Niegan el amparo a los vecinos de Cuicuilco; ayer abrió un Sanborns

Patricia Vega Ť Spots radiofónicos y publicidad en algunos diarios capitalinos dieron el anuncio: ``Sanborns abre sus puertas en Cuicuilco''.

Así, desde la mañana del jueves las puertas metálicas que impedían el libre acceso al predio ubicado en Insurgentes sur 3500 dejaron de ser un obstáculo para los visitantes potenciales, sin embargo la entrada es vigilada por personal de seguridad. Sanborns es el primero de los establecimientos del centro comercial Plaza Cuicuilco que empieza a funcionar.

Ignacio Cobo --miembro del Consejo de Administración del Grupo Carso-- no ha respondido a las llamadas de la reportera y aunque los vecinos de la calle de Zapote se declaran ``tomados por sorpresa'', ya por la tarde empezaron a convocar a un nuevo plantón para protestar por la medida.

Niegan suspensión definitiva de las obras

Ese mismo jueves la Asociación Vecinal para la Defensa de Tlalpan, AC, dio a conocer que el juez primero de distrito en materia administrativa, Jean-Claude Torn Petit, ``negó la suspensión definitiva de las obras de destrucción de la zona arqueológica de Cuicuilco'' sustentando su fallo en ``la falta de interés jurídico de los quejosos'' y porque ``se trata de actos consumados'' --los mismos argumentos del apoderado legal de Seguros Inbursa, Carlos Francisco López Córdova--. Sin embargo, el juicio de amaparo aún no termina. Así, los integrantes de la organización consideran que ``la destrucción de la zona arqueológica de Cuicuilco, premeditada y solapada por autoridades administrativas, debe ser objeto de investigación penal y castigo en su caso''.

Es así como los abogados Joaquín Ortega Arenas y Guillermo Hamdam --en representación de la Asociación Vecinal para la Defensa de Tlalpan, AC y de otras personas que firmaron en lo individual (12 en total)-- interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por daños a la zona arqueológica de Cuicuilco, presentados en una relación pormenorizada de 1986 a la fecha.

``Si la justicia federal no puede evitar la destrucción de un patrimonio cultural e histórico de la humanidad, desgraciadamente ubicado en México --señalan los vecinos en un comunicado--, el procurador general de la República está legalmente obligado a hacerlo. Nunca hubiéramos recurrido a la vía penal, a no ser porque nuestra `ciega justicia' no ve lo que debe ver, y pone especial atención en adivinar lo que nunca podrá existir, como es el `interés jurídico' para destruir nuestro pasado histórico.''

De manera paralela, los trabajadores administrativos, técnicos y manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agrupados en la delegación D-III-24/sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordaron durante una asamblea extraordinaria --realizada el pasado miércoles en el auditorio del Museo del Templo Mayor-- exigir a la directora del INAH, María Teresa Franco, la ``delimitación oficial'' de la Zona de Cuicuilco, ya que en la dirección de Registro Arqueológico se maneja una y el Consejo de Arqueología maneja otra; ratificaron que continuarían con la vía de tramitar otro amparo y establecieron una comisión permanente encargada de dar seguimiento al caso.

Asimismo, María de los Angeles Colunga, secretaria de Trabajo y Exterior, señaló que el sindicato acordó denunciar públicamente tanto los actos intimidatorios contra trabajadores que han manifestado su oposición a proyectos como el cuestionado Museo Nacional de los Códices y la campaña de desprestigio contra los integrantes de la Asociación Vecinal para la Defensa de Tlalpan, que se han caracterizado por defender, de manera ejemplar, el patrimonio cultural de los mexicanos.