Si nos atenemos a los resultados de la última reunión realizada por más de 40 organizaciones ecológicas y de derechos humanos, así como cinco universidades de Tlaxcala y Puebla, nada alentador es el panorama que se vive en ambas entidades en torno a la contaminación y los recursos naturales. Todo indica que los desajustes son cada vez mayores, mientras los programas gubernamentales para remediarlos son fragmentarios no surten los efectos deseados y limitan la posibilidad de obtener el tantas veces prometido desarrollo sustentable. Entre los problemas que más preocupan sobresalen los siguientes:

En Tlaxcala, los 17 rellenos ``sanitarios'' existentes no cumplen con la legislación sobre la materia. Son tiraderos de basura a cielo abierto que afectan la salud de la población y los recursos naturales, especialmente el agua. Igual ocurre en Puebla, donde sus principales ciudades: Tehuacán, Cholula, Teziutlán, San Martín Texmelucan y Atlixco carecen de una estrategia para tratar debidamente el cada vez mayor volumen de desechos provenientes de los hogares, la industria y los servicios. En los tiraderos de Zapotitlán y Tlaxco hasta queman la basura. Cuando la metropolización y la conurbación abarcan ya a las dos entidades, no hay visos de construir rellenos sanitarios intermunicipales e interestatales que reúnan las normas de seguridad.

No menos inquietante es lo que ocurre con los residuos peligrosos generados por la industria, los hospitales y centros de salud, los talleres y los pequeños centros que manejan sustancias tóxicas. Se tiran en sitios inadecuados o se queman, convirtiéndose en bombas de tiempo que estallarán cuando menos se piense. A la par, es mínimo el control oficial sobre las fuentes que producen esos residuos, ignorándose así la legislación vigente. Llama la atención también la enorme cantidad de agroquímicos aplicados en la agricultura. Sólo en Tlaxcala suman 28 mil toneladas al año y algunas fórmulas se encuentran prohibidas en Estados Unidos y otros países. Es virtualmente nulo el esfuerzo por impulsar sistemas biotecnológicos y orgánicos que eviten el uso de dichas sustancias y su nocivo efecto.

No cesa la destrucción de los bosques que todavía quedan en Puebla y Tlaxcala. Los asistentes a la reunión reconocieron que básicamente corre por cuenta de los talamontes, interesados en sacar el mayor provecho en el menor tiempo, dando vía libre a la desertificación. Llama la atención la facilidad con que obtienen de las autoridades permisos para sus aserraderos. A lo anterior se agrega el que en las principales áreas naturales protegidas (Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Malintzin y Taxco) continúe la explotación de la flora y la fauna, el desvío de las corrientes de agua y que en sus barrancas y hondonadas se tire todo tipo de basura.

Como en otras partes del país, en Tlaxcala y Puebla disminuye la disponibilidad de agua y reina su mal uso. Hay sobrexplotación de los mantos acuíferos, en ocasiones por medio de pozos clandestinos. Se carece de un sistema adecuado para extraer, conducir y distribuir el agua en las poblaciones; en la industria hay grandes desperdicios y faltan sistemas de reciclamiento.

En los hogares el mobiliario que utiliza dicho líquido (lavabo, fregadero, regadera, excusado) no está diseñado para ahorrar; las instalaciones hidráulicas mezclan el agua de lluvia con las negras y las de hogar, propiciando la contaminación de los acuíferos y que los ríos y arroyos sean el destino final de numerosas sustancias que deterioran.

En fin, largo es el camino que deben recorrer ambas entidades para lograr un medio menos alterado y elevar la calidad de vida de quienes viven en el campo y los centros urbanos. Con ese propósito, los expertos y los grupos ecologistas de Puebla y Tlaxcala no sólo denuncian lo que pasa sino que plantean soluciones viables a los problemas; reconocen lo que funciona y lo que necesita modificarse, de tal modo que el gobierno y la población, juntos, hagan realidad los compromisos que en el campo del ambiente y la salud tantas veces se ha anunciado. ¿Será posible?