Desde la ratificación de la primera Constitución de la República Mexicana, en 1824, se estableció que el sistema de gobierno sería federal. Sin embargo, a lo largo del último siglo, el centralismo se ha impuesto de manera tan contundente en México que la autonomía federal de los estados ha quedado reducida a su mínima expresión, especialmente en el terreno fiscal. Hoy día todos los gobiernos estatales dependen abrumadoramente de transferencias fiscales de la Secretaría de Hacienda para su sostenimiento, aunque en los últimos años se haya comenzado a transferir una serie de funciones públicas --especialmente de educación pública-- a los estados.

Que debe reforzarse el federalismo no está en cuestión. Pero la manera de hacerlo presenta numerosas interrogantes, ya que existen distintos modelos para llevarlo a cabo. Una posibilidad consiste en seguir el ejemplo de Estados Unidos, en donde se ha procedido a transferir a los estados gran parte de las funciones sociales que cumplía el gobierno federal, otorgando a éstos mayor autonomía fiscal en sus recursos para solventar los gastos que esta descentralización implica. Sin embargo, ello tiene serios inconvenientes en tanto que fomenta una rivalidad entre las administraciones estatales que será ruinosa a la larga. Por otra parte, la fragmentación del gasto social en Estados Unidos tiende a acentuar las disparidades regionales y a dificultar la coordinación de políticas nacionales en educación, salud y bienestar social.

Una serie de alternativas que son más pertinentes para la reforma fiscal en México son aquellas utilizadas por diversos países de la Europa latina. Como en México, en España, Francia e Italia existe una larga tradición de grandes gobiernos centrales que, sin embargo, son cada vez más atentos a las notables y ricas diferencias culturales y sociales entre las regiones de cada país. En España, por ejemplo, la transición a la democracia, realizada a fines de los años setenta, dio pie a la formulación de un esquema fiscal mediante el cual el gobierno central se sigue encargando de la recaudación pero transfiere una cantidad creciente de fondos a los gobiernos de las comunidades autónomas. El éxito del modelo es palpable a nivel económico y social, observándose una clara mejoría en la distribución de la riqueza, al tiempo que ha propiciado un extraordinario auge de la cultura y la educación en las muy diversas regiones españolas.

En México, todos los gobiernos estatales pugnarán por un aumento de las transferencias de la Federación y muy merecidamente, ya que disponen de apenas 18 por ciento del total de los recursos fiscales. Pero ello no implica que requiera descentralizarse la recaudación, sino que pueden aplicarse esquemas como los propuestos recientemente por los economistas Jaime Sempere y Horacio Sobarzo, de reformar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal e introducir un ramo para los gobiernos estatales en la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De esta manera, los estados tendrían la responsabilidad por apoyar la eficiencia de la recaudación al tiempo que dispondrían de mayores ingresos a partir del más progresivo de los impuestos1. Al mismo tiempo, podría implementarse un fondo de compensación territorial, similar a los esquemas utilizados en la Comunidad Europea. En resumidas cuentas, las opciones son diversas y deben discutirse para asegurar que la reforma fiscal favorezca a las regiones mexicanas sin debilitar a la nación.

1 J. Sempere y H. Sobarzo, Elementos económicos de una propuesta de reforma del federalismo fiscal en México, CEE, El Colegio de México, 1996.