CESAN A FUNCIONARIO DE ACAPULCO POR LUCRAR CON DONATIVOS

Alonso Urrutia, enviado, Acapulco, Gro., 19 de octubre Ť Las denuncias contra la malversación de despensas y materiales que han llegado como donativos obraron hoy su primer efecto: el ayuntamiento cesó a quien era director responsable de Control y Seguimiento de Gestoría del mismo gobierno municipal: Leonor Palma.

El también dirigente priísta de zonas rurales de Acapulco y a quien se le encontró responsable de revender despensas y materiales, así como hacer acopio de la ayuda para la población damnificada y dosificarla, fue cesado de sus funciones como lo determinó en sesión el cabildo en el primer caso sancionado de un funcionario involucrado en este tipo de irregularidades.

Sin embargo, de gira por esta ciudad, el gobernador del estado, Angel Heladio Aguirre Rivero, reconoció que hay más de 30 averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de Justicia del Estado por causas que van desde la malversación de donativos otorgados por algunos líderes, la rapiña y hasta ``el sabotaje'' a algunas medidas de emergencia.

``Fue un hecho criminal'', dijo el mandatario estatal al referirse a la negativa de la empresa Aca Verde, concesionaria de la recolección de basura en la zona turística, a realizar sus funciones, lo que motivó la intervención gubernamental de la empresa responsable ``de despojo''.

Aguirre: cruzan información para detectar ressponsables

Sin embargo, la averiguación sobre los presuntos responsables de la venta de lotes en zonas irregulares y de riesgo que precipitaron las muertes por el paso del huracán Paulina corren otro trámite. Rivero aseguró que se ha comenzado a ``cruzar'' la información de las personas fallecidas con los domicilios donde habitaron, para, a partir de ahí, realizar las indagaciones que lleven a los líderes que vendieron lotes en esas zonas.

Ese es el proceso para fincar responsabilidades, según el gobernador.

-¿Hay denuncias contra el presidente municipal?

-Que yo sepa, no -atajó el gobernador.

Sin embargo el alcalde de Acapulco, Juan Salgado Tenorio, deberá comparecer este viernes ante el Congreso del estado que sesionará de manera extraordinaria para escuchar su versión sobre el desastre. Una versión que no termina de aclarar públicamente por qué no se avisó a la población y por qué no se procedió al desalojo a las zonas de mayor riesgo.

La sesión privada del cabildo no abordó el tema a profundidad, informó el síndico procurador, César Varela, quien por otro lado dijo que sí se acordó solicitar a la Procuraduría General de Justicia del estado profundizar en las investigaciones sobre la venta fraudulenta o irregular de predios por parte de líderes sociales y de partidos políticos, o bien, que hayan alentado invasiones para fincar las responsabilidades que en su caso competan.

La investigación podría involucrar a algunos funcionarios o ex funcionarios del gobierno estatal como parte de sus competencias en el desarrollo urbano y en la regularización de la tenencia de la tierra en zonas de riesgo, admite Varela.

Angel Salgado, regidor perredista, precisó que en los últimos dos años ``las autoridades del estado autorizaron 2 mil predios en el parque El Veladero, conside- rado reserva ecológica''.

Más allá de los pormenores de las investigaciones y la búsqueda de responsables de la urbanización caótica de esta ciudad, la reunión del cabildo también alertó sobre nuevas situaciones críticas. Algunos damnificados que ya han obtenido material de construcción han vuelto a sus lugares de origen para asentarse en las mismas zonas de alto riesgo de las que los expulsó temporalmente Paulina.

``Situación crítica'', aseguran los regidores, porque no se puede volver a tolerar lo que ya provocó tantas desgracias personales, afirma Varela.

Pero los modos para impedirlo aún no se determinan. Eso sí, dice el síndico, primero lo vamos a hacer mediante el diálogo porque en tiempos de contigencia ``tanta necesidad no vamos a entrar primero por la vía de la coacción'', pero advierte que en el último de los casos se aplicará la ley.

-¿Habrá desalojos?

-Se aplicará lo que dice la ley, responde.

Por lo pronto, en medio de las quejas y lamentos de los regidores por la marginación prácticamente total del que ha sido objeto el gobiermo municipal en las acciones de emergencia pese a la escasa información con que cuentan, ya se tiene una primera cifra de los requerimientos de vivienda. Al menos hay 7 mil familias que reclamarán casa, sea porque la hayan perdido en su totalidad, o bien, porque están situadas en una zona de tal riesgo que es imposible dejarlos ahí.

Durante la gira de trabajo del gobernador, Aguirre pormenorizó que ya se han detectado varios centenares de lotes propiedad del gobierno del estado hacia donde se reubicarán a los damnificados.

Para la construcción de estas viviendas se utilizarán recursos federales y locales pues el ayuntamiento de Acapulco no cuenta con dinero. ``Ni con el presupuesto de tres trienios sacaríamos esta situación'', confió el responsable de desarrollo urbano del ayuntamiento, Javier Morales.

Los datos oficiales dan cuenta de una aportación federal de mil millones de pesos, esto es, casi cuatro veces el presupuesto de Acapulco -274 millones-, definido por funcionarios del ayuntamiento como ``miserable'' a pesar de los millones de dólares que entran por este enclave turístico.