Pablo Gómez
A Los Pinos por Bucareli

El Presidente de la República no conversó con los líderes parlamentarios de la nueva Cámara, a pesar de que eso hubiera sido la actitud obligada de todo jefe de gobierno con los pies en la tierra. Dejó pasar las semanas y los meses sin definir una actitud política ante el novísimo acontecimiento de la pérdida de la mayoría presidencial en el Congreso.

Ahora, Ernesto Zedillo sigue atrapado en la telaraña de temores, contradicciones, titubeos y maniobras que él mismo ha ido tejiendo con la asesoría política de Emilio Chuayffet: se niega a recibir a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, a pesar de que éstos le han solicitado una entrevista.

El conducto oficial ha de ser --sostiene el Presidente-- el secretario de Gobernación, según lo define --se argumenta sin razón-- la ley orgánica de la administración pública. Es decir, un diputado, hoy, está obligado a ir primero a Bucareli si quiere llegar a Los Pinos. Zedillo cree que, de esa manera, defiende a Chuayffet de los ataques de los diputados y de la declaración de éstos en el sentido de que no le tienen confianza a aquél. Pero la inédita condición zedillista, impuesta a los legisladores, obliga, en mayor medida aún, a no otorgar al secretario de Gobernación la menor confianza en el trato de asuntos políticos serios.

Quienes desean conversar con el Presidente de la República son los integrantes del órgano de gobierno interior de la Cámara --coordinadores de todos los grupos-- y el presidente de la mesa directiva --miembro del PRI--, quienes --se supondría-- tienen asuntos que tratar con el jefe del Estado, especialmente lo referente a la agenda legislativa, la reforma institucional del país, la política económica y otros temas de la mayor importancia. Zedillo, sin embargo, no lo considera así, sino que mantiene una actitud de soberbia, es decir, expresa cólera con acciones descompuestas.

Lo que está en juego no es cualquier cosa, sino una conducción demasiado riesgosa de los asuntos políticos nacionales, un afán de escalar un conflicto institucional de impredecibles consecuencias y una utilización irresponsable del poder Ejecutivo.

En los próximos días, posiblemente escucharemos voces que nos dirán que el asunto es un lío personal entre Chuayffet y Muñoz Ledo o Medina Plascencia. Lo cierto, sin embargo, es que ningún asunto de Estado tendría que ser analizado como de carácter personal; menos aún entre políticos profesionales.

El problema es de carácter institucional y expresa una falta de madurez del jefe del Estado y del partido oficial para conducirse frente a sus opositores que han asumido también posiciones de poder nacional. Una parte nada despreciable de las posibles decisiones presidenciales --antes tomadas con mucha libertad-- debe ahora compartirse con dirigentes políticos de otros partidos. No obstante, el Presidente no sabe cómo hacerlo, al contrario de lo proclamado mediante su lema como candidato hace ya más de tres años.

Con su decisión, Ernesto Zedillo pone en peligro un necesario diálogo con la Cámara de Diputados sobre un tema tan delicado como el Presupuesto de Egresos de 1998.

Cualquier Presidente serio en el mundo asume la dirección personal de las negociaciones sobre el gasto público, pero el mexicano supone que será suficiente con que un secretario de Estado --o acaso un subsecretario-- asuma la relación institucional con quienes tienen en sus manos la autorización de los egresos públicos.

Así lo ha expresado campechanamente el secretario del Presidente, por la vía telefónica, al informar a la Cámara que Ernesto Zedillo no conversará, al menos por el momento, con los portavoces parlamentarios.

Si Ernesto Zedillo quiere una crisis política, la logrará de seguro, pues para ello tiene aún el suficiente poder.

El país pagaría las consecuencias.