Las últimas revelaciones en torno al operativo realizado el 8 de septiembre en la colonia Buenos Aires y a la ejecución de seis jóvenes cuyos restos fueron hallados en parajes de Tláhuac y el Ajusco son en extremo graves, ya que, por un lado, comprueban la existencia de cuerpos secretos al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF dedicados a actividades encubiertas y, por el otro, evidencian la cadena de falsedades, mentiras y encubrimientos que las autoridades policiales han introducido en sus afirmaciones y acciones relacionadas con este indignante crimen.

Por añadidura, la existencia de documentos y testimonios, como las declaraciones de los zorros involucrados en esos homicidios, las grabaciones de las comunicaciones del grupo jaguares y las palabras de testigos de los hechos, dejan en claro que los mandos de la SSP no sólo conocieron desde el principio lo sucedido en la colonia Buenos Aires y la comisión de homicidios por parte de sus subordinados, sino que algunos de ellos --los identificados bajo los nombres clave de Sagitario y Jaguar, Jaguar 1, Jaguar 2, Jaguar 3, Jaguar 4, Jaguar 5 y Jaguar 9-- habrían encabezado las operaciones.

A la luz de las revelaciones recientes, las declaraciones formuladas por Salgado Cordero del 8 de septiembre a la fecha --la negación inicial de que miembros de la SSP estuvieran implicados en los hechos, los señalamientos tardíos de que fueron policías descontrolados los responsables, la aprehensión de 26 policías y la disolución del grupo Jaguares-- se muestran, o bien como producto de una casi inconcebible ignorancia sobre lo que ocurre en los cuarteles de la corporación que él mismo encabeza o, peor aún, como mentiras orientadas a encubrir a los verdaderos responsables de estos crímenes y mantener en secreto y en la impunidad la existencia de escuadrones clandestinos en la policía capitalina.

Es inadmisible que un funcionario público, cuyo deber es preservar la seguridad de la población, desconozca actividades delictivas de tal gravedad en las filas de la policía; pero sería mucho más preocupante e indignante si, a sabiendas, hubiera estado solapando y tergiversando la verdad de los crímenes señalados, tanto en sus comparecencias ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como en sus apariciones ante los medios de comunicación. En cualquiera de esas posibilidades, ya sea conscientemente o por negligencia e ineptitud, ha faltado a sus obligaciones ante la sociedad, ha vulnerado la institucionalidad y el estado de derecho y posiblemente se haya colocado al margen de la ley. En este sentido, las autoridades capitalinas, comenzando por el regente, no pueden deslindarse de estos acontecimientos, sino que deben tomar medidas urgentes y eficaces para explicar a cabalidad lo sucedido y castigar a los verdaderos responsables. De no hacerlo, y pronto, ello sería indicativo de que tales autoridades han sido rebasadas por los acontecimientos o por la lógica del crimen desde el poder, lo cual haría necesaria una intervención directa del Presidente de la República.

La descomposición que se observa en los cuerpos policiacos del DF es evidente, como lo es el fracaso de la política de seguridad pública emprendida por el gobierno capitalino. Ya no se trata solamente del descontrol de algunos policías, como se quiso hacer creer hasta antier, sino que los señalamientos y las sospechas apuntan a los altos mandos de la SSP, ya sea por su participación directa en el operativo del 8 de septiembre y en los homicidios de seis jóvenes, o por ocultar la verdad y desviar las investigaciones judiciales.

Ante la gravedad de la situación, es necesaria una depuración inmediata y a fondo en la SSP capitalina, mandos y policías incluidos, la aplicación irrestricta de la ley a quienes resulten responsables de las irregularidades y delitos que se han cometido. De no hacerse así, se pone en riesgo no sólo la seguridad pública en el DF y la erradicación de la impunidad, sino la vigencia de la ley y de las instituciones y la gobernabilidad de la capital de la República en vísperas de la toma de posesión de su gobierno electo.