Jesús Manuel Macías y Aurelio Fernández
Crear un sistema nacional de protección civil/ III

El enorme desastre derivado del impacto del huracán Paulina debería tener, al menos, consecuencias positivas sobre la organización social y gubernamental frente a los desastres. A la vista hay amenazas de diversa índole que requieren ser enfrentadas a la brevedad y echando mano de todos los recursos disponibles, tanto científicos y tecnológicos como de organización humana. El más relevante es, sin duda, el comportamiento eruptivo del volcán Popocatépetl.

Hay también la certeza --estadística e histórica-- de que otros fenómenos desastrosos, tanto de origen natural como derivados del desarrollo socioeconómico, se presentarán. Sin embargo, hay suficientes y lamentables evidencias, así como análisis de especialistas en el sentido de que el actual Sistema Nacional de Protección Civil no está en condiciones de evitarlos ni de minimizarlos.

Cuando se creó el Sistema referido, en 1986, se determinaron algunas tareas que deberían ir conformándolo. Una de ellas consistió en elaborar los sustentos conceptuales que guiarían los términos de la posterior ``instrumentación''. Los conceptos básicos tomaron definiciones que estrecharían la extensión de la necesaria dimensión científica y operativa que debería tener un sistema de protección civil para un país como el nuestro. Iniciando con el concepto de desastre, el ulterior sistema se limitó a la consideración de desastres de impacto repentino como los sismos, las erupciones volcánicas, los huracanes, etcétera, y desechó otro tipo de desastres de impacto lento, como las sequías, la contaminación ambiental, la deforestación, entre otros. Asumió una forma de interpretar el fenómeno del desastre como un evento desligado de las condicionantes sociales, que son las que lo sustantivan. Introdujo, por ejemplo, las nociones de ``agentes perturbadores'', para no referirse a las amenazas; ``sistema afectable'', para eludir la noción de vulnerabilidad, y atribuyó el papel de ``agente regulador'' a las dependencias de gobierno, contradiciendo lo que sostuvo como uno de sus ``principios'': la participación de la sociedad, que sin duda cuenta para ``regular'' los desastres.

La instrumentación del sistema partió de un modo también limitado de entender la prevención de desastres, pues ha tenido un mayor énfasis en los aspectos de atención de emergencias, desligándose relativamente de las tareas de planificación a diferentes plazos y en diferentes contextos de riesgos. Pero, sobre esto, tal vez lo más significativo del modo de abordar la elaboración de planes para anticiparse a los fenómenos amenazantes ha sido la continuación de eludir la participación de las poblaciones en la elaboración de esos planes, que atañen primerísimamente a las personas amenazadas. Ello puede explicar la inutilidad de los pocos planes realizados para enfrentar contingencias, ya que nunca contaron con el compromiso que da la participación.