Renuncia el PRD en la ALDF al pretendido aumento a dietas
Humberto Ortiz Moreno Ť Auditorías a todas las unidades administrativas y revisión a fondo del uso de recursos y gastos en la pasada gestión de la Asamblea de Representantes, para eliminar todo vestigio de corrupción y destapar las ``cajas oscuras'' que aún quedan en las finanzas internas, anunció anoche la Comisión de Gobierno de la legislatura capitalina.
En tanto, las fracciones legislativas del PRD, PRI y PAN acordaron desahogar de manera expedita y prioritaria las iniciativas de leyes ``anticorrupción'', especialmente en materia de obra pública y adquisiciones en la capital del país, y también revisar los más de 600 amparos promovidos en contra de los ordenamientos que han emitido las pasadas asambleas.
Apoyada por panistas y priístas, la mayoría perredista perfiló una decisión consensuada para acabar con el rezago en cuanto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el DF, a fin de fincar juicio político a funcionarios y representantes populares que incumplan sus funciones o incurran en actos de corrupción.
Estos pronunciamientos surgieron ayer en dos actos realizados en la ALDF. Por la mañana, durante la instalación de la Comisión de Administración Pública Local, presidida por el panista Fernando Pérez Noriega, y por la noche en rueda de prensa ofrecida por Martí Batres, presidente de la Comisión de Gobierno de ese cuerpo legislativo.
En el segundo acto, la fracción del PRD anunció su renuncia al aumento de 3 mil pesos que recibirían los diputados locales en sus de este año, en una rectificación que será oficializada el lunes y, por tanto, percibirán un salario de poco más de 30 mil pesos mensuales netos.
Batres informó que las fracciones legislativas convinieron en eliminar gastos de representación, partidas secretas, celulares, radiolocalizadores, gasochecks y otras erogaciones extraordinarias que ``acostumbraba la mayoría priísta'' en la pasada ARDF.
Comentó que el PRI aprobaba préstamos de hasta 70 mil pesos o como aportación simplemente para la adquisición de vehículos, sobresueldos de 10 mil pesos, cuando los asambleístas percibían comisiones y otro tipo de emolumentos secretos y discrecionales.
Así, la Comisión de Gobierno determinó acabar con las prácticas priístas de corrupción y realizar auditorías a todas las unidades administrativas donde se presenten problemas, pues hay casos de computadoras sin información ni desglose de gastos, además de que en determinadas áreas prevalecen aún ``cajas oscuras por abrir''.
Sobre el consenso inicial para homologar salarios de los diputados capitalinos con los mexiquenses y federales, Batres comunicó la renuncia de su fracción a ese acuerdo y consideró que ``se trató de una trampa perversa del diputado Oscar Levín Coppel, quien encabeza una campaña en contra del PRD''.
Respuesta
Levín expuso en respuesta que la fracción perredista planea gastar un millón de pesos en el remozamiento del edificio de la ALDF para la toma de posesión de Cuauhtémoc Cárdenas y otros 3 millones adicionales en una fiesta de fin de año a la que invitará a personalidades del extranjero.
Aclaró que no encabeza campaña alguna contra los perredistas y cuestionó el criterio político tan limitado y la inmadurez de Martí Batres porque ni siquiera ha participado en las reuniones de la Comisión de Administración para analizar el tema.
Para el PRD este ``no es un asunto de vida o muerte'', porque hay cosas más importantes en el campo legislativo y en cuanto a la atención ciudadana donde, remarcó, serán concentrados los recursos de la ALDF.
Por su parte, René Arce dijo que hubo consenso en que todos los recursos de apoyo a legisladores sean repartidos proporcional y equitativamente, conforme al factor del número de diputados, y ya no discrecionalmente y a favor de la mayoría ``que antes se quedaba con todo y daba a la minoría lo que quería''.
Sobre la instalación de la Comisión de Administración Pública Local, su presidente, el panista Fernando Pérez Noriega, coincidió con el priísta Octavio West y la perredista Ana Luisa Cárdenas Pérez en la necesidad de abatir rezagos en materia de responsabilidad de servidores públicos y en cuanto a la emisión pronta y expedita de las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones del Distrito Federal, durante este primer periodo ordinario de sesiones.