La Jornada 24 de octubre de 1997

Respetar la ley, instan gobierno y priístas; el bloque: no al burocratismo

La negativa reiterada del presidente Ernesto Zedillo a dialogar en forma directa con los coordinadores parlamentarios de los partidos de oposición en el Congreso de la Unión generó puntos de vista polarizados entre los principales actores políticos del país.

Los voceros del gobierno federal y del partido oficial insistieron en que la oposición debe respetar el sistema ``presidencial, federal y republicano'' y, por tanto, aceptar como interlocutor a Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación.

Líderes de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios contrargumentaron que la definición de una política de Estado que dé rumbo al país exige sensatez en la conducción política, construcción de acuerdos amplios, tolerancia y participación de ambos poderes. Inclusive, recordaron al jefe del Ejecutivo su propia convocatoria, formalizada con la firma de la reforma constitucional de 1996, a establecer un diálogo entre ambos poderes para consensuar el Acuerdo Político Nacional.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara, Arturo Núñez, pidió a PRD, PAN, PT y PVEM que ``dejen de conducirse con caprichos y acaten lo que la ley señala como conductos institucionales (la Secretaría de Gobernación) para llevar las relaciones entre los poderes de la Unión. Así de simple, es mejor que se desberrinchicen''.

Restó importancia a la amenaza de los partidos opositores que este miércoles advirtieron que con o sin el Presidente impulsarán la reforma del Estado. ``Todo lo que implica reformas constitucionales requiere ser aprobado por las dos terceras partes de las cámaras de Diputados y de Senadores... ojalá lo logren'', respondió al bloque opositor.

Entrevistado en la Cámara, negó que, como afirmó la oposición, se haya roto el diálogo con el presidente Zedillo y se esté gestando una nueva crisis. Dijo que la ruptura no existe ni se interrumpen las pláticas, ya que se da por medio de las distintas dependencias del Ejecutivo federal que concurren al trabajo de las comisiones en la Cámara de Diputados. ``Esa afirmación es querer dramatizar el asunto en función del interés de su causa, de querer presionar el no acatamiento de la ley''.

Sin embargo, el vicecoordinador panista en la Cámara, Francisco José Paoli Bolio, estimó que los mexicanos presenciamos un ``cambio magno'' en el país que requiere la participación de ambos titulares de los poderes del Estado, ``no conductos para relaciones administrativas menores''.

Paoli recordó el diálogo al cual convocó Ernesto Zedillo con los líderes de los partidos y legisladores para consensuar el Acuerdo Político Nacional, signado por el propio mandatario como testigo fundamental, en Los Pinos. Esa reforma fue concretada después a nivel constitucional, en 1996, y también estuvo el Presidente; por tanto, ``queremos un esquema de ese tipo, no un tratamiento burocrático''.

Negó que haya algún problema en sostener entrevistas con el secretario de Gobernación, funcionario a quien la oposición desconoció como interlocutor en la Cámara, pero señaló que si el Presidente está pidiendo a los actores políticos el acuerdo de una política de Estado --no de gobierno--, ``que no nos ponga al jefe del gabinete de gobierno, sino que el diálogo lo establezcamos los poderes del Estado''.

Jesús Ortega, secretario general del PRD, precisó que la negativa presidencial a dialogar con los representantes del Legislativo se reduce a una ``interpretación estrecha de la ley'' que no significa una ``ruptura entre el Congreso y el Ejecutivo''.

Consideró que entre ambos poderes se interponen ``obstáculos superficiales'' que frenan el acercamiento abierto, franco y directo. El fondo de la escaramuza política, dijo, tiene que ver con una presunta idea de llevar al diálogo a Emilio Chuayffet.

Para superar este escollo, Felipe Calderón, líder nacional del PAN, propuso convocar al Presidente y a los líderes de los partidos políticos y de las fracciones parlamentarias en el Congreso, a un encuentro que permita retomar el ánimo de consenso que prevalecía hasta antes de octubre de 1996. Desde Guadalajara exhortó a los actores políticos a mostrar voluntad para impedir que se pierdan las vías de diálogo entre ambos poderes.

En ese mismo sentido opinó el líder nacional del Partido del Trabajo (PT), José Narro Céspedes, quien advirtió que el país podría caer en crisis de gobernabilidad si falta voluntad de diálogo en una de las partes de los poderes de la Unión.

Las relaciones entre poderes deben ceñirse a lo que marca la Constitución

En tanto, en círculos gubernamentales se negó que el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, haya presentado su renuncia al presidente Zedillo y que aquél tenga a éste como ``rehén'' para impedir un diálogo directo con el bloque opositor.

Es ``absolutamente falso'', dijo al respecto Alejandro Carrillo Castro, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal, para luego subrayar que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo deben conducirse de acuerdo ``con las disposiciones de la propia Constitución''.

Los mexicanos ``se deben ceñir a las normas que marca la Constitución sobre el sistema presidencial, federal y republicano, así como a la autonomía de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial'', sentenció en entrevista.

En el Senado de la República, el presidente de la Gran Comisión, el priísta Genovevo Figueroa Zamudio, consideró que el secretario de Gobernación es el interlocutor ``natural'' de los integrantes del Congreso de la Unión. Los legisladores deberán tratar con el funcionario todos los asuntos necesarios, en un ámbito de respeto mutuo y con madurez política.

(Oscar Camacho, Ciro Pérez, Roberto Garduño, José Gil, Andrea Becerril, Elizabeth Velasco y Cayetano Frías, corresponsal)