Apelan del fallo contra policías; estaban en otro sector: la defensa

Raúl Llanos Samaniego Ť El titular del juzgado 19, Cleofas Lucas Pérez, dictó auto de formal prisión a tres elementos del extinto grupo Jaguar por el delito de homicidio simple y abuso de autoridad, con lo que está definida ya la situación jurídica de los 25 elementos del Grupo Especial de Disuasión (GED) y Zorros, presuntamente implicados en la ejecución de los seis jóvenes de la colonia Buenos Aires y que están presos en el Reclusorio Oriente.

Luego de las pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como parte acusadora, el juez consideró que existían elementos suficientes para declarar formalmente presos a Esteban Abel Navejos Figueroa, Samuel Cuesta Molina y Ambrosio Cruz Martínez.

La determinación fue apelada ayer mismo por la defensa de los ex integrantes de los jaguares, quienes alegaron que estaban asignados al sector 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en la delegación Gustavo A. Madero, por lo que aquel lunes 8 de septiembre les resultó materialmente imposible llegar a la colonia Buenos Aires y sin embargo se les está inculpando.

Con esa resolución se abre el proceso de presentación de pruebas y testigos ante el juzgado 19, con lo que la defensa o la parte acusadora podrían solicitar la comparencia de altos mandos de la SSP para que expliquen el papel que jugaron antes, durante y después de los hechos que se investigan.

Se apoyará la investigación: Salgado

El general Enrique Salgado Cordero, titular de la SSP, manifestó que no tiene conocimiento de que elementos del desaparecido GED se encuentren prófugos de la ley.

Reiteró que están en la mejor disposición de aportar los elementos que estén de su parte para que la Procuraduría capitalina lleve por ``buen camino'' la investigación.

Dejó en claro que si en las pesquisas resultara inculpado algún mando de la SSP, no estaría dispuesto a que quede impune el ilícito.

Remarcó que dentro de todo el proceso que realiza la PGJDF se investiga si hubo alguna orden determinada de los jefes que haya llevado a la ejecución de los seis adolescentes.

No obstante, precisó que aun cuando la Ley de Seguridad Pública obliga a los uniformados a obedecer las órdenes de sus superiores, éstos pueden desacatarlas cuando se trate de la comisión de algún delito.