aportar datos en una pesquisa rigurosa-- dificultarán, objetivamente, la investigación sobre los asesinatos y el esclarecimiento de las responsabilidades penales.

En otro sentido, no resulta claro el criterio empleado por Salgado Cordero para ordenar la disolución de ese grupo policiaco y no hacer otro tanto con los zorros, varios de cuyos efectivos se encuentran, también, sujetos a investigación por las muertes relacionadas con la balacera del 8 de septiembre en la colonia Buenos Aires.

Por otra parte, no puede dejar de consignarse la falta de sensibilidad que caracterizó las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, quien esgrimió, como motivo de la decisión comentada, que los jaguares hayan ``deshonrado la imagen de la SSP'' sin mencionar que 12 elementos de esa agrupación están acusados de segar vidas humanas, una falta mucho más grave que lesionar imágenes institucionales. Finalmente, es necesario que la ALDF y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tomen cartas en el asunto para impedir que, en el contexto del desmantelamiento de ese cuerpo policial, se pierdan los elementos probatorios que permitan reconstruir la verdad en torno a esos ocho condenables asesinatos perpetrados el mes pasado.