La sociedad está mostrando nuevamente su sensible conciencia solidaria, al acudir, con lo que puede y tiene, en auxilio de las víctimas del huracán Paulina en Oaxaca y Guerrero. Lo mismo hizo cuando la explosión e incendio en San Juanico o en 1985 tras el sismo terrible que segó la vida de miles de mujeres y hombres en el DF. Las organizaciones de la sociedad y los individuos entendieron, sin necesidad de esperar iniciativas o llamados oficiales, que tras el paso del meteoro por la costa del Pacífico, lo primero y más urgente era movilizarse en auxilio de quienes sufrieron sus efectos devastadores. Y lo han hecho sin condiciones, como un deber.

Pero concentrar energías sociales y estatales en la solidaridad, no se contrapone con el derecho de las organizaciones civiles, los partidos y los articulistas de la prensa a exigir explicación y esclarecimiento, además de responsabilidades, si las hubiera, sobre la eficacia o ineficacia del Sistema Nacional de Protección Civil --que encabeza el presidente Zedillo y del cual es secretario tácnico el licenciado Chuayffet Chemor-- ante el embate de Paulina. Contrariamente a la opinión presidencial, sí tiene sentido deslindar responsabilidades de las instituciones y los funcionarios públicos; no hacerlo es mantener las condiciones para que la historia de irresponsabilidad, imprevisión e ineficacias se repita.

Tiene razón el secretario de Gobernación cuando afirmó a reporteros hace dos días que no se puede ``predecir matemáticamente la naturaleza'' ni ``contar con la predicción absolutamente integral de la trayectoria y fuerza de los elementos''. Pero ése no es el punto a discusión. El Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) no puede prever los huracanes, menos impedirlos o disminuir su fuerza, pero sí puede y está obligado, pues para eso fue creado, a adoptar las medidas necesarias para disminuir sus efectos desastrosos. Ante el Paulina los encargados de ejecutar las acciones de prevención para poner a salvo a quienes corrían peligro, se paralizaron y mostraron ineficacia completa, además de irresponsabilidad. El costo de esa ineficacia son varios cientos de niños, hombres y mujeres muertos. Esto último minimizado de manera estúpida por Agustín Gasca Pliego, funcionario de Gobernación, encargado del área de Protección Civil, para quien ``125 muertos no es un balance malo en Acapulco''.

Por supuesto que no era suficiente --como sugiere el secretario de Gobernación-- el envío de 29 avisos a las autoridades estatales, por más documentados que estén, dándoles cuenta de la proximidad del meteoro. Era preciso que el secretario técnico del SNPC, en ausencia de quien lo preside, adoptara medidas para, con el auxilio de las autoridades locales y de las fuerzas armadas, organizar el desalojo de los miles de personas que estaban en peligro y llevarlas a sitios seguros, incluso a los hoteles de cuatro o cinco estrellas, como lo hacen en las costas de Florida en situaciones semejantes, aunque esto último es pedir mucho.

Como ahora queda claro, ni siquiera se llamó a la población a desalojar las zonas de riesgo. Raúl García, corresponsal de La Jornada, preguntó a Francisco Farías Fuentes, subsecretario de Desarrollo Político del gobierno de Guerrero: ``¿Por qué no hubo llamados a la población para hacer un desalojo masivo?''. La respuesta fue: ``Para no alarmar a la gente...''. ¿O el SNPC no dio indicaciones precisas a sabiendas de la peligrosidad del meteoro o las autoridades estatales no las atendieron irresponsablemente? Cualquiera que sea la respuesta es evidente que sí hay responsabilidades políticas y morales que deben ser establecidas.

El Presidente dijo en su primera visita a Guerrero que ``Nadie tiene derecho hoy a lucrar políticamente con la tragedia de los acapulqueños y yo no lo voy a permitir''. En verdad son los priístas los únicos que intentan lucrar con el desastre, ésa es su cultura. Así lo prueba la conducta del gobernador de Oaxaca quien excluye, abusivamente, a los ediles de origen perredista de la organización de la ayuda a las víctimas. También se politiza cuando el presidente Zedillo rechazó la intervención en el examen de los problemas a un diputado y a un senador perredistas. Afirmó: ``Yo no admito representantes de nadie'' o cuando, en el mismo contexto, hace una definición política fundamental: ``El único representante de los 93 millones de mexicanos soy yo. No necesito líderes.''