Ante el debate en curso sobre las modalidades del diálogo que debe realizarse entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados --y, en general, el Legislativo--, es importante dimensionar el significado y la importancia de que se establezca un canal institucional permanente de comunicación entre el Presidente y los líderes de las fracciones parlamentarias de ambas cámaras.

Cabe señalar que luego del 6 de julio, México ha entrado en un nuevo escenario donde la pluralidad y la apertura son características y condiciones indispensables en la definición de los criterios con que habrá de conducirse al país en materias tan relevantes como la reforma del Estado, la política presupuestaria y fiscal y la consolidación de las prácticas democráticas. El mandato ciudadano de la pasada elección es, en este sentido, muy claro: ningún partido político recibió los votos suficientes para decidir por sí mismo el rumbo de la Nación, por lo que las dos cámaras del Congreso deben recurrir obligadamente al diálogo y a la búsqueda de consensos para sacar adelante el trabajo legislativo de manera armónica y apegada a los intereses nacionales antes que a los de los partidos representados en ellas.

En el caso de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, esta lógica general es igualmente válida, dada la importancia de los asuntos que integran la agenda nacional y la legitimidad electoral desde la cual se han elevado las voces de los legisladores: el diálogo entre poderes debe privilegiar los intereses nacionales sobre los demás y conducirse, en el más alto nivel, con apego a la pluralidad y a las formas republicanas y democráticas.

Ha de mencionarse que si bien es cierto que la ley faculta al secretario de Gobernación para representar al gobierno federal ante los otros poderes de la Unión, la urgencia y relevancia de los asuntos que deberán ser tratados requeriría, más bien, de la participación del Presidente de la República, quien además de ser el jefe del gobierno, es el máximo representante del Estado.

En otro sentido, es claro que para avanzar en la construcción de una comunicación fluida y regular entre poderes, deben limarse las asperezas y apartarse los obstáculos que han impedido hasta ahora la crucial comunicación entre el Presidente y los coordinadores parlamentarios. Para ello, debe situarse este debate no como una disputa partidaria ni como el afán de disminuir la estatura institucional de la figura presidencial o la de la Cámara de Diputados, sino como un paso necesario para la armonía nacional y para conducir las políticas del Estado de forma plural y consensuada.

Por último, cabe hacer un llamado a todos los actores políticos para superar las diferencias que suscitó la pasada contienda electoral y apartar, mediante una relación abierta y respetuosa, los riesgos de una indeseable crisis institucional que podría profundizar, de prolongarse, el presente desencuentro entre la Presidencia y la Cámara de Diputados.